El timo de la sensibilidad militar

Las recientes declaraciones del Ministro de Defensa sobre el caso de los jesuitas son, en su brevedad, muy reveladoras sobre la realidad de la Fuerza Armada. El Ministro considera que juzgar a los autores intelectuales de la masacre, tal como lo ha solicitado la UCA, es “gastar energías” inútilmente. Es decir, el funcionario no desea que los autores intelectuales rindan cuentas de sus actos criminales. Sin embargo, la comparecencia de uno de ellos ante la justicia española ofrece la posibilidad de hacer justicia, algo sistemáticamente negado por los tribunales salvadoreños. La prensa española e internacional difunde los hechos ocurridos en el Estado Mayor antes de los asesinatos. En concreto, el excoronel y ex viceministro de Defensa ha sido acusado de asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad. La prensa nacional reproduce, con muchas imprecisiones, prueba de su desidia e ignorancia, lo que publica la española. A la justicia española le tiene sin cuidado que este sea “un tema muy sensitivo al interior de la institución armada”, tal como arguye defensivamente el Ministro. En realidad, esta no es más que una amenaza velada.

Otro argumento de este peculiar funcionario del Gobierno del FMLN es que el juicio no vale la pena porque “el pasado no se puede cambiar”. La afirmación es correcta, las ocho personas ejecutadas sumariamente por el Ejército no pueden volver, pero claman justicia. Según la lógica militar, la inmutabilidad del pasado obliga a condonar la masacre. Si ese argumento es válido en los crímenes cometidos durante la guerra de la década de 1980, también, por consistencia, debe ser válido para los de la guerra actual. El Ministro ni siquiera reconoce la existencia de crímenes. Solo acepta la comisión de “errores”. Según esto, los asesinatos de hoy día también serían errores. En realidad, el Ministro de Defensa aboga por la impunidad. El desconocimiento de la responsabilidad individual e institucional en la masacre en la UCA y en otras, y su encubrimiento es total. En el juicio de El Mozote, el Ministro obstruye la justicia al alegar la inexistencia de registros militares para impedir la identificación de los responsables. Paradójicamente, el funcionario hizo estas declaraciones al mismo tiempo que aseguraba, sin escrúpulo alguno, que el Ejército fomenta “valores y virtudes militares” en su personal. No se pueden inculcar valores y virtudes al mismo tiempo que se exige impunidad.

El tercer argumento militar es “la gran cantidad de energía” que se “está gastando en ver el pasado”, en lugar de emplearla en la construcción del futuro. El razonamiento no es nuevo. Otra variante reciente pide utilizar esa energía en aclarar los crímenes actuales, olvidando los del pasado. Esta no es más que una mala excusa para no asumir responsabilidades criminales. Precisamente, las estructuras criminales de la década de 1980 han hecho posible la violencia actual. La sociedad no puede “unirse para construir el futuro y dejar de ver el pasado” tal como quisiera el Ministro, porque existe una deuda pendiente con la verdad y la justicia. La dignidad de las víctimas no ha sido resarcida. Las víctimas de ese pasado quieren saber lo ocurrido y el porqué, y desean justicia, dignidad y paz en sus vidas. Las raíces del futuro se hunden en ese pasado que muchos como él desean olvidar, porque saben que los condena, sobre el cual mienten por vergüenza y que tampoco los deja en paz, aunque no se atreven a reconocerlo. Ellos también quisieran deshacerse de la pesada carga de sus crímenes pasados para encontrar tranquilidad. La verdad y la justicia son el único camino para que las víctimas y los verdugos puedan encontrar la paz.

Mientras llega ese momento, el Ministro de Defensa prestaría un mejor servicio a la institucionalidad si permaneciera callado. Aunque el silencio del Gobierno del FMLN ante sus declaraciones es clamoroso. Las afirmaciones del Ministro ponen en entredicho que la Fuerza Armada sea la institución que mejor ha cumplido los acuerdos de 1992. La institución sigue siendo tan intocable como antes. El FMLN de entonces se empeñó en acabar con la impunidad militar, pero el de ahora es complaciente con los militares. No ha sabido o no se ha atrevido a presentarlos ante el juez ni ha colaborado con la justicia.

Hasta ahora, la justicia nacional se ha replegado ante la sensibilidad militar, esto es, no se ha atrevido a romper con décadas de impunidad institucional. Tal vez por eso el Gobierno de FMLN paga con los impuestos de la población la elevada factura de los abogados que defienden a los antiguos oficiales en los tribunales. Indudablemente, todos ellos tienen derecho a la defensa. Pero eso no significa que esta deba ser pagada por la ciudadanía. Si no disponen de recursos, el defensor público debe asumir su representación. Al hacerse cargo de la defensa de los exoficiales acusados de crímenes terroristas y de lesa humanidad, la institución militar también se vuelve responsable de ellos.