En torno a la corrupción

La corrupción es uno de los detonantes más fuertes de movilización y protesta social. Lo vemos en Guatemala, Honduras y Nicaragua. La gente se harta de los corruptos. Y la razón es evidente. En países donde el 80% de la población está en pobreza o en una situación vulnerable, indigna que los gobernantes o las autoridades, que deberían preocuparse por estabilizar su sociedad, eliminar vulnerabilidades y reducir a cero al menos la pobreza extrema, se aprovechen de sus puestos para enriquecerse. Y los casos son demasiado numerosos como para que la reacción de la gente no se dé. De hecho, la corrupción es uno de los elementos que más destruyen y deforman los sistemas democráticos, porque la democracia solo puede funcionar realmente cuando está basada en la justicia social, la transparencia y la ética. En El Salvador, los abundantes casos de corrupción en instituciones estatales, municipales y privadas a lo largo de los últimos 25 años hacen pensar que el flagelo está demasiado inserto en la cultura. Incluso formas consideradas legales, como la costumbre de la Asamblea Legislativa de regalarse bonos a sí misma, demuestran lo fácil que les resulta a diversos políticos apoderarse de fondos estatales.

En el Compendio de la doctrina social de la Iglesia se dice que la corrupción “compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones”. En nuestro país, aunque se han dado avances, especialmente con la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública y con el restablecimiento de las funciones de la oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, queda mucho camino por andar. Todavía hay demasiadas formas de aprovecharse del puesto tanto en los tres poderes del Estado como en las alcaldías. Y eso es sumamente grave en un país como el nuestro, en el que un poco más del 30% de la población vive en pobreza y casi un 50% se encuentra en situación vulnerable. Enriquecerse o aprovecharse de recursos que debieran estar estrictamente dedicados al desarrollo, especialmente de los más necesitados y vulnerables, resulta del todo intolerable y exige tanto el repudio de la ciudadanía como la búsqueda estatal de combatir e impedir cualquier utilización de los recursos de todos en favor de unos pocos.

La cultura de la corrupción tiene raíces hondas en nuestra historia. Muchos apellidos de millonarios están vinculados, de cerca o de lejos, a políticas corruptas del pasado. Otros han financiado partidos, e incluso escuadrones de la muerte, y lograron favores que multiplicaron su riqueza cuando sus protegidos alcanzaron el poder. Las alianzas autoritarias con los militares para mantener el poder de unas élites corruptas es parte de la historia salvadoreña y ha dejado una huella de permisividad e impunidad en el uso de los recursos públicos. Los esfuerzos por revertir ese camino han sido diversos. La sociedad civil, algunos miembros de la esfera política (incluso de diferente signo) y algunas agencias internacionales han tratado de impulsar o respaldar medidas tendientes a la transparencia. No siempre ha habido coincidencia; con frecuencia, algunas medidas se han debilitado por diferencias ideológicas, afán de proteger a los amigos cercanos o simple tendencia a ver con tranquilidad asuntos oscuros. Todavía hoy estamos dándole vueltas al turbio tema de los sobresueldos de los ministros y funcionarios, sin terminar de reconocer que todo lo que significa falta de transparencia tiene dentro de sí el virus de la corrupción. El clientelismo, la defensa de los amigos, la cerrazón de la empresa privada a reconocer que muchos de sus miembros pertenecen al clan de los corruptos son frenos a los esfuerzos anticorrupción. Pero, sea como sea, los políticos tienen que comenzar a darse cuenta de que cada vez es más difícil mantener la estabilidad política, la seguridad ciudadana y un ritmo adecuado de desarrollo si la corrupción continúa dañando el necesario trabajo en favor del bien común.

* José María Tojeira, director del Idhuca