Enclaves privados contra el bien común: a propósito de Bitcoin City

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española la palabra enclave - proveniente del francés enclave, derivado de enclaver 'contener', 'cercar', 'encerrar', que a su vez procede del latín medieval inclavare 'encerrar' - es un “territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc.”. En algunas ocasiones, puede tratarse de un país independiente “enclavado en otro”, como por ejemplo, el Reino de Lesoto, rodeado en su totalidad por territorio sudafricano. Otro uso de la palabra es para referirse a un espacio físico que por ocupación o cesión pasa al control de actores privados. Un ejemplo clásico es el dominio que la corporación bananera United Fruit Company ejerció durante buena parte del siglo XX en países como Guatemala y Honduras, donde establecía sus propias reglas del juego en materia laboral y contaba con sus propias fuerzas de seguridad (Chapman, 2007).

En El Salvador, una suerte de enclaves privados han sido las zonas francas, presentes desde inicios de los años setenta cuando se creó la de San Bartolo. Terminada la guerra, se convirtió en la gran apuesta de los gobiernos areneros para atraer inversión. La mayoría de estas empresas que ahí operan son “maquilas” que crecieron al amparo de privilegios fiscales y bajos salarios. En 1998 se aprobó la Ley de Zonas Francas de Industrialización y Comercialización, justificada con el pretexto de la inversión privada como motor del crecimiento económico, la inserción de la economía salvadoreña en la globalización y la generación de empleos. Un comentario crítico aparecido en la Revista de Estudios Centroamericanos (ECA), a propósito de la ley, decía: “el aspecto más cuestionable de la maquila es que se basa en grandes concesiones de parte de los gobiernos y sólo aportan empleos que, en su mayor parte, son de baja categoría y mal remunerados” (Romano, 1998). Esta legislación fue reformada en 2015 para “ampliar las actividades de producción y servicios que pueden establecerse y funcionar en una Zona Franca”.

No hay evidencia concluyente de que los privilegios fiscales tengan más beneficios que costos; sin embargo, se han repetido hasta la saciedad sus bondades por distintos gobiernos que le han apostado a este tipo de políticas para atraer inversión. Las anteriores son a todas luces disposiciones que son contrarias a la justicia fiscal y a la redistribución de la riqueza, son medidas que profundizan el carácter fuertemente regresivo de la fiscalidad salvadoreña, donde el Estado carga a quienes menos tienen y favorece a quienes acumulan más capital. En general, en El Salvador la política fiscal ha estado diseñada “como base y garantía para un sistema económico rentista y expoliador” (Icefi, 2015:129).

En 2005, bajo la gestión de Antonio Saca se aprobó la Ley de Turismo, que parecía diseñada a la medida de los grandes empresarios del sector: estipulaba exenciones de impuestos para todas aquellas inversiones arriba de los US$ 50,000 que fueran declaradas por el Ministerio de Turismo como proyectos turísticos de “interés nacional”. En todo el proceso político de formulación de la política de turismo, la influencia del gran capital fue notoria (Miranda Baires, 2006). En la práctica se promueve un turismo invasivo y colonizador que no respeta el medio ambiente ni las lógicas comunitarias.

Un ejemplo emblemático de lo desacertado de esta perspectiva turística es el de una lujosa residencial y country club ubicado en San José Villanueva que, con una inversión inicial de más de treinta millones de dólares, fue declarado de interés “nacional”. ¿En qué radica el interés “nacional” de un proyecto inmobiliario destinado para que personas ricas vivan y jueguen golf? En palabras de la periodista Fátima Peña (2015) “En un municipio en el que el 75% de la población no tiene agua ni para beber hay un campo de golf que tiene agua hasta para regalar. Esta es la historia de cómo el Estado prometió agua para ese y otros dos municipios de La Libertad y terminó priorizando a residenciales de clase media alta”. Otros proyectos designados como de “interés nacional” son ampliaciones en grandes hoteles pertenecientes a familias opulentas. Argumentan la creación de empleos pero no rinden cuentas. Tampoco está claro que estos compensen lo que se deja de invertir en política social, o los impactos medioambientales de la industria turística, cuya regulación es floja.

Durante el gobierno de Salvador Sánchez se quisieron impulsar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) bajo la misma fórmula de privatizar el espacio y colocarlo bajo un régimen desregulado en materia fiscal, laboral y ambiental. Un editorial de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) (2018) dijo en su momento: “el Estado salvadoreño carece de recursos para cubrir las más elementales necesidades de la población, para mejorar los servicios públicos de salud y educación, la reducción de impuestos pone, como mínimo, en duda la conveniencia de un proyecto de esta naturaleza, que tiene su antecedente más inmediato en las zonas francas”. De acuerdo a la UCA, estas operaban como paraísos fiscales y en la práctica pasaban por encima del Código del Trabajo despidiendo personal arbitrariamente y sin indemnización. En este sentido, la universidad advertía que crear las ZEE podía dejar sin efecto “legislación que protege los derechos laborales, defiende los recursos naturales y protege la propiedad de costas y mares”.

La última reedición de esta vieja idea la acaba de proponer el gobierno de las “Nuevas Ideas”. En un patético y costoso espectáculo, el presidente autoritario Nayib Bukele anunció sin previo aviso y de manera vertical y unilateral, como de costumbre, la creación de “Bitcoin City”, un enclave donde los beneficiados no pagarían impuestos: “No tendremos impuesto sobre la renta, para siempre. Sin impuestos sobre las ganancias, cero impuesto sobre la propiedad, ni impuestos sobre las contrataciones, cero impuestos municipales y cero emisiones de CO2” (Gobierno de El Salvador, 2021).

Los privilegiados “inversores” gozarán, en caso de implementarse el contraproducente proyecto, de toda una serie de facilidades e infraestructura financiada con deuda, una complicación adicional para un país con graves problemas fiscales. Aquí vale la pena retomar el viejo concepto de la deuda odiosa: “Muchos países en desarrollo cargan con las deudas incurridas por gobernantes que se endeudaron sin el consentimiento del pueblo y usaron los fondos para reprimirlo, o en beneficio personal. Nos parece que se justificaría un nuevo enfoque para evitar que los dictadores se endeuden, saqueen y traspasen la deuda a la población”. (Kremer y Jayachandran, 2002: 36).

Ya de por sí, la decisión de imponer el bitcoin como moneda de curso legal había tenido lugar de una manera opaca, con un madrugón legislativo al viejo estilo, y cuya implementación está a cargo de una empresa privada que ha recibido una fuerte inyección de dinero público sin mayor control (Alvarado, 2021). Se trata del comportamiento típico de una cleptocracia autoritaria, que acude a una nueva modalidad de la vieja idea de convertir dinero público en privado para beneficio de un puñado de dirigentes políticos y empresarios. Los enormes costos de este enclave privado serán una pesada carga para quienes sí pagan impuestos y constituirán unos grilletes que el país probablemente arrastrará por décadas. Es claro que se trata de un régimen que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas. En otras palabras, es un “Robin Hood al revés”, que roba a los pobres para dar a los ricos.

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Fuentes:

-Alvarado, Jimmy. “Chivo es una empresa privada financiada con fondos públicos”. El Faro, 8 de septiembre de 2021. Disponible en Chivo es una empresa privada financiada con fondos públicos. Consultado el 22 de noviembre de 2011.

-Chapman, P. (2007) Bananas. How the United Fruit Company shaped the world. Nueva York, Canongate.

-Fátima Peña. “Hay un oasis en el desierto de La Libertad” El Faro, 20 de septiembre de 2015. Disponible en Hay un oasis en el desierto de La Libertad. Consultado el 22 de noviembre de 2021.

-Gobierno de El Salvador. “Presidente Nayib Bukele anuncia construcción de “Bitcoin City” en el cierre de Bitcoin Week “Feel The Bit”. Publicado el 20 de noviembre de 2021. En Presidente Nayib Bukele anuncia construcción de “Bitcoin City” en el cierre de Bitcoin Week “Feel The Bit”. Consultado el 22 de noviembre de 2021

-ICEFI (2015). Política fiscal: expresión de poder de las élites centroamericanas. Ciudad de Guatemala, F&G Editores.

-Ley de Turismo, Decreto Legislativo 899, D.O. No. 237, Tomo No. 369, del 20 de diciembre de 2005.

-Ley de Zonas Francas de Industrialización y Comercialización, Decreto Legislativo N° 405, 3 de septiembre de 1998, publicado en el Diario Oficial N° 176, Tomo N° 340.

-Michael Kremer y Seema Jayachandran. Deuda odiosa. Finanzas & Desarrollo / Junio de 2002. Disponible en https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2002/06/pdf/kremer.pdf Consultado el 22 de noviembre de 2021.

-Miranda Baires, D. (2009). El proceso de formulación de la política de turismo en El Salvador durante el período 2004-2009. ECA: Estudios Centroamericanos, 64(721), 309-338. Disponible en Vista del proceso de formulación de la política de turismo en El Salvador durante el período 2004-2009

-Reformas a la Ley de Zonas Francas de Industrialización y Comercialización, Decreto Legislativo N° 206, D.O. N° 236 Tomo N° 409, 22 de diciembre de 2015.

-Romano, Luis. “A propósito de la nueva Ley de Zonas Francas”. Revista ECA No. 599, Septiembre 1998. Disponible en http://www2.uca.edu.sv/publica/eca/599com1.html 

-Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). “Nueva vieja propuesta” [Editorial]. Publicado el 4 de julio de 2018. Disponible en https://noticias.uca.edu.sv/editoriales/nueva-vieja-propuesta. Consultado el 22 de noviembre.

* Danilo Miranda, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 71.