Entendimiento posible, pero difícil

El acercamiento entre el Gobierno y la ANEP es un paso en la dirección correcta, que puede contribuir mucho a reducir el nivel de polarización y avanzar en la superación de los graves desafíos que enfrenta la sociedad salvadoreña. Los primeros encuentros han sido felices y han creado expectativas respecto a un entendimiento. No obstante, cabe preguntarse si esa coincidencia primera resistirá las actitudes de ambos y las diferencias de opinión. Todavía no han discutido ninguno de los temas controvertidos, pero ya están enfrentados por la subida del salario mínimo.

La actitud tradicional de ambos mina el futuro del diálogo. La ANEP está acostumbrada a utilizar su poder económico para imponer su voluntad. No tolera la visión alternativa ni la salida intermedia. Es la suya o no es ninguna. Tiene la convicción de que aquello que es bueno para sus agremiados es necesariamente bueno para la sociedad. La realidad cotidiana de las mayorías muestra la falacia de ese principio. El Gobierno del FMLN tampoco se ha caracterizado por la apertura. Todavía no se ha podido desprender de su tradición militarista, manifiesta en un acendrado autoritarismo, donde prevalece la lealtad a la dirigencia sobre la capacidad, el conocimiento, la experiencia y la ética. Cede cuando no tiene fuerzas para imponer su voluntad, como en el tema de las pensiones o del endeudamiento público, o en las sentencias adversas de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, si cada uno se sienta en la mesa con la idea de sacar adelante su agenda particular, el diálogo está condenado al fracaso.

Esas dificultades solo pueden superarse con una buena dosis de humildad y de patriotismo del sano. El diálogo solo tiene futuro si ambas partes están dispuestas a ceder en puntos aparentemente irrenunciables. No son estos los que deben prevalecer, sino los intereses de la mayoría, que no se encuentra representada en esa mesa de diálogo. Ambas partes deben deponer actitudes e intereses particulares para mirar por el bien de la generalidad, del pueblo salvadoreño. Esa apertura debe llegar hasta el extremo de sacrificar el beneficio inmediato de los agremiados de la ANEP y del FMLN para impulsar el bienestar de la mayoría popular. Mucha visión política y mucha generosidad son necesarias para llegar hasta ese extremo. Pero qué otro sentido podría tener un entendimiento entre el Gobierno y la gran empresa agremiada.

En la discusión debe primar la lógica de las mayorías, porque si a ellas les va bien, también le irá bien a la administración de Sánchez Cerén, que dice servirlas, y a la ANEP, que se declara comprometida con El Salvador. Pero el país no es un ente abstracto, sino su gente. Por lo tanto, el punto de partida debiera ser la consideración objetiva y honesta de la realidad de la mayoría de los salvadoreños. Los estudios debieran ser complementados con el contacto directo con esa realidad. Mucho aprenderían los dirigentes si se acercaran a los sitios donde sobrevive la gente. Si eso es demasiado pedirles, visitas no anunciadas a las escuelas populares y a los hospitales serían muy elocuentes. Una hora en cualquiera de las salas de espera del Seguro Social sería muy iluminadora.

Las dos partes debieran hacer acopio de un mínimo de ética política para no proponer ni aprobar aquello que no proteja ni promueva el interés de la mayoría de la población. Por lo tanto, ambas partes tendrán que hacer a un lado los intereses que representan para asumir los de la generalidad, que no coincide con los de ellos, tal como lo pone de manifiesto la cotidianidad. Por un sentido humano elemental y por ética, debieran proponerse reducir rápida y drásticamente la pobreza y la desigualdad. Solo podrán darse por satisfechas cuando la población ya no considere necesario emigrar.

La ANEP debe enfrentar el desafío de una reforma fiscal global que eleve la carga tributaria a los capitales más grandes. No es suficiente con evitar la evasión, la elusión y el despilfarro. No se trata de recortar el gasto en general, sino solo aquellos gastos superfluos como los de los diputados. Porque es urgente aumentar el presupuesto para educación, salud y protección a los sectores más vulnerables como la infancia y la tercera edad. El Gobierno debe aceptar que sus propuestas políticas no son las más convenientes por el mero hecho de provenir de una cúpula partidaria que reclama lealtad; debe poner el interés de las mayorías por encima del interés —legítimo, por cierto, pero no suficiente— de mantenerse en el poder. Ante la necesidad, priva el bien general sobre el voto. Asimismo, tiene que comenzar a gobernar no solo para el pueblo, sino con el pueblo. No el “acarreado” para sus actos públicos, sino aquel otro, que ni siquiera los agitadores partidarios toman en cuenta, pero que es bastante más numeroso.

Mucho deben trabajar las partes antes de sentarse a la mesa para negociar las medidas para superar la crisis estructural del país. Sin embargo, una posibilidad —no descartable, dados los avatares de la política nacional— es que puedan llegar a un acuerdo que los beneficie exclusivamente a ellos, mientras que el pueblo tendría que sufrir otra vez la miopía de empresarios y gobernantes.