La costumbre de los sobresueldos

Que el tema de los sobresueldos viene de lejos es evidente. Ya hace años, en tiempo de la Democracia Cristiana, un famoso diputado de ese partido le contestaba a otro con estas palabras: “Robar, robamos, pero no matamos como hacen ustedes”. En el Gobierno siguiente, en la presidencia de Cristiani, se pudo ver a un ciudadano, hoy comentarista de televisión, acusando al mandatario de repartir dinero del Estado entre sus colaboradores más cercanos desde un fondo discrecional. La partida secreta funcionó en realidad permanentemente durante demasiados años, a pesar de la crítica ciudadana. Hoy sabemos que la costumbre no se interrumpió, manchando al Gobierno actual. Se trataba de una especie de dinero negro que, teniendo en cuenta los supuestamente exiguos salarios de los funcionarios públicos de alto nivel, servía, entre otras cosas, para compensarles. Porque también este tipo de fondos se utilizaba para pagar a quienes trabajaban en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), sin que haya modo ciudadano de averiguar cuánto se gasta en esa dependencia del Estado creada por ley de la República. Ni los funcionarios beneficiados ni los trabajadores del Organismo pagan impuesto sobre la renta por sus salarios, como hace el resto de los salvadoreños.

Cuando uno habla con funcionarios y políticos, todos reconocen que esta forma de administrar fondos puede crear corrupción. Pero son muy pocos los que se atreven a decir que es una forma realmente corrupta de administrar el dinero público. Porque la tendencia en nuestro país ha sido la de utilizar la corrupción como un arma contra el contrario. Así pasó cuando Arena atacaba al PDC de Duarte, cuando el FMLN llamaba ladrones a los de Arena y cuando ahora Arena llama corruptos a funcionarios del Gobierno actual. Solo se ven los defectos ajenos, aunque en las gestiones propias se repitan las mismas o parecidas mañas y abusos. Porque cuando se trata de los intereses partidarios propios, la corrupción pierde color. Y estas maneras de supuestamente compensar el sacrificio de los abnegados funcionarios se convierten en formas pragmáticas de solucionar problemas. Dar tres, cinco, diez mil dólares no les parece corrupción, sino ayuda a una persona que por su fidelidad se merece un premio. Lo propio se ve de otra manera porque lo que interesa no es tanto superar la corrupción, sino mostrar las corruptelas del contrario. Y en el peor de los casos, terminar diciendo que es posible que haya habido corrupción, pero que el otro, el contrario, fue en su gestión todavía más corrupto.

Ciertamente, no son todos los que actúan de este modo en el campo de la política. Los hay decentes en todos los partidos. Pero son minoría o no se atreven a hablar frente al silencio cómplice de los líderes. Las excepciones son con frecuencia mal vistas, porque entre nosotros parece que hacer política consiste en cerrar filas y embestir ciegamente contra el contrario. Todo ello curioso en un país donde todos sabíamos desde hace muchos años que se pagaban sobresueldos a algunos políticos de mayor confianza o importancia. El crecimiento de las fortunas de los presidentes durante su período de mando lo criticaba todo el mundo en las charlas informales, incluso discutiendo cuál había robado más. Nadie negaba la corrupción existente en conversaciones privadas, pero nadie lo quería denunciar públicamente como mal generalizado, especialmente si se quería tener futuro en un partido. Sin embargo, comienzan a darse voces disonantes que hacen tener un poco más de esperanza. Porque en la medida que esas voces suenen en público, se multipliquen y fuercen a reconocer la realidad, podrá legislarse contra todo tipo de corrupción, y perseguirla con claridad y dureza.

Los sobresueldos son solo una parte. El envío de fondos a paraísos fiscales con el fin de eludir impuestos, los amiguismos, favoritismos y nombramientos en cargos o trabajos públicos de gente no adecuadamente preparada, y otras formas de corrupción deben también investigarse y sancionarse. Pero lo que más refleja una cultura corrupta es la aceptación impasible y tranquila de actos corruptos en la administración pública. En el caso de los sobresueldos, escandaliza la tendencia oficial a pedir que se guarde silencio sobre el beneficio otorgado y, por supuesto, que no se declare la entrada salarial en Hacienda. Los mismos Gobiernos que siempre se han quejado del poco ingreso fiscal y de la estrechez de las finanzas públicas son, al final, los que les recomiendan a los funcionarios que no declaren la cantidad completa de sus emolumentos. Ante una situación tan corrupta y rastrera, es lógico que nuestro arzobispo exija una “política de altura”. Y no solo él, sino una gran proporción de ciudadanos de todos los sectores claman en favor de una erradicación seria de cualquier práctica política corrupta, y de que se persiga toda forma de corrupción escondida en las actividades públicas o privadas. Todos conocemos las prácticas de algunas empresas brasileñas o de algunos políticos europeos, que tanto daño traen a sus países e incluso a otros del exterior. Enfrentar la corrupción, lograr acuerdos plasmados en leyes y en colaboración entre políticos para que esta peste no siga reproduciéndose, es una tarea indeclinable para los salvadoreños que desean el bien y el desarrollo para su país.