La evaluación ciudadana de la actual Asamblea Legislativa

En un ritual de carácter diario, la bancada de Nuevas Ideas repite una y otra vez en sus intervenciones dentro de la Asamblea Legislativa tres cosas: la primera es que son ellos, y únicamente ellos, los que representan al “pueblo salvadoreño” en ese Órgano del Estado. La segunda, que han erradicado todas aquellas prácticas corruptas del pasado; y la tercera, que todas las decisiones que toman y las leyes que aprueban son “correctas” porque incluyen de forma intrínseca el respaldo mayoritario de la población. Sin embargo, está bastante claro que las decisiones de los diputados oficialistas responden principalmente a los designios del Ejecutivo, los cuales se corresponden con la “visión” de país de Bukele.  

A estas alocuciones repetitivas de los diputados oficialistas se les suman las declaraciones de diputados de otros partidos políticos con los que parece han establecido alianzas, aunque estas últimas suelen ser un poco más mesuradas. La evidencia empírica nos indica que la población no necesariamente comparte las ideas que promulga el guion oficialista del Órgano Legislativo. En el último sondeo de opinión pública, realizado en diciembre de 2021, por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA; la población salvadoreña le otorgó una nota promedio de 5.75 a la actual Asamblea Legislativa. Esta calificación es inferior al 6.27 a la registrada en el sondeo de agosto del Iudop.

Pero las valoraciones ciudadanas hacia el Órgano Legislativo no se restringen a la calificación de su trabajo, sino también a la confianza pública y la percepción de corrupción que la población salvadoreña ha tenido la oportunidad de expresar en el más reciente estudio de opinión del Iudop. En lo que respecta a la confianza ciudadana en los diputados de la Asamblea Legislativa, los datos muestran que, al cerrar el año 2021, aproximadamente 58 de cada 100 personas tenían poca o ninguna confianza en los diputados de la Asamblea Legislativa y 57 de cada 100 los percibían algo o muy corruptos.

A esta cuestionada imagen se suman aspectos como la apatía que causan los partidos políticos entre la población. Por ejemplo, el estudio del Iudop muestra que 65 de cada 100 personas señalan no tener ninguna preferencia partidaria. Por su parte, solo 28 de cada 100 afirmó en este estudio de opinión que su partido de preferencia era Nuevas Ideas. En mayo de 2021, seis meses antes, la radiografía era muy diferente: de cada 100 personas,  40 mencionaron no tener preferencia partidaria y 50 de cada 100 sostenían que su partido de preferencia era Nuevas Ideas.

Tampoco se puede negar la existencia de indicios de una percepción de falta de representatividad de la población con respecto a algunas decisiones legislativas. Por ejemplo, la Ley Bitcoin, aprobada la madrugada del 9 de junio de 2021. Esta fue una decisión manifiestamente inconsulta. Ante ello, al cierre del año 2021, 49 de cada 100 salvadoreños sostuvieron que dicha ley debía ser derogada por los diputados.

Es complicado sostener la tesis de que los diputados oficialistas representan a la población cuando esta reprueba su trabajo y les tiene poca confianza. Además, es discutible que hagan alarde del rompimiento de las prácticas corruptas del pasado, cuando la población mayoritariamente los percibe algo o muy corruptos.

La nota promedio que la población otorga a los diputados es 5.76. Sin embargo, para poder comprender mejor la opinión ciudadana acerca de la Asamblea Legislativa es importante hacer un acercamiento a las diferencias existentes entre las ponderaciones que la población le otorga a dicha institución. Menos de un tercio de la población le brinda calificaciones de 8 o más a los diputados; mientras que un poco más, 4 de cada 10, le brinda notas de 5 o menos. El siguiente gráfico ilustra estas ponderaciones.

Gráfico 1. Clasificación de la nota otorgada a los diputados de la Asamblea Legislativa por su trabajo en 2021

A partir de las ponderaciones que otorga cada una de las personas encuestadas a los diputados de la Asamblea Legislativa, se puede apreciar la opinión de la población salvadoreña está lejos de traducirse en un respaldo unánime hacia estos funcionarios, como promulga el oficialismo. Los datos también muestran que hay diferencias muy marcadas en cuanto a la confianza institucional, percepción de corrupción y preferencia partidaria. Entre el grupo de la población que califica a los diputados con notas iguales o superiores a 8 se encuentran, en mayor medida, aquellos que prefieren como partido político a Nuevas Ideas, quienes confían más en los diputados y quienes los perciben como menos corruptos.

 En contraste, en el grupo de la población que reprueba el trabajo de los diputados otorgándole notas iguales o inferiores a 5 se encuentran, en mayor proporción, aquellos que sostienen no tener un partido político de preferencia al momento de realizada la encuesta, quienes confían menos en ellos y quienes los perciben como más corruptos. La tabla a continuación, muestra la distribución de estos resultados.

Tabla 1. Calificación ciudadana al trabajo de la Asamblea Legislativa, según preferencia partidaria, confianza en los diputados y percepción de corrupción de los diputados

A lo largo de tres décadas, el acervo histórico de estudios de opinión pública del Iudop ha puesto de manifiesto una premisa sobre el Órgano Legislativo: es una de las instituciones públicas que tiende a registrar de forma acelerada el deterioro de su imagen debido a la ausencia de correspondencia entre las decisiones legislativas y el clamor ciudadano.

El desgaste que este estudio muestra en la percepción ciudadana sobre los diputados de la actual Asamblea Legislativa es una muestra de lo anterior. Es importante que el pleno legislativo cambie de perspectiva a la hora de legislar y aprobar leyes. La Asamblea debe analizar, reflexionar y estudiar con detenimiento si sus decisiones representan con responsabilidad y sensatez al clamor ciudadano. Lo anterior acarrea la necesidad imperante de que los diputados desistan de ver como enemigos a todo aquel que les critica. Esto implica que deben aprender a dialogar y consensuar con distintos actores (no solo con quienes les rinden pleitesía), deben mostrar independencia de criterio para la toma de decisiones que desencadenan en la aprobación de leyes vinculantes para todos los ciudadanos del país. además, deben dejar de atribuirse condecoraciones que “el pueblo” no les ha dado. De lo contrario, ya saben que es lo que muy probablemente les espera: cargar con el repudio de la mayoría de la población.

* Instituto Universitario de Opinión Pública. Artículo publicado en el boletín Proceso N. 77.