La justicia no debe comprarse

El Salvador es un país interesante. ¿Por qué? La mayor parte de quienes ostentan la riqueza del país evaden impuestos a gran escala, los sueldos que reciben las mayorías empobrecidas son motivo de vergüenza, el sistema de salud (tanto público como el del Seguro Social) es tan deplorable que motiva a no enfermarse, la inseguridad genera un grado de paranoia inimaginable en las personas, el sistema de pensiones (que solo acoge a cerca del 25% de los trabajadores) no funciona y parece que está destinado al fracaso rotundo. Es interesante porque a pesar de estos y otros problemas, hay gente que se esfuerza por hacer el bien.

Al respecto, reluce el caso de una joven que trabaja por hacer el bien. Hace ya algunos días, apareció en redes sociales una campaña que ha llamado la atención. La joven, Wendy Morales, es acusada de un crimen que aparentemente no cometió. Según las publicaciones dadas a conocer en Internet, Wendy es una líder, defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios, artista, habla y enseña náhuatl, graduada de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de El Salvador (con CUM honorífico).

Personas como Wendy se esfuerzan por crear justicia en un mundo injusto, van contracorriente por el simple hecho de que no les gusta la situación actual que vive y sufre la sociedad. En su caso concreto, la joven es acusada de pertenecer a una red de extorsionistas. La ley es clara al decir que todos son inocentes hasta que no se comprueba lo contrario. Pero pareciera que de Wendy se asume que es culpable, o por lo menos las autoridades así lo demuestran al no querer otorgarle libertad condicional a pesar de que sus allegados han llevado infinidad de pruebas de las acciones que ella realiza y apoya con el objetivo de construir justicia.

Con Wendy se ha cometido un atropello. Se le ha negado la implementación de medidas sustitutivas a la detención provisional. Llama la atención este hecho ya que los defensores presentaron pruebas suficientes de que la joven está dispuesta a afrontar el proceso penal. Pero el Juez de Paz de Jocoaitique mandó que la detención provisional continuara durante los cuatro meses que durará la investigación. Cuatro meses en los que Wendy vivirá en bartolinas y sufrirá las condiciones infrahumanas propias de esas celdas. Cuatro meses que con seguridad serán los más largos de su joven vida.

Por contraste, ante el caso que incrimina al empresario Enrique Rais y al ex fiscal general Luis Martínez, a quienes la Fiscalía General de la República acusa de pertenecer a una red de corrupción en la que cometían sobornos, fraudes procesales e incumplimiento de funciones, surgen un par de interrogantes lógicas: ¿por qué a Wendy se le niegan las medidas sustitutivas y a Rais y Martínez los dejan en libertad para que afronten así el proceso judicial contra ellos? ¿Por qué la justicia del país es suave con quien tiene mayor ingreso y aplasta sin misericordia a quien es pobre?

Rais y Martínez tienen los recursos necesarios, y de sobra, para escapar del país y así terminar con un proceso judicial que los ha favorecidos por el simple hecho de no ser pobres. En El Salvador, la justicia tiene un precio, y lo pagan quienes pueden. Y esto se ve reflejado en la decisión de la jueza Évelyn Jiménez, quien decretó libertad bajo fianza para todos los acusados en ese caso concreto, imponiendo una cifra que asciende a 71 mil 500 dólares. Rais tuvo que pagar 20 mil dólares de esa fianza para quedar en libertad. Para todas las personas que no pueden juntar esas sumas o que no tienen contactos en el sistema judicial salvadoreño que les permitan evadir la justicia, existen las bartolinas y las cárceles.

El de Wendy no es el único caso de injusticia. Hay otros. Solo basta recordar el del joven Miguel Ángel Deras, quien fue acusado de participar en la masacre ocurrida en San Juan Opico. Deras pasó en prisión desde el 17 de mayo hasta julio, cuando lo dejaron en libertad al comprobarse que no era el “Slipy de la Santa María”, el pandillero que, según las investigaciones de la Fiscalía, participó en el asesinato de 11 trabajadores la fatídica mañana del 3 de marzo de este año. Un error en el proceso llevó a Deras a bartolinas. Al percatarse de la equivocación, quienes acusaban al joven le pidieron disculpas y lo dejaron en libertad. Atrás quedaron los más de 50 días que pasó privado de libertad, en condiciones de hacinamiento y rodeado de hombres curtidos en el camino de la delincuencia.

El sistema judicial del país debe de ser reestructurado. Esto tiene que pasar a ser un punto urgente en la agenda nacional, para que casos como el de Wendy Morales y el de Miguel Ángel Deras no vuelvan a repetirse; y para que acusaciones como las que afrontan Rais y Martínez no puedan ser manipuladas al antojo de los imputados. El Salvador necesita un sistema judicial que no dé beneficios a quienes mayor riqueza poseen y que aplasta a quienes no pueden pagar “favores”. Solo si se logra terminar con la corrupción en el sistema judicial se podrá hablar de justicia.