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El temor a ser blanco de hechos delincuenciales es un sentimiento cotidiano para muchos salvadoreños. Una muestra de ello es que, según la encuesta de evaluación de año realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) a finales de 2021, el 38.5% de la población adulta del país se siente insegura en el lugar donde vive, frente a la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo. En un considerable número de casos, el temor a sufrir este tipo de eventos no llega a verse materializado, sin embargo, a lo largo del año 2021, un 8.1% de las personas encuestadas sí tuvo la experiencia directa de haber sido víctima de un delito.
El porcentaje de victimización registrado en este reciente estudio de opinión, aunque puede parecer pequeño, está lejos de serlo, pues se traduce en miles de personas que fueron afectadas por la delincuencia durante el año recién finalizado. Los delitos más frecuentemente reportados por estas víctimas fueron los hurtos, las amenazas, los robos con arma de fuego y las extorsiones o el cobro de “renta''. El hecho de haber sido víctima de delitos como estos acarrea, evidentemente, un impacto material y psicológico para quien enfrenta esta experiencia. Pero, además, los datos recogidos en el sondeo del Iudop permiten afirmar que quienes han sido víctimas tienen una percepción sobre varios aspectos de la seguridad en el país que es muy distinta a la de quienes no han sido afectados por este tipo de hechos.
Un claro ejemplo de esto es que, entre aquellas personas que no han sufrido victimización directa, el 42.2% aseguró que la delincuencia en el país había disminuido durante el 2021, el 37.3% dijo que esta había seguido igual y un 20.5% indicó que la delincuencia había aumentado. En cambio, quienes sí fueron víctimas de hechos delictivos evalúan este aspecto de forma muy diferente: en el grupo de quienes fueron victimizados, solamente el 17.1% dijo que la delincuencia había disminuido, un 39% afirmó que había seguido igual y la proporción más numerosa de ellos, que fue de 43.8%, opinó que la delincuencia había aumentado en 2021.
La discrepancia en la forma en cómo opinan sobre la seguridad quienes sí han sido víctimas de hechos delincuenciales y quienes no lo han sido es incluso más marcada en lo concerniente a la efectividad del despliegue militar para reducir la delincuencia y a los logros del Plan Control Territorial para recuperar los territorios asediados por pandillas. Los datos graficados a continuación muestran este contraste.
Las diferencias que existen entre las posturas de estos dos grupos son innegables: de las personas que no han sido victimizadas, la gran mayoría (61.4%) opina que el despliegue de soldados ha reducido el crimen en el país en algo o en mucho. No obstante, entre quienes sí fueron víctimas, la mayoría (62.9%) sostiene lo contrario: que el despliegue militar ha reducido en poco o en nada la actividad criminal.
Este contraste también es muy evidente en lo referido a las opiniones sobre el Plan Control Territorial: de los ciudadanos que no fueron víctimas de hechos delictivos, 6 de cada 10 afirmaron que esta política de seguridad ha logrado recuperar en algo o en mucho los territorios controlados por pandillas. Por el contrario, en el grupo que sí sufrió victimización directa, más del 70% considera que el Plan Control Territorial ha recuperado en poco o en nada dichos territorios.
En suma, el análisis demuestra que la valoración de la situación delincuencial, y de algunas medidas gubernamentales dirigidas a enfrentarla, suele ser más favorable entre aquellos ciudadanos que no han estado directamente expuestos a un hecho que vulnere su seguridad. Sin embargo, para evaluar cualquier avance en la reducción de la delincuencia, es indispensable dar primacía a la percepción del país que tienen las y los salvadoreños que sí están siendo directamente afectados por la delincuencia, pues los riesgos vinculados a la inseguridad no inquietan a la población de manera equitativa, y las víctimas del crimen en el país son el grupo que continúa sufriendo su impacto en carne propia.
* Instituto Universitario de Opinión Pública. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 74.
