Reparación por unos dólares

El Gobierno se dispone a reparar con unos cuantos dólares a las víctimas de violaciones a derechos humanos durante la guerra. El decreto ejecutivo presupone que la verdad y la justicia pueden ser satisfechas con dinero —poco, por cierto—. En efecto, se ofrece a las víctimas entre quince y veinte dólares de indemnización, según su situación personal y familiar; y acceso a programas de agricultura familiar, incluida la entrega de insumos, y a los servicios públicos de salud. Otra serie de disposiciones se ocupa de la memoria histórica (registro de monumentos relevantes, publicación del informe de la Comisión de la Verdad, estudios de memoria, programas de radio y televisión, actividades curriculares y extracurriculares, y el día dedicado a las víctimas).

Asimismo, el Gobierno declara que “procurará la realización de procesos de reconocimiento de responsabilidad y pedidos de perdón”. Esta no es una disposición destacada, sino una más entre otras. El Gobierno tampoco se compromete, puesto que solo “procurará”. Ni siquiera se atreve a hablar de justicia. Simultáneamente, ofrece promover la búsqueda de los desaparecidos, suscribir los tratados internacionales de derechos humanos que El Salvador aún no ha reconocido e incluir el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la carrera militar.

El hambre y la necesidad puede que impulsen a algunos a aceptar el decreto como auténtica reparación. Pero no hay que apresurarse. Todas las ofertas gubernamentales —en particular, la indemnización, el paquete agrícola y la salud— dependen de la disponibilidad de fondos. Dada la crónica escasez de estos, es poco probable que los ofrecimientos se concreten. Además, la vigencia de las disposiciones no está garantizada, porque, al tratarse de un decreto ejecutivo, nada obliga más allá de la buena voluntad del Gobierno de turno. Prueba de ello son los verbos utilizados por el decreto: “promover”, “impulsar”, “implementar” y “procurar”; o sea, el Gobierno no adquiere ningún compromiso. Además, sorprende que, dada la experiencia, todavía no haya incluido el tema de los derechos humanos en la carrera militar. De todas formas, vale más tarde que nunca.

Irónicamente, los veteranos de guerra en su conjunto, es decir, los victimarios de ambas partes, aunque más del lado del Ejército que de los antiguos guerrilleros, gozan de más beneficios que los que el Gobierno ofrece, tardíamente, a las víctimas. Los veteranos están protegidos por una ley. Por tanto, no están a merced de la buena voluntad del Presidente de turno. Los beneficios concedidos no dependen de la disponibilidad de fondos, sino que constituyen una obligación contraída por el Estado. Prueba de ello es el verbo utilizado. En efecto, los veteranos “tienen derecho” a los beneficios concedidos. Este contraste coloca al Estado salvadoreño del lado del victimario, al cual favorece con beneficios y protege con la impunidad. En cambio, desconoce abiertamente los derechos de las víctimas.

La verdad y la justicia debieran constituir la prioridad de la reparación. Y a partir de ella, como una consecuencia, las disposiciones respecto a las víctimas, las cuales no son opcionales, sino obligatorias. El decreto ejecutivo es un insulto a las víctimas. Ninguno de los beneficios ofrecidos puede obviar el derecho a la verdad y la justicia. Sin ellas, no hay reparación posible. El Gobierno huye hacia adelante con este decreto para escabullir el fundamento de la reparación: la verdad y la justicia. El decreto ejecutivo se encuentra en la misma línea que la Corte Suprema de Justicia, que niega la extradición de los exmilitares acusados de la masacre en la UCA, pero al mismo tiempo reconoce que los mandos superiores del Ejército son responsables de ese crimen y de otras graves violaciones a los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño.

Es vergonzoso que un Gobierno del FMLN esté al servicio de la impunidad, en continuidad con los de Arena. Difícilmente se puede caer más bajo. En su intento por proteger a sus altos funcionarios y a los líderes del partido, el Gobierno también garantiza la impunidad a los otros victimarios y da la espalda a sus víctimas. Pareciera que el Estado salvadoreño es incapaz de ofrecer e impartir justicia. Los procesos judiciales recién abiertos deben tomarse con cautela. El intempestivo celo por la justicia de la Fiscalía no es universal. Si no, por qué no utiliza el mismo fervor para perseguir a los responsables de los crímenes investigados por la Comisión de la verdad. Si lo pide, Naciones Unidas le facilitará con toda seguridad la documentación utilizada por la Comisión para fundamentar esos casos.