Rito democrático vacío

El discurso presidencial del 1 de junio muestra un Gobierno sin capacidad para la autocrítica. Tampoco se ha mostrado abierto a la crítica de otros. La crítica no es bien recibida, y cuando puede, la suprime. En realidad, ningún Gobierno salvadoreño se ha caracterizado por recibir bien cualquier tipo de señalamiento. Obligar al presidente del poder ejecutivo a presentarse ante la Asamblea Legislativa una vez al año para rendir un informe de su gestión forma parte de los contrapesos democráticos. Pero este solo puede ser eficaz si el mandatario informa y si los legisladores controlan, algo muy necesario para moderar las tendencias presidencialistas, casi autoritarias, de los Gobiernos salvadoreños. Pero el presidente no informa ni los diputados controlan.

El presidente se presenta puntualmente ante la Asamblea no para informar, en sentido estricto, sino para señalar los supuestos éxitos de su gestión. Así, lo que debiera ser un informe se convierte en mera propaganda. El discurso omite los obstáculos encontrados y silencia los fracasos. Ni siquiera se contrastan los resultados con el programa de gobierno. Ningún presidente se ha atrevido a explicar cuánto le queda por hacer ni cuánta inversión necesita, mucho menos a exponer sus fiascos y decepciones. Según el discurso, el Gobierno está fuera del alcance de toda tacha. En cualquier caso, la información que proporciona es parcial y muy sesgada. Ciertamente, el discurso no se refiere, ni pretende hacerlo, a la situación real del país.

Esta clase de “informe”, así como el que dará en su momento cada ministro, está fuera de lugar y probablemente viola la Constitución —al menos su espíritu—, porque los datos que se presentan son incompletos, solo se incluye lo que interesa al funcionario de turno y no interesa mostrar la verdadera realidad del país. Las comparecencias ministeriales no son más que oportunidades para exaltar la gestión gubernamental de turno y, de paso, al presidente y a su partido.

Los diputados, los destinatarios primarios del informe, adoptan una asombrosa actitud pasiva. No preguntan, no piden más información o una aclaración. Quizás tampoco saben qué preguntar o no tienen interés en hacerlo, porque su reacción ya está predeterminada por la militancia partidaria. Así, la oposición no contribuye a esclarecer la situación del país. Invariablemente es negativa: lo que el Gobierno afirma, ella lo niega. Pero incluso esa negación tiene lugar fuera del ámbito legislativo. En efecto, la oposición acude presta al ámbito mediático para contradecir punto por punto al presidente de turno. Por lo tanto, para ella la respuesta también es propaganda política. En realidad, no está interesada en que el poder ejecutivo satisfaga las necesidades populares, porque ese es material aprovechable para la siguiente campaña electoral.

La oposición que hoy crítica acerbamente el discurso presidencial procedió de idéntica manera cuando estuvo en el poder ejecutivo. Los políticos son interesadamente desmemoriados. Olvidan con sorprendente facilidad lo que han dicho y hecho no hace mucho. Ejemplo claro de ello es la diputada que exige consultar al pueblo antes de reformar las pensiones. Sin embargo, el Gobierno de su partido no lo hizo cuando las privatizó ni tampoco cuando dolarizó. La prensa nacional contribuye a este círculo vicioso con su pasividad y su desidia.

Así, pues, se podría prescindir de esos actos protocolarios, que no aportan para enderezar el rumbo del país ni fortalecen la institucionalidad democrática. Este es un rubro que podría suprimirse del presupuesto nacional sin mayores consecuencias. El acto popular añadido este año tampoco es muy democrático, porque el discurso presidencial se empobreció todavía más al pasar de la formalidad ejecutiva a la consigna callejera y porque el público no eran más que empleados públicos acarreados. Tal vez algunos hayan acudido de buena gana para agradecer al empleador que les da trabajo. Forzar a los consumidores de los medios a escuchar el discurso por la noche tampoco es muy democrático. Al contrario, es una imposición autoritaria, porque pretende obligar a escuchar algo que no interesa, ya que si interesara, la coacción sería innecesaria.

El gran ausente en los discursos anuales es el sufrimiento de la gente. Hacerlo presente sería muy conveniente no solo porque la vida de la mayor parte de los salvadoreños está jalonada por las penas, sino también porque una mínima sensibilidad ante tanto dolor puede contribuir a buscar formas de aliviar esa pesada carga. La población no desea escuchar el canto al país imaginado por los políticos, sino saber cómo podrá sobrevivir mañana. El día en que el sufrimiento del pueblo salvadoreño ocupe el centro del discurso presidencial, el informe adquirirá realidad y las soluciones no podrán evadirse tan fácilmente. El sufrimiento de la gente es muy difícil de manipular para los propagandistas políticos.