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Ante la afirmación de un supuesto conflicto jurisdiccional entre la Sala de lo Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionado con la tarea de la Asamblea Legislativa de elaborar una ley de reconciliación, consideramos que es fundamental no perder de vista los tres momentos clave de este proceso.
En primer lugar, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa dictar “una regulación complementaria para una genuina transición democrática hacia la paz, que respete la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas [del conflicto armado]”. Dos años después, en la segunda audiencia de seguimiento, la Sala agregó que esta normativa debe emitirse a más tardar el 13 de julio de 2019. Debido al próximo vencimiento de ese plazo, los demandantes han solicitado ampliación del mismo, para garantizar un adecuado proceso de consulta, elaboración, discusión y aprobación.
En segundo lugar, para contribuir con tal obligación parlamentaria, el 21 de mayo de este año, un grupo de comités de víctimas y organizaciones de derechos humanos, con la iniciativa del diputado Juan José Martell, presentaron ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado, el cual fue enviado a la Comisión Política. Este proyecto, tal como se expresa en la pieza de correspondencia respectiva, fue el resultado de una “labor de consulta, participación y validación entre las víctimas del conflicto armado, y sus familiares, a nivel territorial […]. Esto es, una propuesta formulada bajo un enfoque ético-técnico: una ley que surge desde las víctimas y es para ellas, y que respeta plenamente los estándares constitucionales e internacionales de justicia transicional”.
En tercer lugar, el 23 de mayo pasado, la Comisión Política recibió de una subcomisión creada para tal efecto otro anteproyecto de ley denominado Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Este anteproyecto se elaboró a través de un proceso secreto, sin transparencia ni participación social efectiva. En razón de ello, el 28 de mayo, el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Versus El Salvador, adoptó una resolución de medidas urgentes y supervisión de cumplimiento de sentencia, en la que requirió al Estado salvadoreño que “suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ‘Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional’”.
Si bien la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dirigida a suspender la aprobación del anteproyecto de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, puesto que su contenido no es acorde a la jurisprudencia del tribunal regional, ello no constituye un impedimento para que la Asamblea Legislativa continúe en la preparación de una normativa que respete los parámetros de la sentencia de la Sala de la Constitucional, inspirada esencialmente en la jurisprudencia de la Corte. Para tal efecto, recomendamos que se analice el anteproyecto presentado por el diputado Juan José Martell.
Asimismo, la Asamblea Legislativa debe iniciar un sincero, transparente y adecuado proceso de consulta a nivel nacional, con el fin de cumplir con lo dispuesto por las sentencias de la Sala y de la Corte, en especial que tome en cuenta a las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Por su parte, a la brevedad posible y antes del 13 de julio, la Sala de lo Constitucional debe convocar a una audiencia de seguimiento para valorar los avances alcanzados hasta el momento y decidir la ampliación del plazo para obtener una ley que responda a los deberes estatales de investigar, conocer la verdad, sancionar y reparar integralmente los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas.
