Sobre la ley de pensiones

El debate sobre la ley de pensiones no termina. Y lo que es peor, no termina en solución. Hasta el momento, tenemos una ley débil que excluye a la mayoría de la población del derecho a la pensión de ancianidad. En ese sentido, una reforma que apunte a un sistema inclusivo y que favorezca a los trabajadores salvadoreños parece un acto de justicia. Sin embargo, se alega que se dañará a los que están ahorrando en las administradoras de pensiones. Algunos periódicos afirman incluso que se le robará los ahorros a la ciudadanía, llamándole a la reforma “el robo del siglo”. Pero nada se nos dijo del robo del siglo cuando se privatizaron los bancos o cuando se descubren, a través de los Papeles de Panamá, maneras de evadir impuestos de algunos de nuestros millonarios. Sea como sea, si con la reforma se dañara derechos adquiridos, sería cuestión de cambiar los artículos que ofrezcan esa posibilidad, no de oponerse radicalmente a la modificación, que parece necesaria desde principios de justicia.

Al leer el documento de la reforma a la ley, saltan vacíos y quedan dudas. Por supuesto, el derecho a pensión debe ser universal. Las amas de casa deben ser incluidas, pues, aunque no ganen salario, sí trabajan y le ahorran al país una enorme cantidad de dinero. Por otra parte, no queda claro cómo se le dará cobertura a los campesinos y otros trabajadores autónomos. Se exige que la aportación de los trabajadores independientes no sea “inferior al salario mínimo mensual del sector comercio y servicios”. Con el sistema injusto y discriminatorio de salario mínimo que tenemos, esa condición no parece atinada. Los aportes al fondo de pensiones resultan también escasos. Un 11% o 12% del salario repartido entre el asalariado y el empleador es bajo y no contribuye a proveer una pensión digna universal. Además, mucha gente no alcanza a trabajar de un modo formal los 25 años exigidos; casi el 50% de la población económicamente activa está en la informalidad. La inclusión de estos trabajadores y los de empleos temporales no está bien garantizada en la reforma.

Tampoco se encuentra una garantía de que la proporción entre la pensión y el salario será decente. Una norma que dijera que la pensión debe equivaler al menos al 50% del promedio salarial de los últimos 5 años trabajados establecería un mínimo de dignidad. Así mismo, a los que no alcancen a cotizar los 25 años debería dárseles una pensión calculada sobre el trabajo realizado y que no fuese menor al 80% del salario mínimo vigente en el momento de retirarse. La reforma tampoco toca la edad de jubilación. Hoy en día, no se justifica una jubilación a los 55 años para la mujer y a los 60 para el hombre. Esos años no solo responden a épocas pasadas (en las cuales la esperanza de vida era menor), sino que difícilmente aseguran la rentabilidad de las pensiones. Una misma edad de jubilación para hombres y mujeres sería lo más conveniente.

Apuntar a los 65 años, haciendo excepciones para las ocupaciones peligrosas o que exigen mayor esfuerzo físico (pescadores, obreros de la construcción, etc.), sería hoy lo normal. Incluso en algunas profesiones se podría seguir laborando, si el trabajador lo desea y permanece apto, hasta los 70 años. Si les permitimos a políticos, magistrados y otros funcionarios permanecer activos a esa edad, no hay razón para que otros no puedan hacerlo. No vale decir que la expectativa de vida al nacer en El Salvador es de 72 años. Aunque eso es cierto, también lo es que la expectativa de vida de quienes tienen entre 40 y 50 años alcanza una cifra superior (probablemente ronda los 80). La expectativa de vida al nacer, por ser un promedio que incluye a los niños que mueren en los primeros años, es menor que la de las personas que han llegado a la madurez.

Siempre se puede defender este tipo de sistemas excluyentes diciendo que somos un país con pocos recursos, que tiene que dar lo que se pueda a quienes se pueda. Y sobre todo buscar la legitimidad de los intereses individuales de quienes están en el mundo de la inclusión olvidando los derechos de los excluidos. Un sistema así solo genera violencia. La reciente carta pastoral del arzobispo de San Salvador insiste, con toda razón, en que la exclusión es una de las causas de la violencia. La propaganda de los millonarios y de quienes aspiran a ser como ellos insiste en que hay que ir poco a poco. Eso muchas veces acaba significando que se mantienen los sistemas de desigualdad y explotación. Evidentemente, quienes insisten en esas posturas o defienden las normas que mantienen la exclusión en El Salvador son generalmente los que se benefician con la desigualdad. De todas maneras, si se quiere avanzar, no puede perjudicarse los derechos ya adquiridos por los ciudadanos. A quienes están en las AFP se les debe garantizar que sus derechos no disminuirán con la reforma. Y esto debe aclarase con transparencia y con los suficientes datos como para dejar sin armas a quienes insisten en lo del “robo del siglo”.

Es evidente que una reforma de la ley de pensiones debería ir acompañada de una reforma de la ley del Seguro Social y de otras leyes, como la que garantiza el acceso a la vivienda popular o la del salario mínimo, que son discriminadoras y, por tanto, injustas. Arreglar a medias una de las normativas que tocan derechos universales o instituciones públicas no garantiza soluciones. La misma legislación impositiva debería ser revisada a fondo, buscando un acuerdo que suba los ingresos del Gobierno y los oriente a la inversión en la gente. El impuesto predial, entre otros, tiene que entrar pronto a formar parte de la fiscalidad. Los derechos ciudadanos están conectados siempre con la solidaridad y esta con la institucionalidad incluyente. Se puede avanzar poco a poco. Pero eso no da resultado si no hay un pensamiento sobre la totalidad que lleve, aunque sea por pasos, a una mayor justicia y a una inversión en la gente muy superior a la actual.