Verdad, justicia, reparación y perdón

En aquellos tiempos duros de la guerra civil, el mismo día de la masacre en la UCA, los jesuitas dijimos que queríamos justicia, no venganza. Pocos meses después, con el juicio iniciado contra los autores materiales del crimen, el P. Francisco Estrada, recién nombrado rector de la Universidad, decía que deseábamos “Verdad, justicia y perdón”. Ese lema, mantenido durante el aproximadamente año y medio que duró el juicio (hasta el veredicto del jurado), lo adoptamos muchos para todos los crímenes de El Salvador. En base a ese lema pedimos el indulto para el coronel Benavides y para el teniente Mendoza, porque creíamos que en su caso se había hecho verdad y justicia, y llegaba la hora del perdón. Incluso con los soldados absueltos, que habían pasado detenidos año y medio, nos parecía que se había hecho verdad en la posición del juez Zamora en la vista pública. Aunque el jurado de un modo inexplicable optó por declararlos inocentes, dijimos que contra ellos no seguiríamos ningún proceso, porque al menos se había hecho verdad.

Posteriormente añadimos un matiz importante: manteniendo el afán de verdad, agregamos “reparación” entre las palabras “justicia” y “perdón”. Si bien a los mártires jesuitas y, en grado mayor, a monseñor Romero el pueblo salvadoreño, grandemente representado, les había aportado elementos impresionantes de reparación con su afecto y solidaridad, quedaban demasiadas víctimas olvidadas e incluso negadas, a las que el Estado debía darles la debida reparación, sin olvidar la justicia y los demás elementos mencionados. Tutela Legal del Arzobispado, con María Julia Hernández y con monseñor Rivera, jugó en este campo un papel fundamental, recordándonos las masacres y actualizándolas en la memoria y en la sed de verdad, justicia y reparación, para poder optar desde ahí a una verdadera reconciliación, que siempre se manifiesta a través del perdón.

Este ideal, que debe mover inteligencia y corazones después de toda guerra civil —y de la nuestra en particular—, quedó así formulado someramente con las cuatro palabras clave: “Verdad, justicia, reparación y perdón”. Impedido por la ley de amnistía de 1993, este ideal quedó solamente en el discurso de quienes nos oponíamos a dicha ley y confiábamos en un proceso que recogiera los cuatro elementos. A mediados de la década iniciada en 1990, después del triunfo electoral de Nelson Mandela en Sudáfrica (1994), se abrió para muchos de nosotros el modelo de la justicia transicional. La UCA comenzó unos años después un proceso de justicia restaurativa en el que jueces internacionales escuchan a víctimas de diversos y graves abusos, y de violaciones a derechos humanos. A quienes acudimos a estos juicios nos impresionó siempre la capacidad de perdón de muchas víctimas, que ponían como única condición para la reconciliación el establecer una especie de diálogo con los victimarios y el subsiguiente reconocimiento y petición de perdón de parte de los que podríamos llamar verdugos. Hoy, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía abre el camino hacia una ley de reconciliación que contemple los cuatro elementos mencionados.

Lamentablemente, hemos perdido tiempo en las discusiones sobre la extradición de los exmiembros del Ejército capturados en virtud de la difusión roja de Interpol. Lo cierto es que continúan vivos muchos de los que participaron en graves violaciones a derechos humanos, tipificadas muchas de ellas como delitos de lesa humanidad en el pensamiento jurídico internacional. Y quedan demasiadas víctimas del conflicto que esperan todavía verdad, justicia y reparación. Si algo urge hoy es avanzar hacia una reconciliación que quedó profundamente interrumpida por la ley de amnistía. Para ello urge trabajar una ley de reconciliación referida exclusivamente a los delitos cometidos durante la guerra civil; una ley que facilite el acceso a la verdad, que determine la creación de una forma temporal y especial de justicia, que disponga formas de reparación para las víctimas y que facilite formas de indulto a los acusados que, comprobados sus delitos, colaboren con la verdad, contribuyan de alguna manera a la reparación y soliciten el perdón a las víctimas.

La Sala de lo Constitucional, en su espléndida sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, recomienda a la Asamblea Legislativa que trabaje el tema de la justicia transicional. También ha mandado a la Fuerza Armada que abra sus archivos ante los reclamos que puedan venir. Hasta el momento, un mes después, no parece que se haya hecho gran cosa. La ciudadanía ha reclamado hace pocos días la reapertura del caso de El Mozote en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera. Es un buen paso. Pero es necesario crear las condiciones para que el proceso de verdad, justicia y reparación camine y se llegue de ese modo a la ansiada reconciliación en El Salvador. Escuchar a las víctimas es lo primero, pues sin ellas no se puede crear un verdadero proceso de reconciliación. Pero el Estado tiene también que poner su parte e impulsar los mecanismos adecuados para que el proceso camine hacia lo que se desea: paz con justicia y fraternidad con reconocimiento de la verdad, que construyan puentes que conduzcan hacia una sociedad reconciliada.