Viceministro y su candidatura, frente a la Constitución

La discusión legal acerca de las elecciones internas de los partidos políticos se ha centrado, por ahora, en la futura inscripción de las candidaturas parlamentarias y el alcance de las incompatibilidades constitucionales que involucra a los Ministros y Viceministros de Estado. La participación de José Luis Merino, Viceministro de Inversión Extranjera, en las elecciones internas del FMLN para ganar un puesto entre los precandidatos a diputados, ha provocado ciertas dudas, porque se ha interpretado que tal situación podría reñir con una de las incompatibilidades señaladas en el artículo 127 Cn. Sin embargo, este cuestionamiento habría sido el resultado de una lectura incompleta del referido artículo. Si bien en su numeral 1 se dispone textualmente que no podrán ser candidatos a diputado, entre otros, los Viceministros, en su último párrafo se estipula -también textualmente- que esta incompatibilidad solo alcanza a quien, para el caso, haya sido Viceministro “dentro de los 3 meses anteriores a la elección”. Si las elecciones parlamentarias serán el 4 de marzo de 2018, el Viceministro habrá de separarse de su cargo el 3 de diciembre de 2017, a más tardar.

A partir de esta situación se puede reflexionar lo siguiente: en estas elecciones internas se seleccionarán a las personas que habrán de entenderse como precandidatas, es decir, las personas habilitadas para ejercer su derecho político al sufragio pasivo, a ser electas por el cuerpo electoral, pero solo si formalizan su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE); momento en el cual aparentemente se activaría la incompatibilidad antes indicada, en el plazo mencionado. Sin embargo, este escenario puede ser complejo si lo analizamos superando la simple literalidad, introduciendo elementos de la ética pública y observando el plazo de inscripción de candidaturas.

¿La intención del constituyente habrá sido evitar que la Administración Pública sea usada como trampolín, por parte de un miembro del Gabinete de Gobierno, para favorecerse electoralmente en su intención de llegar a la Asamblea Legislativa? Pues tal parece que sí, puesto que el plazo constitucional de la propaganda electoral inicia un mes después a la necesaria desvinculación del Gabinete: mientras que el Viceministro tendría que desvincularse del cargo el 3 de diciembre de 2017, la campaña electoral para la Asamblea iniciaría el 3 de enero de 2018. El constituyente parece haber entendido que un mes es el plazo suficiente para que un exfuncionario no utilice la incidencia del cargo para fines electorales.

Por otro lado, el constituyente pensó en este escenario conforme al sistema electoral de su época, pero poco o nada pudo imaginarse el actual: es lógico pensar que la previsión sobre las incompatibilidades alcanzaría hasta las candidaturas parlamentarias y que en nada se habría contemplado las aspiraciones a precandidaturas y las precandidaturas en sí. No obstante, si la intención es evitar el uso de lo gubernamental como plataforma electoral parlamentaria, de cara a las elecciones de 2018, ¿no sería racionalmente aceptable pensar que los funcionarios mencionados en el artículo 127 numeral 1 Cn deberían desvincularse de su cargo antes que se abra el plazo para la inscripción de las candidaturas (5 de octubre de 2017), o incluso antes de celebrar las elecciones internas de los partidos políticos para seleccionar sus precandidaturas (momento que ya transcurrió)?

El sistema electoral ha cambiado, sin duda, ahora se debe esperar que los jugadores (partidos políticos y candidatos/as) y el árbitro (TSE), estén a la altura para garantizar que efectivamente se cumple con lo dispuesto en la Constitución, conforme a los cánones de la ética pública que también es contenido constitucional. Quizá se perdió una oportunidad para ello, pero aún hay otras en que se puede corregir.