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Hace 24 años se aprobó la ley de amnistía. Los victimarios celebraron y martillaron con la afirmación de que la amnistía era la piedra angular sobre la que descansaban los Acuerdos de Paz. Las víctimas y los defensores de derechos humanos reclamaron porque la consideraban ilegal e ilegítima. Hace un año, cuando la Sala de lo Constitucional les dio la razón a estos últimos declarando inconstitucional la ley, unos y otros coincidieron en que la sentencia podía cambiar la historia del país. Los que siempre han estado a favor del perdón y el olvido dijeron que buscarían la mejor manera de cumplir la sentencia, o sea, darle todas las largas posibles. Las víctimas se alegraron y albergaron la esperanza de que por fin el país se enrumbaría hacia la verdad y la justicia.
La sentencia derogó la ley de amnistía; revivió la Ley de Reconciliación Nacional, que excluía a los crímenes de lesa humanidad; retomó el informe de la Comisión de la Verdad, cuyos casos mandó a investigar; y pidió legislar en materia de justicia transicional. Pero nada se ha hecho. Ningún diputado ha exigido que se camine en la ruta de lo señalado, como sí para cumplir otras sentencias. El Fiscal General de la República se ha cobijado en la falta de dinero para investigar los crímenes del pasado. El Presidente ha anunciado varias veces una ley de reconciliación que nunca llega. Y la Sala de lo Constitucional, usualmente tan vigilante del cumplimiento de sus sentencias, ha permanecido en silencio.
Hay que reconocer que entre el discurso de los dos últimos Gobiernos y el de sus predecesores hay un abismo en lo que se refiere a las víctimas del conflicto armado. La administración de Mauricio Funes pidió perdón por los crímenes cometidos por agentes del Estado, hizo lo mismo al reconocer las atrocidades cometidas en El Mozote y condecoró a los mártires jesuitas. El actual presidente ha continuado con estos signos en favor de las víctimas. En los Gobiernos de Arena, un partido fundado por el creador de los escuadrones de la muerte, no hubo una tan sola acción en ese sentido. Pero lo que ni unos ni otros han entendido es que para dignificar a las víctimas y alcanzar la reconciliación del país debe haber verdad, justicia y reparación, en ese orden.
Los Gobiernos del FMLN han protagonizado valiosos actos en la dimensión de la reparación simbólica. Pero nunca desde los Acuerdos de Paz se ha tenido la voluntad de avanzar hacia la verdad y la justicia. Para decirlo en palabras sencillas, las administraciones de izquierda han hablado de perdón y de las graves violaciones a derechos humanos, pero nunca de quienes las cometieron y de cómo fueron ejecutadas. Y sin conocer e investigar ambas cosas, cualquier iniciativa de reparación, simbólica o material, es insuficiente y termina siendo, a la larga, otro desprecio para las víctimas.
La razón de que solo se haya intentado dar pasos en la dimensión simbólica de la reparación, y nada en lo que a verdad y justicia se refiere, es simple: los que han gobernado el país desde la firma de la paz son los mismos que protagonizaron la guerra. Durante el conflicto bélico, los sufrimientos extremos, los terribles dolores y los proyectos de vida truncados fueron obra de agentes del Estado y, en mucha menor medida, de miembros del FMLN. En distintas proporciones, ambos grupos fueron señalados en el informe de la Comisión de la Verdad. Recuperar la memoria, escudriñar la verdad, llevaría a la exposición de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales ahora se disputan el poder en la arena política.
No hay otra razón por la que un Gobierno de izquierda, supuestamente a favor de la verdad y la justicia, no haya hecho nada para investigar los crímenes de lesa humanidad de la guerra. La actuación de la administración de Sánchez Cerén ante la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y ante el caso de la masacre en la UCA muestra que no hay voluntad de investigar la verdad, encontrar a los responsables e impartir justicia. El verdadero perdón que da paso a la reconciliación solo es posible partiendo del conocimiento de la verdad y del dolor de las víctimas, esas que ni antes ni ahora han sido escuchadas y tenidas en cuenta. A 25 años de la firma de la paz, El Salvador aún no salda la deuda con las víctimas: verdad, justicia y reparación.
