¿Reconciliación o más impunidad?

La Asamblea Legislativa acordó conformar una comisión ad hoc para elaborar una propuesta de ley de reconciliación nacional que, según afirmó Norman Quijano, sustituirá a la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, declarada inconstitucional y, por tanto, expulsada del ordenamiento jurídico salvadoreño. Esta decisión de la Asamblea ha causado gran preocupación en las organizaciones de víctimas del conflicto armado y en las instituciones defensoras de los derechos humanos, pues temen que la normativa que se pretende elaborar tenga el mismo objetivo que la ley de amnistía derogada: la impunidad de los violadores de derechos humanos y perpetradores de crímenes de guerra. Los temores están fundamentados.

Por un lado, es significativo que al hablar de una nueva ley de reconciliación nacional se tenga la pretensión de que sustituya a la ley de amnistía que se declaró inconstitucional porque pretendió evitar que en El Salvador hubiera verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes que tuvieron lugar durante el conflicto armado. La ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz fue aprobada en marzo de 1993 para impedir que se aplicaran las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y se realizaran los juicios correspondientes en los casos estudiados por ella. Hasta su derogación en julio de 2016, la ley de amnistía negó el derecho de las víctimas a la justicia y dejó en la más absoluta impunidad a quienes perpetraron graves violaciones a derechos humanos durante la guerra.

Por otro lado, algunas de las personas escogidas para conformar la comisión tienen nexos evidentes con el conflicto armado, fueron parte o colaboraron con instituciones o grupos armados que cometieron crímenes, y han expresado en varias ocasiones su convencimiento de que para la reconciliación del país lo mejor es el perdón y el olvido. Incluso han negado que se cometieran crímenes de lesa humanidad. Ante ello, resulta lógico dudar sobre las verdaderas intenciones de la comisión y de lo que pueda proponer para su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Una ley de reconciliación no puede sustituir a una ley de amnistía cuyo único objetivo era la impunidad. Una ley de reconciliación nacional debe pretender todo lo contrario: debe partir del reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas al conocimiento de la verdad, la aplicación de justicia, la reparación del daño causado y a tener garantías de no repetición de los atroces crímenes que tuvieron lugar en los años de la guerra civil. Cualquier otro camino, como el perdón y el olvido, negar o esconder la verdad, u obstaculizar que los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de guerra sean llevados ante la justicia, no abonará a la reconciliación que nuestra sociedad tanto necesita.

Para avanzar hacia la reconciliación nacional hay que pasar por el trago amargo de reconocer que durante el conflicto armado ambos bandos violaron los derechos humanos, que los principales autores de crímenes fueron la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad del Estado, que los responsables de esos crímenes tienen nombres y apellidos. Además, debe respetarse la sentencia de inconstitucionalidad que derogó la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz; una sentencia que exige “garantizar el acceso a la información pública y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad”, “garantizar los recursos necesarios para responder a las exigencias de las víctimas y sus familiares, de la sociedad salvadoreña, respecto a las investigaciones, el enjuiciamiento, el esclarecimiento de la verdad, y la sanción a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” y “considerar las medidas de reparación integral a las víctimas, que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación”.

Ante los dislates en los que está incurriendo la nueva legislatura y las evidencias de su incapacidad de superar algunos de los vicios del pasado, toca estar atentos al trabajo de la comisión ad hoc, a fin de evitar que los diputados hablando de reconciliación terminen imponiendo más impunidad.