Acuerdo oligárquico

El martes 11 de enero, en una reunión legislativa desarrollada en un hotel capitalino, los partidos políticos acordaron darle jaque mate a la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre el tipo de lista utilizada para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa. Un día después, el miércoles, el presidente Funes sancionó el decreto legislativo que regula las candidaturas no partidarias. Lejos de vetarlo, como algunas voces ciudadanas le pedían, el Presidente se alineó con los partidos. Pudo haberlo observado para que la responsabilidad sobre la burla que ese decreto supone a la ya mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional cayera únicamente sobre los diputados. Pero no lo hizo así. Prefirió contribuir a la voluntad de los partidos, expresada por sus voceros y dirigentes, de no cumplir con la sentencia de la Sala. En razón de esto, de ahora en adelante se permite las candidaturas no partidistas, pero se establece una serie de requisitos de muy difícil cumplimiento.

En este asunto, los dirigentes partidistas han mostrado lo que realmente son: una oligarquía que detenta el poder político. Han dejado a un lado sus diferencias de opinión sobre políticas públicas para hacer bloque frente a la demanda ciudadana de apertura a otras formas de candidatura y al control ciudadano sobre los diputados. El acuerdo político sobre la inclusión de las fotografías y nombres de los candidatos quiere hacerse aparecer como la voluntad de los partidos de respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero su oposición fue algo que dejaron claro desde el principio, con el acuerdo de reforma constitucional para exigir que los candidatos a diputados estén afiliados a los partidos políticos.

Además, dicho acuerdo tiene una trampa, porque incluye la posibilidad de que los electores marquen la bandera de un partido, y cada voto de ese tipo sería interpretado como aval al orden de los candidatos propuesto por el instituto político. El resultado es que se mantendría el antiguo procedimiento para definir quiénes serían los diputados electos: los primeros de la lista. Según el acuerdo, esto pasaría también si se permite que los electores puedan marcar más de un candidato de la lista propuesta por un partido.

Para evitar los conflictos entre la oligarquía partidista, el acuerdo pretende evitar la competencia entre los candidatos propuestos por cada uno de los partidos. Estos temen que, al permitir que los candidatos compitan entre ellos por los votos de la ciudadanía, la cuota de poder que detentan se les vaya de las manos. Quienes ocupen los primeros puestos en la lista quieren asegurar su elección sin tomar en cuenta si gozan de las preferencias de sus votantes.

En un sistema de elección proporcional, el método democrático con listas cerradas pero no bloqueadas implica que los partidos obtienen tantos diputados como cocientes electorales tienen. También tienen la posibilidad de obtener diputados adicionales por la vía de los residuos. Pero ¿quiénes de entre los candidatos deben ser proclamados electos? No los que señalan los partidos, sino los que en las listas obtienen más votos. En este sentido, colocar las fotos y nombres de los candidatos en las papeletas no es suficiente para cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es necesario respetar la decisión de los electores, aun en el caso de que quienes ocupan los primeros puestos en las listas no resulten elegidos.

El acuerdo partidista manifiesta una clara voluntad oligárquica. Que lo apoyen los partidos de derecha no es extraño, pues sus orígenes son prooligárquicos. Sin embargo, que lo apoye el FMLN hace dudar de las credenciales democráticas del partido y hace pensar más bien en la tentación oligárquica, que viven sus dirigentes, de aferrarse al poder y de utilizarlo para su propio beneficio.