Al servicio de la dignidad humana

En reunión con el cuerpo diplomático, el presidente mencionó a Cristosal y al Idhuca, entre otras instituciones, como parte de la oposición al Gobierno. La afirmación causó asombro, máxime cuando días después, al hablarle a la Fuerza Armada, hizo referencias a supuestos “enemigos internos”. Al respecto, lo primero que hay que decir es que las instituciones defensoras de derechos humanos no suelen tener intencionalidad política partidista ni son enemigas de nadie. En el país, a lo largo de los años y de los diferentes Gobiernos, su independencia ha quedado patente con la crítica permanente a toda situación atentatoria de los derechos humanos. Los abusos contra los privados de libertad se han denunciado tanto en tiempos de la Democracia Cristiana, Arena y el FMLN como en la actualidad. La pobreza y la desigualdad como fuentes de privación de derechos han sido señaladas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en El Salvador desde siempre. Y lo mismo todo atropello por parte de la Policía o el Ejército.

Durante la guerra civil, quienes cometían la mayoría de las violaciones de derechos humanos consideraban oposición y enemigos a los defensores y defensoras de derechos humanos, que eran perseguidos y asesinados sistemáticamente. Tras los Acuerdos de Paz, el Estado fue firmando diversos convenios internacionales y poco a poco las organizaciones de derechos humanos empezaron a ser entendidas como parte integral y necesaria de la sociedad civil. Algunos triunfos internacionales en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos aumentaron su prestigio. Hoy, el hecho de que el presidente las confunda con la oposición presupone tanto ignorancia histórica como graves prejuicios. Porque defender a la ciudadanía es apoyar al Estado en su compromiso de servir y promover la dignidad humana en todos sus aspectos.

La Constitución dice en su primer artículo que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. En otras palabras, asegurar el goce de derechos básicos. Las organizaciones de derechos humanos no pretenden otra cosa. Y dado que el poder tiende a pactar con los poderosos y privilegiados, mientras olvida a los más débiles y empobrecidos, la labor subsidiaria de estas organizaciones, recordando las obligaciones estatales, es esencial. Eso aseguró en su informe la misión especial de la OEA, presidida por Santiago Cantón y solicitada por el propio presidente: la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos, desempeñan un “papel fundamental […] para la existencia de una democracia plena y duradera y la consolidación del Estado de derecho”.

Cuando un grupo partidario monopoliza todos los poderes del Estado, el diálogo con las organizaciones de derechos humanos es insoslayable. Partidos que se creían eternos por el gran control estatal que tenían y por la simpatía y financiamiento de la que gozaban por parte de la élite económica se terminaron esfumando. El exceso de poder conduce a dejar de lado la razón y la ética. La complejidad de sistemas políticos como el salvadoreño, que estructuralmente defienden e impulsan privilegios de minorías, tienta con la maniobra y el abuso de poder. Las organizaciones de derechos humanos no pretenden gobernar el país, sino contribuir a la racionalidad política puesta al servicio de la dignidad humana. Escucharlas, dialogar sobre los derechos humanos, será siempre un beneficio para cualquier Gobierno que se diga democrático o pretenda un mínimo de legitimidad en la escena internacional.