Deudas permanentes

Mientras los precandidatos presidenciales de Arena y los medios de comunicación afines a este partido protestaban por una resolución del Tribunal Supremo Electoral sobre la propaganda anticipada, en la UCA se reflexionaba sobre dos temas que deberían ser de actualidad nacional, pero que no aparecen en los debates de las precampañas ni en el discurso político. Se estudió a profundidad la migración en un seminario de tres días en el que participaron expertos del ámbito nacional e internacional, y se llevó a cabo el décimo Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa.

El tema migratorio preocupa cada día más, especialmente desde que Donald Trump, con su retórica de tinte racista y despectiva con América Latina, promete muros y deportaciones masivas. De cara a nuestra política interna, no son menores las preocupaciones. El Gobierno sigue sin aceptar la existencia del desplazamiento forzado, pese a que se multiplican los testimonios e investigaciones que demuestran que muchos salvadoreños optan por la migración forzados por la violencia. De un modo ridículo, el Gobierno ha optado por hablar de “movilidad poblacional” en vez de desplazamiento forzado. De ello resulta que las medidas de seguridad para los que se desplazan sean mínimas y que diversas agencias internacionales vean frenadas u obstaculizadas sus posibilidades de ayudar al país y, en particular, a la población sufriente.

Por otra parte, en el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa se revisó esta vez lo hecho en los últimos nueve años y se analizaron los patrones de funcionamiento del Estado en casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacre y tortura. Si bien en el campo de la reparación a las víctimas se han dado algunos avances, el progreso es mínimo a nivel judicial, a pesar del gran paso que dio hace dos años la Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional la ley de amnistía. Desde el trabajado realizado en la UCA, es clara la urgente necesidad de que la justicia restaurativa se imparta pronto, mediante legislación, desde el poder judicial.

Al respecto, la Asamblea Legislativa ha incurrido en una grave irresponsabilidad al no hacer prácticamente nada desde el momento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y al Ejército le cuesta todavía demasiado colaborar con la justicia. Por ejemplo, se resiste a dar información a la Fiscalía General de la República sobre la masacre en Tecoluca, perpetrada en julio de 1981 por efectivos militares. Y en lo que constituye otra grave violación a derechos humanos, El Salvador es el único país centroamericano que aún no ratifica el Protocolo Adicional contra la Tortura, de Naciones Unidas.

Estos temas, indispensables en una democracia, no figuran entre los intereses del liderazgo político o económico salvadoreño. Y muchos menos en el pensamiento de la derecha, la cual, a pesar de repetir sistemáticamente la palabra “democracia”, mantiene un pensamiento autoritario concentrado básicamente en los supuestos derechos de los poderosos. Al profundo déficit en el ámbito de los derechos económicos y sociales se suma la despreocupación por los derechos civiles y políticos, como el de una justicia pronta y eficaz, o el de la reparación de quienes fueron víctimas de la acción criminal del Estado durante la guerra civil. La ausencia de protección a quienes se ven obligados a desplazarse ante las amenazas de la delincuencia muestra la debilidad de un Estado que ni siquiera es capaz de reconocer el hecho.

El paso del tiempo evidencia que hay deudas con la población demasiado permanentes. Lo que se hace es insuficiente y la problemática real de la gente no aparece adecuadamente en el debate político. La ausencia de un dialogo serio, la aparente incapacidad de llegar a acuerdos sólidos sobre desarrollo social y la superficialidad de las campañas partidarias de elección interna no auguran nada bueno. Creer que con una mayor represión del delito se arreglarán nuestros problemas es de una miopía impresionante. Y en esto parecen coincidir la izquierda y la derecha. Lo que Arena afirmaba con respecto a la desaparición forzada de las hermanitas Serrano, alegando que nunca existieron porque los registros de las alcaldías habían sido quemados, lo repite hoy la PNC, supuestamente bajo control de la izquierda, diciendo que la madre de Carla Ayala no es víctima. Mientras no tengamos mucha más sensibilidad ante las víctimas, el futuro de El Salvador permanecerá severamente ensombrecido. Es en las víctimas donde se concentran las deudas pendientes del país. Deudas que deben dejar de ser permanentes si se quiere hablar de democracia.