Dos buenas noticias

El jueves 3 de diciembre fue un día importante para el país. El juez Miguel Ángel García, titular del Juzgado Séptimo de Instrucción, hizo pública su resolución sobre el caso del expresidente Francisco Flores. Y ese mismo día venció el período de Luis Martínez como Fiscal General, por lo que la Asamblea Legislativa debía reelegirlo o nombrar a su sustituto. Con respecto a ambos hechos, la sociedad estaba expectante y el mundo político, divido. Por más que aún no se pueda prever el desenlace de ambos acontecimientos, constituyen una buena noticia para la democracia y para la institucionalidad. Francisco Flores fue enviado a juicio. El juez confirmó la legitimidad de los querellantes particulares y decretó detención provisional. El exmandatario tendrá que esperar el proceso en las bartolinas de la PNC. El titular del juzgado estimó que habían suficientes indicios para que el caso pasara a la siguiente fase (el juicio) por cuatro delitos: peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

La resolución de García fue un balde de agua fría para la defensa y los apologetas políticos de Flores. Una derrota legal que también alcanza a la Fiscalía, que compartió más posiciones con los abogados del expresidente que con los querellantes particulares, aliados teóricos suyos en la defensa de la sociedad y del Estado. La Fiscalía se negó a incluir en las acusaciones el delito de lavado de dinero y solicitó, junto al equipo defensor, excluir del proceso a la querella particular. Haciendo honor a la verdad, la actuación del juez sorprendió a propio y extraños, pues lo que se vaticinaba, por la casi total inoperancia de la justicia en el país, era que el expresidente sería liberado.

Pero si nos atenemos a los hechos, el resultado de la audiencia preliminar fue el que se debía esperar. Era casi imposible defender a Francisco Flores después de su pública confesión en la Asamblea Legislativa, aunque algunos lo intentaron. Los medios de comunicación de la derecha relativizaron el proceso y cedieron sus espacios para la defensa de lo indefendible; los dirigentes, miembros y aliados de Arena opinaron como si el partido no fuera parte de los ilícitos; y la Fiscalía actuó de manera bochornosa y sesgada. Es decir, lo normal. Por ello, la resolución del juez García da esperanza de que en El Salvador es posible avanzar en la aplicación de justicia.

Por otra parte, es buena noticia que, vencido el plazo que da la Constitución, Luis Martínez no haya sido reelegido como Fiscal General de la República. Diversos sectores sociales han expresado razones de peso para oponerse a su reelección; una de las principales es que se haya empleado a fondo para garantizar la impunidad de quienes lo llevaron al cargo. El papel jugado por la Fiscalía en el caso de Flores es solo uno de los ejemplos de ello. Pero hay más. La polémica más reciente tiene que ver con el dinero que se encontró en unos barriles en 2010; 14.5 millones de dólares del narcotráfico que en teoría fue a parar a la Fiscalía para fortalecer la investigación del delito. La negativa a revelar el uso que se le ha dado a ese dinero ha sido adversada por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que consideró, en una resolución del 26 de noviembre, que esa información no es reservada, por lo que la Fiscalía debe decir en qué lo utilizó.

En realidad, en las actuaciones y actitudes de Luis Martínez se encuentran sobradas razones para exigir su relevo. No hay que hacer mucho esfuerzo para argumentar su falta de idoneidad. Incluso algunos sectores al interior de Arena se han expresado públicamente en contra de la reelección de Martínez. Sin embargo, la cúpula partidaria del FMLN valora como positiva su gestión y ha dejado entrever su disposición a reelegirlo, contrariando no solo la ética y la decencia, sino el sentir de parte importante de su base social. En esto, los dirigentes del partido de izquierda navegan en solitario. Son ellos parte de la minoría que no entiende que elegir un Fiscal competente y honesto es esencial para el buen funcionamiento de una institución clave en el país.

En definitiva, los hechos del 3 de diciembre son positivos, pero constituyen solo un avance provisional. En el juicio contra el expresidente debe hacerse presente una Fiscalía deliberante, profesional y sin compromisos con sectores de poder. Una Fiscalía que tenga como prioridad la defensa del pueblo salvadoreño y que ponga todo su empeño en lograr la condena de quienes lo dañan. Ciertamente, la resolución de Miguel Ángel García y la no reelección de Luis Martínez son victorias, pero parciales. La democracia y la institucionalidad se fortalecen poco a poco. Ya se verá si es posible agrietar el muro de la impunidad. Un primer paso será, sin duda, la elección de un Fiscal interesado en aprovechar la oportunidad que ha abierto el juez García.