En rumbo de colisión

Se suele decir que la Asamblea Legislativa es el primer poder del Estado. En ella, idealmente, se llevan a consenso las normas que permiten la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, con frecuencia algunos intereses tan particulares como poderosos marcan la dirección y el contenido de los decretos y leyes. Por eso es importante analizar cada tanto el trabajo legislativo. Generalmente, se le suele dar a las instituciones el plazo de cien días para evaluar la dirección que toman, pero la Asamblea actual ha iniciado su marcha de un modo y a una velocidad que solo auguran una colisión.

En efecto, a muy poco de iniciar su período, trató de dejar fuera de un préstamo los Equipos Comunitarios de Salud. Muchos diputados, acostumbrados a la medicina privada, desconocían la importancia de estos centros. Al final, por las propias condiciones del préstamo y la posibilidad de perderlo, los legisladores que desprecian el sistema de salud de primer nivel dieron su brazo a torcer. Unos días después, desecharon la propuesta de la Iglesia católica y de esta universidad sobre la conformación del ente rector del agua, en la que se plantea una mayoría de representación estatal. Y optaron por trabajar con la de la ANEP y de la Sociedad de Regantes, que piden que de los cinco miembros de la junta directiva del ente, dos sean representantes de la gremial empresarial. Los otros tres serían un representante nombrado por la Presidencia de la República y dos por Comures, que se define a sí mismo como un ente no gubernamental.

Al ser el agua un bien escaso y cada vez más caro, la intención de darle a la empresa privada un peso exagerado en la administración de este bien público y derecho humano ha despertado la repulsa de una gran cantidad de ciudadanos. Y de un modo especial, de los jóvenes, que temen con razón la hipoteca de un bien de todos en favor de los intereses de la empresa privada. La Asamblea Legislativa, ajena a la preocupación de la gente, indiferente al pensamiento de las instituciones con mayor aceptación nacional (la Iglesia y el sector educativo), se ha enrumbado agresivamente en una dirección que choca con el pensamiento mayoritario de la población. No se da cuenta de que los salvadoreños son cada vez más conscientes de que están perdiendo la garantía de que bienes públicos, como la tierra y el agua, que se pensaba que durarían para siempre, queden reservados para quien pueda pagarlos.

Por si esto fuera poco, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, anunció recientemente la conformación de la comisión que preparará la ley de reconciliación nacional que sustituirá a la derogada ley de amnistía; una tarea, según Quijano, “crucial para la estabilidad política y social de nuestro país”. El asombro viene cuando se lee la lista de integrantes del grupo. De sus cinco miembros, dos fueron mencionados por la Comisión de la Verdad como violadores de derechos humanos y otro es un militar conocido por encubrir sistemáticamente los crímenes de la promoción militar conocida como La Tandona.

Son tres hechos que marcan un rumbo de colisión: indiferencia ante la salud de los pobres, opción por considerar el agua como un bien de mercado y ceder la redacción de una ley de reconciliación a encubridores o perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Un rumbo que lleva a la Asamblea Legislativa a enfrentarse a las mayorías pobres y vulnerables, así como a todos los ciudadanos que desean un país donde la equidad en el desarrollo y el respeto a los derechos humanos sean las pautas fundamentales del futuro. De sobra está decir que la ciudadanía espera y pide una Asamblea Legislativa con mayor capacidad de reflexión y escucha. Enfrentar reclamos esparciendo gas pimienta es darle la espalda a ese anhelo.