Impávidos ante la justicia

El 17 de julio se conmemora el Día de la Justicia Internacional para recordar el aniversario de la aprobación en 1998 del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, ratificado por El Salvador solo hasta en 2015. Una demora que desnuda mucha hipocresía. Se suscribe la justicia internacional a partir de una fecha, pero sus criterios, conceptos y normas solamente se pueden aplicar a partir de la fecha de su ratificación. Así, las matanzas del pasado, los posibles genocidios, la violación como acto de guerra, la tortura y las desapariciones, todos ellos crímenes de lesa humanidad que sacudieron con fuerza nuestra historia, quedan al margen. Y ello se conjuga con el perdón y olvido que predica la derecha, que riñe absolutamente con las líneas racionales de una justicia transicional que intenta construir una sociedad en paz y en fraternidad a partir de la verdad, la justicia y la capacidad de ofrecer medidas de gracia y de perdón para los victimarios

Además, diversas instancias del Estado, pero sobre todo la Fuerza Armada, no colaboran activamente en el establecimiento de la verdad, mucho menos en los procesos de justicia. Otras, como el sistema judicial o la Fiscalía, están desprovistas de los recursos necesarios para tratar a fondo los problemas del pasado reciente. La Sala de lo Constitucional que terminó su período este fin de semana pasado ha sido la única institución seria que ha entendido qué son la justicia universal y la transicional, dando un gran paso en la dirección correcta con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

La Asamblea Legislativa, tras una etapa larga de desinterés total, y solo hasta que se vio forzada a hacer algo por mandato de la Sala de lo Constitucional, formó una comisión para formular una especie de ley de reconciliación. Creando un claro conflicto de intereses, nombró como miembros mayoritarios de dicho grupo a diputados que han pertenecido a instituciones acusadas de crímenes de lesa humanidad o que los han encubierto. Algunos de esos legisladores entrevistaron a los candidatos a integrar la próxima Sala de lo Constitucional, y a través de sus preguntas manifestaron su disgusto con respecto a la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Así pues, la Asamblea Legislativa ha depositado su esperanza de un retroceso en el campo de los derechos humanos en personas favorables a la impunidad.

El Salvador firma tratados internacionales de derechos humanos, pero su institucionalidad es torpe y negligente a la hora de respetar la dignidad de las personas golpeadas y ofendidas por los crímenes del pasado. En el mejor de los casos, se dan pasos tímidos en la dinámica de la reparación, pero se olvida intencionalmente la justicia. Muestra de ello es la profunda indiferencia ante las violaciones a derechos humanos que hoy se cometen en el marco de la aplicación de las medidas extraordinarias y la mano dura contra el delito. En esta línea, no sorprende la negativa de la Asamblea a ratificar, a pesar de diferentes peticiones al respecto, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La justicia universal es un principio básico de justicia, construido sobre la dignidad de la persona y un pensamiento humanista capaz de ver a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad, más allá de sus diferencias. Un principio jurídico que es aceptado por un número creciente de países y que ha ido concretándose cada vez con mayor fuerza en diferentes instituciones globales. Un principio que constituye una defensa contra quienes creen, desde un nacionalismo trasnochado, que pueden hacer lo que les da la gana, crímenes incluidos, a partir de una combinación de dinero y fuerza bruta. Conmemorar el Día de la Justicia Internacional es recordarles a los diputados que la justicia es algo más que cálculos de conveniencia.