Justicia para El Mozote

Una vez declarada la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, reinició hace varios meses el juicio contra los miembros de la Fuerza Armada acusados de ordenar una de las mayores masacres perpetradas en nuestro país: el operativo de tierra arrasada contra los caseríos El Mozote, La Joya y Los Toriles. En esa acción militar fueron asesinadas de forma premeditada, a sangre fría y con lujo de barbarie cerca de mil personas; la mayoría de ellas, niños, mujeres y ancianos. El caso está debidamente documentado gracias a los testimonios de los sobrevivientes, como Rufina Amaya, quien tuvo el valor de ser la primera testigo en narrar los horrores vividos en El Mozote. Además, están los informes de un grupo de parlamentarios de la Unión Europea que visitaron el lugar poco después de los hechos y los cientos de cuerpos, principalmente de niños, exhumados e identificados por equipos de gran experiencia en tareas de antropología forense.

No es necesario decir que la importancia de este juicio es grande, pues puede ser el primer paso para poner fin a la impunidad con la que actuó la Fuerza Armada durante la guerra. El proceso judicial inició, aunque con muchas dificultades, en 1990, pero fue cerrado tres años después a raíz de la aprobación de la ley de amnistía. Durante estos años, tanto los familiares de las víctimas como las organizaciones de derechos humanos que los acompañan han recurrido a diversas instancias para que el caso no quedara impune. Y en ese empeño llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló contra el Estado salvadoreño y solicitó que pidiera perdón públicamente por la masacre, llevara ante la justicia a los responsables e indemnizara a las víctimas. De todo ello, el Estado solo ha cumplido con la petición de perdón.

Con la reapertura del proceso se estaría dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, aunque la iniciativa no ha sido estatal, sino de las víctimas y del juez Guzmán Urquilla. Lo que se está ventilando en estos días en el juzgado de San Francisco Gotera es la instrucción del caso, para que una vez el juez tenga los datos requeridos, pueda celebrarse un juicio en el que un jurado de conciencia decida la culpabilidad de los militares señalados como responsables del crimen. Sin embargo, el camino que se ha escogido para celebrar el juicio favorece a los acusados, pues se está realizando según el Código Procesal Penal de 1974 (hoy superado y sin vigencia), por ser la normativa existente cuando ocurrieron los hechos. Aquel código establecía que le corresponde al juez instruir el caso y a un jurado decidir sobre la culpabilidad de los procesados. Pero la experiencia de los jurados de conciencia ha sido muy negativa. Basta recordar la actuación del jurado de conciencia que declaró inocentes a diez de los 12 procesados por la masacre en la UCA, pese a que ellos mismos habían aceptado su participación en el crimen e incluso se conocía quiénes habían disparado contra cada uno de los asesinados.

Como ya es costumbre, la actuación de la Fuerza Armada ante este juicio ha sido muy cuestionable. En lugar de colaborar con el juez aportando todos los datos posibles para contribuir al esclarecimiento de la verdad, niega la existencia de documentos sobre los hechos y está ofreciendo a los acusados toda clase de apoyos, desde transporte en vehículos militares y alojamiento en los cuarteles cercanos hasta asesoría legal. Así, la Fuerza Armada sigue encubriendo y protegiendo a sus exmiembros acusados de violar derechos humanos, lo cual también constituye un delito. Igualmente condenable y repulsiva es la actuación de los abogados defensores, que han basado su argumentación en que no hubo masacre y en que no se puede probar la participación de sus representados en la misma. Estos abogados no saben, o no quieren saber, que en los ochenta el Ejército realizó operativos de tierra arrasada en todos los territorios en los que se sospechaba había presencia de la guerrilla, precisamente contra población civil para dificultar el accionar guerrillero en esas áreas, y que esos operativos fueron ordenados desde las más altas instancias de la institución castrense. También deben saber que en casos de graves violaciones a derechos humanos, la responsabilidad recae sobre los mandos militares, no en la tropa, y que por ello sus defendidos están siendo juzgados. En este sentido, su pretensión de que los testigos identifiquen a los acusados como perpetradores directos de la masacre es una falta de ética jurídica.

La masacre de El Mozote requiere de verdad y de verdadera justicia, y por ello tanto la Fiscalía como el juez del caso deben justificar y dejar claro quiénes fueron los responsables de la misma. Solo así el juicio ante el jurado se dará con todas las garantías procesales y se podrá afirmar, sin dudas de ninguna clase, que en el caso de El Mozote por fin se busca hacer justicia.