La demanda de Pacific Rim

La empresa minera Pacific Rim ha demandado al Estado salvadoreño por su negativa de otorgarle permiso de explotación minera; por los supuestos daños que la decisión estatal le habría ocasionado, la empresa reclama una indemnización de cien millones de dólares. Según el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, los inversionistas extranjeros en dichos países, en lugar de recurrir a los tribunales nacionales para dirimir sus conflictos con los Estados, tienen derecho a acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una instancia que depende del Banco Mundial. Por ello, será el Centro el que decidirá quién tiene la razón en el caso Pacific Rim-El Salvador.

Recientemente concluyó la primera fase del proceso de demanda, en la cual el Ciadi se ha declarado competente para conocer y dilucidar el conflicto. Con ello, el proceso sigue su curso. Ahora la empresa deberá presentar las pruebas que justifican su demanda y el Estado salvadoreño, preparar su defensa.

El caso pone en evidencia lo que señalaron los que en su momento se opusieron a la firma del TLC: el Tratado busca dar seguridad jurídica a las empresas transnacionales para sus inversiones en Centroamérica, más que favorecer el libre comercio entre países. El Tratado pone en desventaja a nuestros países ante los intereses de Estados Unidos y las empresas extranjeras, pues permite demandar a los Estados firmantes del mismo y solicitar una indemnización por presunta expropiación indirecta o por anulación y menoscabo de los beneficios, que es precisamente lo que está argumentando Pacific Rim.

No se trata, por tanto, de que el Estado salvadoreño haya causado un daño real y efectivo a Pacific Rim, sino que al negarle el permiso de explotación minera le ha impedido que obtenga los beneficios que proyectaba con su inversión en nuestro país. De esta manera, el TLC abre las puertas para que los intereses de las empresas extranjeras (la mera obtención de ganancias) primen frente a los de la ciudadanía. Ya lo decían los jesuitas de América Latina en el año 2003: "Estos tratados anteponen los intereses de las empresas trasnacionales a los intereses de los pueblos. Estos tratados no permiten que los Estados defiendan el medio ambiente y la vida de la gente".

En este marco, la defensa del Estado salvadoreño se centrará simplemente en probar que la empresa minera no tiene derecho a acogerse al TLC, pues su sede original no estaba en territorio estadounidense. Y en este punto radica la importancia de este primer conflicto: si bien en este caso podría ser posible que la empresa no pueda acogerse al TLC, ¿qué ocurrirá cuando no haya dudas de que el Tratado es aplicable? ¿Cómo se defenderán los intereses reales de nuestro país?

A pesar de toda la propaganda que la empresa ha realizado defendiendo la minería metálica, no hay dudas de que la misma produciría destrucción del medio ambiente y daños a la población irreparables. Al no conceder el permiso de explotación, nuestro Estado ha defendido los intereses de la gente y del país, ha cumplido con su deber de defender la vida del pueblo. Sin embargo, esto no es relevante desde el TLC.

Es muy probable que el Ciadi, cuyos dictámenes han sido siempre favorables a las empresas, dé la razón a Pacific Rim y le permita acogerse al TLC. Para colmo de males, el Estado salvadoreño preparará su defensa a solas, sin recurrir a la la ayuda de la sociedad civil para, en teoría, no perjudicar al proceso. Ante una demanda de esta naturaleza, donde el Estado lleva las de perder, debería ser otra la actitud oficial; deberían abrirse las puertas a la colaboración de todos aquellos abogados y técnicos capaces con deseos de trabajar al servicio de la defensa de los intereses nacionales. Muchos de ellos lo harían con gran espíritu de patriotismo y estarían dispuestos a trabajar ad honorem en defensa de El Salvador. Dejar el manejo del caso únicamente en manos de un bufete norteamericano, por muy prestigioso que sea, no parece ser la mejor ni la más segura estrategia. No sería esta la primera vez que por descuido en su defensa el Estado salvadoreño pierde un litigio internacional.