Leyes buenas, leyes malas

La Asamblea Legislativa es una de las instituciones que resultan evaluadas como menos confiables en prácticamente todas las encuestas que se realizan en el país. Aunque la explicación pueda ser multicausal, una de las razones que el ciudadano puede tener para opinar en descrédito de la Asamblea es precisamente el modo en que ésta funciona en su tarea más específica: generar leyes. No podemos decir que todas las leyes elaboradas por la Asamblea hayan sido malas. Pero sí que ha habido, y parece que sigue habiendo, una tendencia a pensar que exclusivamente con leyes se arreglan los problemas; una convicción de que las leyes no necesitan mayor consulta que las ocurrencias de los diputados; y el capricho partidario de poner los intereses de grupo sobre el bien común. El porcentaje de leyes mediocres, que no inciden en el desarrollo democrático y social salvadoreño, es por ello relativamente alto. Y por las mismas razones es notoria la capacidad de la Asamblea de remendar leyes, estropearlas y transar conveniencias partidistas mientras legisla. Por eso es importante que la ciudadanía se exprese en torno a la legislación que tenemos, en torno a su bondad o maldad.

La ley de transparencia y acceso a la información pública es necesaria. Y el proyecto que hemos presentado varias instituciones a la Asamblea Legislativa es bueno y debe discutirse ya. En este sentido, asombra que funcionarios del Gobierno quieran retrasar la discusión y comenzar una nueva consulta, mezclando el acceso a la información con temas de ética gubernamental. Son dos cosas diferentes.

Esta casa de radio ha apoyado desde hace años la ley de escuchas telefónicas y ha repetido que es imprescindible complementarla con la ley de acceso a la información pública. Si le damos poder al Estado, le debemos exigir trasparencia. El acceso a la información obliga al Estado a ser responsable y da simultáneamente su derecho al ciudadano. Es una ley que, en definitiva, respalda la soberanía del pueblo y pone al ciudadano como contralor de los actos de los funcionarios. Retrasarla es doblemente irresponsable. En primer lugar, porque la ley urge; no tener trasparencia es abonar la corrupción. Y, en segundo lugar, porque hay ya mucho trabajo hecho, bien realizado, con consultas amplias al respecto, con participación abundante de sectores de la sociedad civil. El Gobierno no puede despreciar de un plumazo el trabajo realizado por sectores de la sociedad civil que están, además, algunos de ellos, representados en el Consejo Económico y Social.

Llama la atención que el FMLN haya manifestado su simpatía con este proyecto mientras estaba en la oposición, y que ahora que está en el poder empiece con retrasos. Retrasos que, en la medida en que se apoyan en razonamientos incoherentes e inválidos, dejan en la percepción ciudadana la pregunta de si el FMLN realmente quiere transparencia en su Gobierno. El hecho de que en esta ocasión sean funcionarios gubernamentales los que ponen el freno a la ley, y no diputados, deja todavía mayor mal sabor de boca.

Entre las leyes malas mencionemos hoy la ampliación de penas a los menores infractores. Con leyes no se arreglan los problemas. Ampliar las penas de los menores es condenarlos a ser expertos en el crimen cuando salgan de la cárcel. Saldrán más tarde, pero con menos posibilidades de reinserción. Porque las cárceles salvadoreñas no contribuyen a la reinserción, sino a la obstinación en el crimen. Es intolerable y deja en un pésimo lugar a la Asamblea el irrespeto de ésta a convenios internacionales aceptados y signados por El Salvador como país. Con respecto a esta ley, el presidente Mauricio Funes ha hecho lo que debía hacer: vetarla por inconsecuente socialmente e irresponsable frente a las obligaciones legales internacionales de El Salvador. Ojalá el Presidente, que ha vetado una mala ley, aliente y apoye esa buena ley ya presentada como proyecto a la Asamblea, que habla de la trasparencia y el acceso a la información pública.