Más allá del discurso

Las sociedades son cada vez más plurales y abiertas. Pensar que todas las personas son o deben ser heterosexuales, que todas deben identificarse con el género con que nacieron, es un grave error que niega la realidad. La diversidad sexual es un hecho. Ser lesbiana, gay o transexual no es una moda ni algo que se decida por capricho. En el pasado se pensaba que estas realidades humanas estaban relacionadas con enfermedades psicológicas o determinadas patologías médicas. Pero a medida que se ha avanzado en conciencia y conocimiento fundado, el tema cada vez se aborda menos de esa forma. La realidad nos dice que existen distintas orientaciones sexuales, que no siempre el sexo de una persona se corresponde al de su cuerpo y que en toda sociedad hay lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, la comunidad LGBTI, que tiene exactamente los mismos derechos que el resto de la población.

El Estado salvadoreño está obligado a proteger y promover los derechos de la comunidad LGBTI, y en los últimos años se han dado avances importantes en este sentido. Se emitió un decreto ejecutivo para evitar la discriminación contra ellos en la administración pública, se creó la Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social y la Mesa Permanente sobre los Derechos Humanos de la Población LGBTI en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la sociedad salvadoreña aún se excluye y discrimina a las personas LGBTI, y, peor aún, se les agrede y mata, algo que se ha exacerbado pese a la reforma del Código Penal aprobada en 2015, que eleva las penas para los crímenes cometidos por odio.

Las cifras son alarmantes. A lo largo de este siglo XXI, más de 600 salvadoreños han sido víctimas de ataques y crímenes de odio. La Fiscalía General de la República ha reconocido tener activos más de 103 casos de diversos tipos de delitos contra miembros de la comunidad LGBTI. De ellos, el 25% corresponde a homicidios, mientras que el resto son denuncias por lesiones y amenazas. Y estas cifras no reflejan todo el panorama de violencia contra este sector de nuestros hermanos, pues la Fiscalía mantiene una gran reserva sobre estos casos. Por otro lado, la PNC ha reconocido que incluso dentro de su mismo seno se discrimina y violan los derechos de la población LGBTI. A pesar de que su plan estratégico reconoce la gran vulnerabilidad de este grupo, no ha logrado sistematizar los casos de abusos contra ellos y ni siquiera ha modificado sus procesos para registrar la identidad de género de las víctimas de delitos, lo que invisibiliza los crímenes de odio. La Policía, pues, no está preparada para atender debidamente a estos salvadoreños.

En países con altos niveles de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada, es particularmente importante que los Estados adopten un enfoque diferenciado para garantizar los derechos y la integridad de las personas LGBTI y de sus defensores, quienes son particularmente vulnerables a los ataques de grupos armados. En este sentido, es fundamental apoyar la solicitud formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado salvadoreño para que este adopte medidas adicionales para combatir la discriminación y violencia contra la comunidad LGBTI, como aprobar una ley de identidad de género y aplicar acciones que permitan erradicar los prejuicios sociales sobre la orientación sexual. Asimismo, es indispensable avanzar en toda aquella acción que redunde en la protección efectiva de los defensores de los derechos LGBTI. La progresiva conciencia sobre la importancia de defender los derechos de todos para la construcción de una sociedad más humana y justa debe traducirse en acciones y hechos concretos, verificables a diario, más allá del discurso.