Ni una más

“Ni una más” es la consigna que organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han lanzado como parte de una campaña para sensibilizar y poner fin a los centenares de feminicidios que se registran en El Salvador cada año. Una campaña que tiene una clara razón de ser, pues los crímenes contra mujeres no paran de aumentar. Solo en 2017, de acuerdo a cifras de Medicina Legal, se registraron 468 feminicidios. En lo que va de 2018, la tendencia continúa, lo que ha llevado a que el país ostente el más alto índice de muertes violentas de mujeres en el mundo, con 13.49 homicidios por cada cien mil mujeres. En enero y febrero de este año se contabilizaron más de 64 mujeres asesinadas. A esos crímenes deben sumarse los diversos tipos de violencia contra ellas, de los que solo una parte son denunciados ante las autoridades. No en vano organizaciones como Amnistía Internacional señalan a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.

En estos primeros meses del año, dos crímenes contra mujeres han recibido gran cobertura por los medios de comunicación, lo cual posibilitó que fueran ampliamente difundidos y comentados, generando mayor indignación entre la población. Se trata de los asesinatos de las policías Carla Ayala e Ingrid Esmeralda Ruano a manos de agentes de la PNC. Estos casos han puesto en graves dificultades a la institución policial, que en el caso de Carla Ayala incluso permitió la huida del victimario y la desaparición del cuerpo. Recientemente, el asesinato de la periodista Karla Turcios se sumó a esta lista trágica. Pero junto a estos crímenes que llegan a los medios de comunicación ocurren otros muchos que no son objeto de atención, como prueba el centenar de demandas que semanalmente llegan a la Fiscalía General de la República, interpuestas por mujeres que han sido víctimas de violencia.

Si bien El Salvador tiene una de las legislaciones más avanzadas para proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia, ello no se ha traducido en una efectiva protección ni ha logrado detener la violencia contra ellas. Al contrario, en los últimos años, esta ha ido aumentando. Sin duda, hay una relación directa con la actual situación de violencia generalizada, pero ello no es excusa para no tomarse en serio la necesidad de redoblar los esfuerzos y combatir con mayor efectividad la que acecha a las mujeres. Las leyes son importantes, pero para que tengan sentido deben cumplirse, deben recibir castigo aquellos que las violan. En nuestro país, los altos niveles de impunidad de la que gozan muchos agresores de mujeres son el más claro signo del fracaso de las instituciones para hacer cumplir las leyes y proteger efectivamente la vida.

Es por ello que Naciones Unidas, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad salvadoreña para que rompan con las prácticas de discriminación de género y atiendan las profundas disparidades económicas entre unas y otros, factores que perpetúan los patrones de violencia contra ellas. Asimismo, el organismo señaló la necesidad de poner fin a la impunidad (propiciada por una cultura que dificulta el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas), proveer atención especializada a las víctimas y continuar con los esfuerzos orientados a contar con datos fiables y desagregados de estos casos. Finalmente, instó a mejorar la detección, atención, investigación, sanción y reparación del feminicidio, y a abordar este problema de una manera más enfática en la agenda nacional de seguridad pública.

Si El Salvador tiene la determinación de poner fin a la violencia de género y proteger realmente la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, debe poner fin a la impunidad que cubre a los victimarios. Para ello, debe reforzar toda la estructura de combate a estos delitos, trabajar con más intensidad para la aplicación de las leyes especiales para el sector y utilizar los instrumentos de políticas públicas que apoyen su implementación. Por eso es importante reforzar la instalación y funcionamiento de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres y los servicios que se brinda a las víctimas en las oficinas Unimujer-ODAC de la Policía Nacional Civil. Es necesario, por tanto, pasar de las buenas intenciones a un combate eficaz, a fin de hacer realidad el “Ni una más”.