Una universidad, una empresa, cualquier organización social que desee pervivir debe tener un proyecto de realización común. Un país, por supuesto, también lo necesita. La Constitución, además de una norma, es un proyecto de vida social y convivencia asumido por todos. Cuando se proclamó la independencia de Centroamérica, todavía no existía un proyecto de realización común. Gabino Gaínza, último representante del rey y primer gobernante de América Central, decía en bando el 17 de septiembre de 1815 lo siguiente: “La independencia proclamada y jurada el 15 de septiembre del corriente es solo para no depender de la península y poder hacer en nuestro país todo lo que antes solo se podía hacer en aquel”. Para que estas palabras tuvieran efecto, afirmó en el edicto, era necesario un “congreso nacional constituyente”, pues solo los representantes del pueblo podían establecer realmente un proyecto de realización común.
El 29 de junio de 1823, José Matías Delgado, en su discurso inaugural del congreso constituyente centroamericano, valoraba así la independencia: “Obtenemos el beneficio y aprovechamiento de los frutos, producciones y utilidades de nuestro suelo; con ella veremos restablecido el orden social (...) Yo me apresuro a felicitar a los pueblos que nos han constituido sus personeros (…), las puertas de este santuario siempre estarán abiertas para hacer el bien y evitar el mal, no entrará ni saldrá por ellas cosa alguna que ofenda los derechos del hombre”. Comienza ya en estas palabras del prócer a reflejarse un proyecto de realización común. Posteriormente, ese proyecto se plasmó en la primera Constitución centroamericana.
Algunos pasos, como la abolición de la esclavitud, propuesta por José Simeón Cañas, mostraron los fines humanistas, vinculados a los derechos de todos, de ese primer gran proyecto común. Lamentablemente, esas aspiraciones e ideales terminaron quebrándose por la incapacidad de los actores regionales de realizar el proyecto constitucional. Los pequeños países que fueron surgiendo iniciaron sus proyectos particulares de realización común, demasiado mediatizados por élites excluyentes, muchas veces enfrentadas entre sí y generadoras de guerras fratricidas.
Hoy, aunque poseemos formalmente una Constitución, nos podemos llevar adelante y con eficacia el proyecto de realización común llamado El Salvador. En el pasado centroamericano, divisiones e intereses sectarios contrapuestos bloquearon el proyecto que Matías Delgado calificaba de justo, feliz y prodigioso. Hoy, más que divisiones regionales, el freno lo ponen las dificultades para el diálogo, tanto económicas como ideológicas, sociales y partidarias. Esa realidad de empantanamiento de proyectos nacionales vuelve especialmente urgente un diálogo constructivo que toque temas de educación, convivencia pacífica, régimen fiscal y tributario, entre otros.
Modos históricos de proceder que se han venido perpetuando desde hace 50 o 60 años ya no son funcionales. Un nuevo proyecto es necesario. Acostumbrados al ejercicio de un poder poco dialogante, las fuerzas políticas salvadoreños están llegando a un impase que puede ser en muchos aspectos destructivo. El problema de las pandillas muestra ya los efectos que la exclusión y la marginación de un gran sector de la población generan. Diseñar proyectos de realización común en los campos educativo, laboral, de salud, medioambiental y de seguridad ciudadana es indispensable para tener un futuro digno. Sin esos acuerdos, nuestro país estará condenado a ser pasto de intereses, extranjeros o internos, semejantes a los de las mafias y los grupos criminales. Solamente acuerdos dialogados, fundados en el interés común y apoyados por todos, pueden garantizar una comunidad estable y libre.
En el mes de la independencia, que celebramos siempre con desfiles y pompa, es obligatorio reconocer que la independencia y la libertad solo son plenas cuando se posee la capacidad de formular planes nacionales y de realizarlos colectivamente. Es lógico que haya diferencias en pensamientos, ideologías y acercamientos prácticos a la realidad. Pero la capacidad de alcanzar acuerdos para proyectos de realización común es indispensable para poder hablar con sustento de independencia, libertad, democracia y futuro.