Reservas y más reservas de información

Casi desde sus inicios, el Gobierno de Bukele mostró la tendencia a reservar información pública de interés para la ciudadanía. Y no solo en casos de seguridad ciudadana, sino también en temas económicos o judiciales en los que no debería haber restricciones. El año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA señaló que tanto en el Ejecutivo como en los órganos legislativo y judicial se incumple continuamente la obligación de publicar información oficiosa. La reserva de información ya no es una excepción, sino la norma. Actualmente, en el sistema judicial destaca la reserva de información decretada para el caso de los acusados de homicidio pertenecientes a la comunidad de Santa Marta. A nivel del Ejecutivo, llama la atención la reserva de los acuerdos de cooperación interinstitucional entre la ASA y ANDA referentes a convenios con empresas constructoras.

El caso en Santa Marta se vincula a hechos acaecidos durante la guerra civil e involucra a exmiembros de la antigua guerrilla. Lo primero que salta a la vista es la diferencia en el trato que se le dispensa a los capturados en comparación con otros casos en que se acusa a militares. En casos como El Mozote y la masacre de la UCA no hay reserva de información y la mayoría de los acusados son juzgados en libertad, mientras que a los de Santa Marta se les mantiene en prisión. Decir que a estos últimos se les ha encarcelado dada la peligrosidad de la guerrilla a la que pertenecieron resulta absurdo, pues esa guerrilla hace muchos años que no existe. En contraste, el Ejército desempeña funciones en el campo de la seguridad que lo hacen, al menos técnicamente, más peligroso. Estas contradicciones siembran dudas sobre el caso de Santa Marta, en el que además se mezcla la problemática ambiental y las luchas contra la explotación minera.

Por otra parte, la reserva de información para los acuerdos ASA-ANDA en el terreno del “financiamiento de obras, actividades o proyectos de mejora en el servicio de agua y saneamiento a través de fondos provenientes del pago de cánones por uso y aprovechamiento de aguas de sistemas autoabastecidos” despierta enorme preocupación por lo que se viene observando desde hace años: las constructoras de viviendas y otras empresas no solo deforestan y crean problemas ecológicos, sino que amenazan el uso público del agua dañando reservorios y convirtiendo el agua en objeto comercial de altas ganancias. En un país como El Salvador, en el que el servicio público de agua tiene serias deficiencias, el tema debe estar sujeto al conocimiento y escrutinio ciudadanos para evitar mayores desigualdades y abusos.

Además de que impide el diálogo y despierta desconfianza, la ocultación de información suele ir acompañada de desinformación y propaganda manipuladora. En ningún sentido forma parte de un marco democrático de convivencia. En ese sentido, aunque se logre muy poco o nada, es importante seguir llamando a que las instituciones estatales cambien de actitud sobre este tema, empezando por el Instituto de Acceso a la Información Pública, hasta ahora escasamente operante.