Romper la brecha

En 2015, las naciones reunidas en la ONU decidieron trabajar, tanto conjunta como individualmente, para alcanzar, en el año 2030, 17 objetivos clave para el desarrollo sostenible. Estos objetivos pretenden, entre otros aspectos, poner fin a la pobreza y el hambre; garantizar la salud, el bienestar y el acceso a una educación de calidad; y asegurar la igualdad de género. Sin duda alguna, esta agenda para el desarrollo sostenible tiene el poder de transformar el mundo en beneficio de la humanidad. Algunos de los objetivos propuestos resultan evidentes y hay consenso en que están directamente relacionados con lo que hoy todos entendemos por desarrollo, pero otros, por su novedad, aún son debatidos. En este sentido, llama especialmente la atención el objetivo número diez, que propone la reducción de las desigualdades entre países y al interior de cada uno de ellos.

Para la ONU y los estudiosos del tema, la desigualdad es un verdadero freno al desarrollo. Y lejos de disminuir, se ha ido incrementado en las últimas décadas, concentrando la riqueza en cada vez menos manos. Así, el crecimiento económico no afecta a todos por igual ni supone una mejor distribución de la riqueza; no implica, pues, el desarrollo de toda la población. Los grupos más vulnerables siguen luchando sin lograr salir de la pobreza. Y esto ocurre también en El Salvador, donde cada año crece el número de multimillonarios y donde aproximadamente 200 personas acumulan una riqueza equivalente al 90% del producto interno bruto anual. Mientras, la tercera parte de la población no tiene acceso a lo mínimo.

Las grandes diferencias de oportunidades que se dan entre las zonas rurales y las urbanas es otro factor de desigualdad. A ello se suma que solo un 40% de nuestra población económicamente activa tiene un empleo decente, únicamente el 20% de los salvadoreños adultos mayores recibe pensión, solo 2 de cada 10 jóvenes completan los 12 años de escolaridad y dos millones de compatriotas viven en asentamientos precarios, sin servicios públicos de agua y saneamiento. La desigualdad también se expresa en que el salario mínimo no permite cubrir la canasta básica ampliada, las mujeres reciben sueldos más bajos que los hombres y la inseguridad afecta principalmente a los barrios más pobres de las zonas urbanas y rurales.

Es por ello que para El Salvador, uno de los países más desiguales del continente latinoamericano, el décimo objetivo de desarrollo sostenible es un enorme reto. Y lo es más porque las élites económicas y políticas se niegan a dar los pasos necesarios para reducir las brechas entre la población. Por ejemplo, al oponerse a los impuestos al patrimonio y el predial. La ONU afirma que no puede haber desarrollo sostenible en un país “si hay personas a las que se priva de oportunidades, de servicios y de la posibilidad de una vida mejor. La desigualdad alimenta la delincuencia, las enfermedades y la degradación del medio ambiente. La igualdad puede y debe lograrse a fin de garantizar una vida digna para todos. Las políticas económicas y sociales deben ser universales y prestar especial atención a las necesidades de las comunidades desfavorecidas y marginadas”.

El endémico bajo crecimiento económico y una política fiscal en la que la mayoría de los ingresos del Estado provienen del impuesto al consumo acentúan la desigualdad en nuestro país. Reducirla exige un cambio de rumbo. Tal como afirma la ONU, hay que “redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, e invertir más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables”. Se puede garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad en los ingresos si se eliminan las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y en su lugar se adoptan medidas que permitan la redistribución de la riqueza, con una política fiscal progresiva por la que paguen más los que más tienen, y se financian programas sociales para los sectores más desfavorecidos. Solo así se podrá romper la brecha entre la minoría que acapara la mayor parte de los ingresos y una mayoría que lucha día a día por sobrevivir.