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Distintos estudios y estadísticas del Ministerio de Salud permiten afirmar que en El Salvador la salud mental de la población es precaria. Ello a sabiendas de que hay subregistro, pues hablar del tema es tabú en nuestra sociedad, que suele tildar de “loco” y discriminar a quien sufre una enfermedad mental. Por esa razón, muchas personas que padecen algún trastorno psicológico no buscan el apoyo que requieren. En nuestra cultura todavía no se ha aprendido que los trastornos psíquicos y psicosociales deben ser tratados por especialistas, al igual que las enfermedades más comunes. Además, dada la casi inexistente atención a la salud mental en las instituciones públicas, muchos recurren a clínicas privadas, por lo que sus casos no se incluyen en las estadísticas oficiales.
Que el país tenga problemas de salud mental no debe extrañarnos. El difícil contexto en el que vive gran parte de la población lo explica. Los altos índices de violencia (incluyendo la intrafamiliar), la pobreza, la extrema dificultad de encontrar un empleo digno y la desintegración familiar son algunos de los factores que generan fuertes tensiones, situaciones de angustia y desesperación, las cuales en no pocos casos acaban afectando la salud física y mental. A ello se suma lo vivido durante el conflicto armado, las constantes violaciones a los derechos humanos de las que fueron víctimas cientos de miles de personas por más de una década y que dejaron huellas profundas en su salud mental. No en vano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfatizó en la necesidad de que El Salvador implemente un programa de atención psicosocial para ellas.
Según datos del Ministerio de Salud, apenas el 1% del presupuesto se destina a la atención de la salud mental y solo 66 especialistas trabajan en esa área. Mientras que en 2016 se atendieron poco más de cien mil personas afectadas de distintos tipos de trastornos psíquicos. El consumo de alcohol y drogas, la ansiedad, la depresión, la psicosis y los suicidios son las patologías más comunes en nuestro país. En 2015, el Ministerio registró 1,065 suicidios, y 914 el año pasado. Cifras que muestran que hay un problema que debe ser atendido adecuada y urgentemente.
Por mucho tiempo, las autoridades de salud le dieron la espalda a esta realidad. Así, no se desarrolló una red de atención a la salud mental en el sistema público que esté a la altura de las necesidades de la población. Pero poco a poco se van tomando las decisiones necesarias para cambiar la situación. Se formuló la Política Nacional de Salud Mental y se elaboró el plan correspondiente; se ha ampliado la atención en salud mental a 14 hospitales y 39 Equipos Comunitarios de Salud Familiar y Especializados; se han puesto en marcha los Centros de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que son de gran ayuda para prevenir y tratar los casos de alcoholismo y drogadicción.
Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Salud Mental, con lo que se respalda con un cuerpo legal el derecho a la salud mental. La Ley establece que toda familia que cuide personas con trastornos mentales y de comportamiento “tiene derecho a recibir asistencia, asesoría, orientación, capacitación y adiestramiento necesario”. Además, busca detectar de manera temprana la discapacidad intelectual, los trastornos mentales y de comportamiento, con énfasis en la prevención y control de adicciones y de toda forma de violencia. Manda desarrollar acciones para identificar a las poblaciones en situaciones de riesgo y obliga a que los servicios de salud general atiendan la salud mental, tengan disponibles profesionales en la materia y administren los psicotrópicos correspondientes.
Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Todavía no se destinan recursos humanos y materiales suficientes para el Ministerio de Salud y el Instituto del Seguro Social; recursos clave para el abordaje adecuado y masivo de la salud mental, para los tratamientos y la prevención. La implementación de la Ley requerirá, pues, de un importante incremento en el presupuesto de salud. Por otra parte, es fundamental y prioritaria la atención a la salud mental de niños y niñas, y para ello se necesita dotar a las escuelas de profesionales capacitados. Y hay que propiciar un cambio cultural en la población, de modo que se eliminen los prejuicios existentes y se rompa con la discriminación que sufren muchas de las personas con trastornos psicológicos.
