Transformar la economía para transformar El Salvador

El tercer estudio del Departamento de Economía de la Universidad sobre la realidad socioeconómica del país, correspondiente al segundo semestre de 2016, hace un profundo análisis desde una perspectiva social, es decir, teniendo en cuenta los efectos de la dinámica de la economía sobre la mayoría de la población y su calidad de vida. Esta visión no es común en El Salvador; las principales instituciones especializadas en el área se centran en las variables macroeconómicas, las cuales no consideran lo que ocurre en la vida de la gente. El estudio nos muestra los problemas de nuestra economía y su impacto en la sociedad, específicamente en el aspecto laboral, distribución del ingreso y finanzas públicas. A la vez, ofrece líneas maestras para resolverlos.

La economía nacional atraviesa un largo período de crisis fruto de decisiones equivocadas, tomadas en las últimas tres décadas por seguir modelos de acumulación que favorecen a un pequeño grupo de la población y limitan las posibilidades y oportunidades para las grandes mayorías. Se requieren, pues, cambios de fondo, como apostar por un modelo económico que permita una mayor distribución de la riqueza, algo a lo que se oponen las principales élites. Las apuestas que se hicieron en el pasado, supuestamente con el fin de dar un impulso a la economía, han fracasado, no arrojaron los resultados esperados. Se dijo que la dolarización, por ejemplo, generaría una avalancha de inversiones extranjeras y que las tasas de interés para los créditos serían mucho más bajas; ninguna de estas cosas ha ocurrido. Más bien, con el pasar de los años, la inversión extranjera ha ido disminuyendo y las tasas de interés se han incrementado.

Por otro lado, según lo prometido, la firma de los tratados de libre comercio traería mayores oportunidades de exportación para los productos salvadoreños, incrementando así los ingresos. Tampoco ha sucedido. Por el contrario, las importaciones han crecido a un ritmo mucho mayor que las exportaciones, disparándose así el déficit comercial. En los últimos años, esta situación ha mejorado un poco a raíz de la reducción de los precios del petróleo a nivel internacional. Pero, como afirma el estudio, “la dolarización y los tratados de libre comercio en lugar de reducir el déficit comercial lo han elevado y, por su parte, las inversiones privadas son insuficientes para generar una economía interna competitiva con el exterior, en una situación en la que se carece de política cambiaria”.

Todo ello tiene un impacto importante en el mercado de trabajo, que prácticamente se encuentra estancado. “La economía”, dice la investigación, “muestra un mercado de trabajo con una fundamental incapacidad de absorción que se vincula a una elevada migración de la población trabajadora y a una profunda precariedad expresada en una proporción muy alta de la población ocupada que se encuentra en actividades informales, bajo condiciones de subempleo, ocupándose por su propia cuenta, sin seguridad social, en empleos sin contrato, sin remuneración o en actividades que, incluso en el sector formal, generan unos ingresos laborales tan bajos que vuelven imposible cubrir las necesidades para mantener las capacidades laborales y humanas en las condiciones adecuadas para innovar y elevar la eficiencia, y para generar una demanda estimulante del crecimiento”.

A nivel de las finanzas públicas, las cosas no son muy distintas. Año con año se acumulan déficits que se cubren con deuda pública o que comprometen la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Si la necesidad de realizar un ajuste fiscal viene desde antes de 2006, hoy es una acción que debe tomarse con carácter de urgencia. La decisión de uno de los Gobiernos de Arena de eliminar el impuesto al patrimonio, lo cual, según sus asesores, debía estimular la inversión, favorecer que los capitales se quedaran en nuestro país y generar riqueza, no ha rendido frutos. Lo que tenemos es una recaudación de impuestos del todo insuficiente para realizar las inversiones que el desarrollo humano de los salvadoreños requiere. Para comenzar a andar en el camino de la justicia económica, es necesario aplicar políticas de potenciación de la economía a través de un proceso redistributivo que fortalezca la capacidad productiva de los trabajadores y la formación de un mercado interno robusto, incluido el laboral. Ello implica la elevación de los ingresos de los trabajadores y el incremento de la oferta de empleos, a fin de alcanzar una distribución más proporcional entre trabajo y capital, aumentar el crecimiento y elevar el producto per cápita.

El estudio del Departamento de Economía de la UCA deja claro que la crisis fiscal y previsional no se solucionará con medidas coyunturales; es apremiante formular y aplicar una solución permanente, acompañada de un proceso redistributivo del ingreso para que la economía beneficie a toda la población por igual. Solo así El Salvador saldrá del atolladero en el que se encuentra y empezará a avanzar hacia un desarrollo económico y social sostenible.