Violencia estructural, violencia estatal

Con la ley de extinción de dominio se dio un paso en la lucha contra el crimen que luego la Asamblea Legislativa quiso anular. Con distintos argumentos, ninguno de peso legal, le quitó fuerza a la normativa al impedir que la extinción de dominio se llevara a cabo antes de la finalización del juicio por apropiación indebida de bienes. Además, la afirmación inicial de la ley, correcta moralmente, de que en El Salvador solamente el trabajo legal y decente garantiza la propiedad de la riqueza, quedó tirada al basurero de la corrupción al introducirse una prescripción que garantiza que lo robado o lo adquirido a través del crimen se legalice al cabo de diez años. Afortunadamente, todo ello ha sido puesto en entredicho por la Sala de lo Constitucional. Pero la acción de los legisladores, al dar posibilidades de impunidad a corruptos y delincuentes, abonó a la violencia estructural del país.

Por otra parte, se están dando casos de violencia por parte de las fuerzas del orden que nos alejan del Estado de derecho. Hace dos meses, unos policías asesinaron a un sordomudo y le acusaron falsamente de haberles disparado. Este es solo uno de un tipo de hechos que se van multiplicando bajo la responsabilidad de una dirección policial que no investiga con seriedad lo que hacen sus agentes, y bajo la responsabilidad también de una Fiscalía que con demasiada frecuencia acepta sin crítica la versión policial. En buena medida, los crímenes de esta clase se reproducen a causa de unas políticas de mano dura impulsadas por las jefaturas de la Policía y algunos políticos con cargos representativos en el Gobierno. El vocabulario guerrerista no miente.

Ya hace algunos años se escuchó decir al actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública que quien dispara a un policía muere. Y hace unos días, el funcionario mostró las celdas de la cárcel de Zacatecoluca, semejantes a mazmorras de castigo, a donde irán a parar los que disparen contra efectivos policiales o del Ejército. En la misma línea, el Director de la PNC, imitando quizás al fanático y desbocado Presidente estadounidense, habló de lanzar una lluvia de fuego contra los delincuentes que se enfrenten a la Policía. Este lenguaje duro por parte de las autoridades, que lo prefieren a insistir en la investigación y persecución del delito, abona al clima de violencia y maltrato desde el Estado. Ciertamente, quien mata a un policía debe tener una condena de cárcel más severa. Pero insistir en castigos de especial dureza dentro de la cárcel suena a tratos crueles o degradantes.

La ratificación del protocolo adicional a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras medidas, ayudaría al Gobierno a controlar mejor la violencia de algunos agentes de la Policía. Mientras florezca y se arraigue más el lenguaje guerrerista y el castigo cruel, el avance hacia modos civilizados de combatir el crimen dormirá en el plácido sueño de la irresponsabilidad política. No por casualidad El Salvador es el único país centroamericano que no ha ratificado el mencionado protocolo.

La violencia estructural siempre ha sido fuente de delincuencia violenta. La necesidad urgente y no debidamente implementada de invertir más en educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, entre otras necesidades populares, refleja deudas tradicionales que afianzan la injusticia estructural. Injusticia que, como decimos, es una forma de violencia. El liderazgo de la empresa privada y los funcionarios gubernamentales (tanto los actuales como los anteriores) no parecen entender esto, a pesar de que suelen acudir a un discurso favorable a los cambios. Incluso un precandidato presidencial de Arena, hasta hace poco titular de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ha dicho que ve necesario reducir algunos impuestos. La marcha atrás es una tentación permanente en algunos dirigentes.

Por supuesto, estamos de acuerdo en que se desarrolle la persecución del delito. Incluso aceptamos el endurecimiento de penas en algunas circunstancias. Sin embargo, la epidemia delincuencial no podrá superarse mientras haya leyes y tendencias institucionales que protegen delitos de cuello blanco, y discursos que alientan a la violencia a las fuerzas del orden, en vez de promover la persecución inteligente y civilizada del crimen. La Asamblea Legislativa acaba de prohibir los matrimonios infantiles, y antes, la minería metálica. Son buenos pasos de orden estructural. Pero aún queda mucho por hacer. Combatir y frenar la violencia estructural es indispensable. Y ello pasa por controlar el uso de la fuerza y del lenguaje violento en las autoridades encargadas de la seguridad y de la construcción de la paz social