Zelaya, regreso sin democracia

La tarde del domingo 29 de mayo regresó a Honduras el expresidente Manuel Zelaya, después de que el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 lo derrocara y lo mandara al exilio. Zelaya llegó procedente de Nicaragua en una aeronave de Petróleos de Venezuela; en un segundo avión arribó la comitiva que lo acompañaba. Miles de seguidores del exmandatario lo esperaron en las afueras del aeropuerto de Toncontín, Tegucigalpa, celebrando su regreso como una auténtica victoria. Desde un principio, las grandes empresas mediáticas hondureñas vieron con recelo el arribo y hoy alertan sobre la división nacional que puede causar este suceso. Mientras tanto, la mayoría del pueblo hondureño ve pasivamente y sin involucrarse tanto las muestras de apoyo como las de rechazo al regreso de alguien que, sin duda, será nuevamente un actor protagónico en la dinámica de su país.

El caso del expresidente Zelaya es un excelente ejemplo de que la diplomacia puede producir arreglos sin tomar en cuenta la legalidad y la realidad. El regreso de Zelaya ha sido posible gracias a la negociación entre el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el mismo Manuel Zelaya, impulsada por los presidentes de Colombia y de Venezuela. En pocas palabras, el acuerdo se reduce a permitir el regreso de Zelaya a cambio de la readmisión de Honduras al seno de la OEA. Esto último se materializará en la próxima Asamblea General de la Organización, a realizarse del 5 al 7 de junio en nuestro país.

El acuerdo firmado para el retorno de Honduras a la OEA contradice una resolución del propio organismo, que declaró que no reconocería ningún Gobierno que surgiera de una ruptura del orden constitucional. Peor aún, algunos de los militares de alto rango que participaron directamente en el golpe de Estado, lejos de haber sido juzgados, tienen cargos claves dentro del Gobierno de Porfirio Lobo. Además, la decisión de readmitir a Honduras no toma en cuenta numerosos informes que condenan la violación a los derechos humanos, tal como lo ha señalado la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo interno de la OEA.

Pero más allá de contradecirse a sí misma, lo más preocupante de la decisión de la OEA es haber cerrado los ojos a la situación que actualmente vive el pueblo hondureño. Desde el golpe de Estado, 13 periodistas han sido asesinados sin que ninguno de esos casos haya sido investigado. En el mismo período, según el Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), más de 200 personas pertenecientes al Frente Nacional de Resistencia han muerto por su opción política. Tampoco ninguno de estos casos ha sido investigado y, según el COFADEH, las autoridades han disfrazado los asesinatos políticos de delitos comunes. Y a esta lista se suma la represión con la que el Gobierno de Lobo responde a cualquier tipo de disidencia.

En definitiva, el regreso de Zelaya de ninguna manera significa el regreso de Honduras a la democracia, como lo afirmó el rotativo español El País. A lo sumo, Zelaya representa para sus seguidores la posibilidad de seguir luchando por la transformación del país a través de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero nada más.