Año nuevo, viejos vicios

En los últimos días de diciembre, la Asamblea Legislativa tuvo en sus manos la oportunidad de dar al pueblo salvadoreño un regalo histórico, capaz de resolver una crisis hídrica que ha amenazado desde hace décadas la viabilidad de nuestro país y de la vida misma de la ciudadanía. No obstante, los diputados y diputadas de Nuevas Ideas optaron por la aprobación de su Ley General del Recurso Hídrico, iniciativa seriamente cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil por su incapacidad de resolver la crisis hídrica en El Salvador, por su tendencia a favorecer los intereses de la gran empresa sobre las comunidades pobres y por el peligro que genera de privatización del agua.

La Ley General del Recurso Hídrico, aprobada por la Asamblea Legislativa, ignora más de 16 años de lucha en defensa del agua con amplia participación ciudadana, con propuestas legislativas construidas con base en estudios científicos, consultas con expertos nacionales e internacionales, sondeos de opinión pública, análisis social y político, concertaciones diversas y procesos perseverantes de incidencia política.

Desde 2006, organizaciones sociales, con el apoyo de las iglesias, movimientos ambientalistas, juntas de agua, instituciones académicas, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores claves de la sociedad civil han luchado para lograr la aprobación de una Ley General de Aguas capaz de asegurar la buena gobernanza en el sector hídrico y que garantice el acceso al agua de forma equitativa, eficiente y sostenible. Dicha ley debía estar basada en cinco principios fundamentales: el reconocimiento del agua como derecho humano, la gestión pública del recurso hídrico, la participación amplia de la ciudadanía, un enfoque de cuenca y justicia económica y financiera.

La actual crisis de agua en El Salvador tiene una complejidad de factores, pero las causas principales son la sobreexplotación y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas ocasionada, en parte, por grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, y por la falta de políticas públicas, programas y prácticas para controlar estos abusos. La buena gobernanza del agua empieza con el reconocimiento de esta como bien común y como derecho humano.  El agua es fuente de vida y todos y todas tienen el derecho de tener acceso a este vital líquido en condiciones equitativas.  Si el agua es un derecho humano, es obvio que debe ser gestionado por un ente rector público estatal. A la vez, se necesita la participación amplia de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la gestión del agua, tanto a nivel nacional como a nivel local o de cuenca. Este principio debe enfatizar el papel de las mujeres, principales víctimas de la crisis del agua.

Para superar la actual crisis de agua en El Salvador, cualquier ley de agua necesita un enfoque de cuenca para asegurar la gestión integral del recurso hídrico (GIRH), que considere la situación de los bosques, suelos, aire, fauna, actividades económicas en la cuenca y del impacto de todos estos factores en los bienes hídricos.  Finalmente, si el agua es un derecho humano, su acceso no debe estar determinado por los privilegios de clase o estatus social. 

Sin haber tomado en cuenta estos principios en el articulado de la recién aprobada Ley General del Recurso Hídrico, los diputados y diputadas de Nuevas Ideas garantizaron que las empresas de la oligarquía y de las corporaciones transnacionales sigan  sobreexplotando y contaminando las aguas del país. Los ríos, lagos y acuíferos más estratégicos en El Salvador se seguirán secando y contaminando, continuarán perdiendo caudal y sus niveles freáticos también disminuirán.

Las grandes empresas constructoras seguirán obteniendo los permisos ambientales para sus proyectos de vivienda de lujo, con piscinas, con campos de golf y con centros comerciales en zonas estratégicas de recarga hídrica. Las corporaciones transnacionales seguirán vaciando fuentes de agua potable, como el acuífero de Nejapa, los grandes productores de caña seguirán extrayendo enormes cantidades de agua para riego en zonas rurales que ya sufren de estrés hídrico, las fábricas contaminantes seguirán amenazando las fuentes de agua de cientos de comunidades rurales y urbanas, tal como ocurrió con el caso de Baterías Récord. Las mujeres seguirán arriesgando sus vidas para salir a tempranas horas a buscar agua para sus familias. Los  líderes comunales defensores del agua seguirán siendo perseguidos y encarcelados, como el reciente caso de la Hacienda La Labor  y miles de comunidades del país que no tienen acceso al agua ni esperanza de soluciones duraderas, ahora contarán con pocas opciones, además de la calle, para protestar. En lugar de ofrecer un regalo de esperanza y tranquilidad para el 2022, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, sin poder de decisión propia y sin voluntad política para buscar nuevos horizontes para nuestro país, nos han dado, una vez más, lo mismo de siempre.

* Andrés Mckinley, especialista de la UCA en temas de agua y minería. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 75.