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El pueblo salvadoreño, como el de otros países de Centroamérica, ha vivido o sigue viviendo una desilusión generalizada de la política. La razón es sencilla, los modos de organizar la sociedad y la economía y los partidos políticos que se han turnado en los gobiernos, no han ayudado a resolver los grandes problemas que afectan la vida de millones de personas. Lejos de esto, los gobiernos han administrado el Estado para beneficiar a élites políticas o económicas, empeorando, con su corrupción, las condiciones de vida de la gente. Un elemento que podría resultar positivo de esta situación es que la gente se hartó de ser utilizada para llegar al poder, pero también el descontento generalizado la hizo tierra fértil para el aparecimiento de caudillos, de mesías, de grupos que, con ropaje de ser distintos, obtienen el voto de la población y al llegar al poder, desvelan su verdadero rostro. Comienzan a gobernar con otro proyecto elitista y frecuentemente violando derechos humanos, desmontando la institucionalidad democrática y los mecanismos de participación y contraloría social. Lo que se ha conocido como democracia, no ha resuelto la vida de la mayoría de la gente, y otros proyectos que se presentaron como alternativos, también fracasaron. Honduras y Nicaragua pueden dar fe de lo anterior. Guatemala y El Salvador parece que repiten el libreto. ¿Qué nos queda?
Samuel Moyn, abogado e historiador estadounidense, ha dicho que la última utopía que le queda a la humanidad son los derechos humanos. Como los conocemos, los derechos humanos no nacieron en este tiempo, se erigieron ante la sociedad entera después de las atrocidades de la segunda guerra mundial, se cristalizaron en la conciencia moral de las personas, tanto en Europa como en América Latina, en los años setenta del siglo pasado. Pero han sido reivindicados como causa suprema precisamente por la “desilusión generalizada con formas anteriores y hasta entonces más inspiradoras de idealismo que estaban fracasando”1. Es decir, los derechos humanos aparecieron solo con posteridad al fracaso de otras utopías.
Los derechos humanos son universales, todo el mundo los acepta, aunque del discurso a la realidad haya un abismo. Es más, están en la mayoría de constituciones nacionales, independiente de la ideología y del color político de los gobiernos. Por eso, los derechos humanos se constituyen en uno de los últimos rescoldos que quedan para aspirar a la construcción de un mundo más justo, incluyente y solidario.
Que el respeto de los derechos no sea la carta de presentación de nuestros países, no debería ser motivo para el desánimo, al contrario, debería impulsar el trabajo por su defensa y promoción. El Salvador, desde fines de los años ochenta, ha sido presa del modelo neoliberal que tiene dos grandes víctimas: a las personas, sobre todo a los que tienen menos ingresos, y al medio ambiente. De acuerdo a los especialistas, en el mundo, el mayor logro de esa doctrina ha sido concentrar la riqueza en pocas manos y hacer más grande la desigualdad. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, están reconocidos en la Constitución de la República, sin embargo, cada día un promedio de 300 compatriotas salen con rumbo al norte para buscar allá una vida que en su propia tierra se les niega; casi el 80% de las viviendas en donde habitan las familias salvadoreñas carecen de elementos indispensables para sostener la vida., lo que representa el déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo; aproximadamente el 70% de la Población Económicamente Activa no tiene acceso a un empleo formal ni a un salario digno ni a seguridad social. Más de 4 millones de salvadoreños acuden a la red hospitalaria pública que adolece de muchas deficiencias. Y para colmo, las grandes apuestas económicas de los gobernantes actuales son esencialmente neoliberales (bitcóin, bitcóin city, asocios público privados, etc…) La pandemia de covid-19 vino a agudizar esta situación. Golpeó a la economía del país y a la de las familias, aumentó la deserción escolar y fue ocasión para la corrupción, apuntalar el militarismo y violar derechos humanos elementales.
Por eso, luchar por los derechos humanos es un campo propicio para luchar por las aspiraciones humanistas. Cuando un gobierno o un presidente diga que trabaja por el pueblo, hay que cotejar esas palabras con la situación de la gente, con el respeto a sus derechos. Si se viola la libertad de expresión y de prensa, el derecho al trabajo, si no se respetan las leyes, los discursos son falsos. Los derechos humanos son los límites al poder; si un gobierno los viola, pierde legitimidad. Y aunque se violen, continúan siendo la referencia para exigirlos. Los derechos humanos son un gran instrumento de creación de conciencia y un ámbito de lucha para la incidencia social y política. Probablemente no se esté de acuerdo con ideologías o inclinaciones políticas o partidarias, sin embargo, es más fácil coincidir en la necesidad de respetar los derechos de todas las personas. Probablemente haya diferencias en la valoración de un gobierno o de un presidente, pero seguramente habrá mayor sintonía si vemos la realidad y comprobamos cómo se están respetando, o no, los derechos de la gente.
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Referencia
1. Se puede ver a Moyn S. (2014), El Futuro de los Derechos Humanos, https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33842.pdf
* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 80.
