Apuestas erróneas

En días recientes, la Revista Factum publicó un reportaje sobre los costos de la implementación del bitcoin en El Salvador. En la publicación se reveló que el Gobierno salvadoreño gastó alrededor de $4.7 millones para el desarrollo del software de la Chivo Wallet y para el funcionamiento y mantenimiento de 255 cajeros Chivo. Pese a la millonaria inversión, y tras más de un año desde que la ley bitcoin entró en vigencia, es más que evidente que esa apuesta gubernamental no resultó como se esperaba. De hecho, la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reveló que esta es la medida más impopular del gobierno de Bukele, pues 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del bitcoin en el país ha fracasado¹. Pese a ello, el presidente Bukele anunció el pasado 17 de noviembre, que El Salvador compraría un bitcoin diario a partir del 18 de noviembre.

La insistencia en mantener a flote un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de la población revela que la intención es favorecer intereses económicos de grupos cercanos al presidente de la República. Pero mientras se continúa derrochando dinero para mantener la circulación del bitcoin en el país y mientras se continúan privilegiando las apuestas económicas de grupos empresariales cercanos al poder Ejecutivo, el año se acerca a su fin con otras serias problemáticas que han quedado desatendidas o no son han sido prioridad para el Gobierno. No es ocioso insistir en ellas, pues tienen que ver, nada más y nada menos, que con el sostenimiento de la vida de la población. En El Salvador miles de personas no cuentan con ingresos suficientes para comprar alimentos. Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), unas 60 mil personas afectadas por la pandemia de covid-19 y por fenómenos climáticos han recibido asistencia alimentaria por parte de organismos internacionales en distintos municipios de siete departamentos del país.  Sobre esta problemática, ya varias organizaciones sociales han llamado con sentido de urgencia al gobierno para que priorice la producción de alimentos a nivel nacional debido al encarecimiento de la canasta básica y al impacto en los cultivos, ocasionado por los fenómenos climáticos.

En la misma línea, durante la última semana, organizaciones que promueven el derecho humano al agua han denunciado que el presupuesto para el año 2023 asignado a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) destina muy pocos recursos para la gestión del agua. Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron que, de $17.4 millones asignados a la ASA, solo $735,791 se utilizarán para financiar la gestión hídrica, mientras que $5.2 millones se destinarían al pago de salarios. Por su parte, la Mesa contra la Minería Metálica denunció que el proyecto de presupuesto general del Estado 2023 excluye los rubros presupuestarios destinados al cierre técnico de minas y a la reconversión de la minería artesanal y a la remediación ambiental de los impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras. Curiosamente, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, denunció la existencia de proyectos mineros cercanos a las fronteras salvadoreñas que “atentan contra nuestros ecosistemas, y nuestra soberanía. Hacemos el llamado a la solidaridad, la cordura y las buenas prácticas”. Sin embargo, a nivel de país, ha quedado demostrado que se han hecho muy pocos esfuerzos para frenar las amenazas de la minería metálica. Por ello, en medio de la discusión del presupuesto general del Estado para 2023, no queda más que seguir insistiendo en que hay problemáticas que no se resuelven con promesas o con propaganda, se resuelven destinando un presupuesto justo para atenderlas y eso no está ocurriendo.

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Referencias:

1. Ver boletín: La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción, disponible en https://uca.edu.sv/iudop/publicacion/encuesta-sobre-coyuntura-nacional-2/

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 112.