Derechos humanos: 200 años de vulneración

Las graves violaciones a los derechos humanos de nuestros pueblos se remontan hasta la época de la conquista y la colonia. El violento etnocidio, la destrucción de la cultura indígena, el saqueo de los bienes naturales, la esclavitud y la imposición de una cultura extraña están suficientemente documentados. La independencia de Centroamérica no supuso un cambio radical de esa situación. El contexto mundial de la época influyó en lo que sucedió después en la región. La Revolución Industrial que inició a mediados del siglo XVIII, la Revolución Francesa de 1789, la crisis de la monarquía española de Fernando VII y, en especial, la promulgación de la Constitución española (Constitución de Cádiz) de 1812, que se fundamentó en principios como la soberanía nacional, la división de poderes y el reconocimiento de derechos civiles y políticos, ejercieron gran influencia en los movimientos independentistas.

En los relatos sobre los movimientos insurreccionales que iniciaron en 1811, siempre se destacó a los criollos y los próceres patriotas, mientras se invisibilizó a los ladinos e indios que fueron mayoría y motores de la insurrección, como lo sostiene el antropólogo Alejandro Dagoberto Marroquín. En realidad, lo que buscaban los hijos de los españoles era el control político y económico de los nuevos Estados, algo que contradecía los postulados del Constitucionalismo hispano que estaba vigente y que establecía la igualdad ante la ley entre los diversos grupos sociales. Con la Independencia, firmada el 15 de septiembre de 1821 y ratificada el 24 de junio de 1823 por el Congreso constituyente presidido por el sacerdote José Matías Delgado, las mayorías populares, ladinos e indios, además de invisibilizados, fueron excluidos y muy pronto despojados de sus tierras ancestrales por la nueva élite liberal. Si bien es cierto, la primera Constitución de 1824 reconocía garantías individuales como la libertad personal, la propiedad, la seguridad e igualdad, pero, en la práctica, no se cumplieron para las mayorías populares.

Las élites liberales pusieron el Estado a su servicio, lo que dio origen a la burguesía cafetalera que legalizó el despojo de la tierra de los pueblos originarios y reprimió cualquier lucha reivindicativa y el reclamo por la defensa de sus derechos humanos. El 2 de marzo de 1882, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Extinción de Ejidos porque, según se argumentó, esta forma de tenencia era un obstáculo que anulaba los beneficios de la propiedad y el desarrollo de la agricultura. En este sentido, el modelo agroexportador promovido por la burguesía cafetalera que concentró la propiedad de las tierras en unas cuantas familias requería de un Estado guardián altamente represivo para controlar y reprimir los descontentos populares. Así nació, por ejemplo, en 1912 la Guardia Nacional, defensora de los intereses de la oligarquía y uno de los cuerpos represivos más violadores de los derechos humanos, junto al Ejército y los demás cuerpos de seguridad. En esta misma línea, hay que decir que los sectores excluidos y reprimidos, poco a poco se fueron organizando y exigiendo el goce de sus derechos civiles, políticos y sociales y una mayor participación en la toma de decisiones del Estado. Pero las élites de nuestro país respondieron siempre con más represión. Un hecho doloroso en nuestra historia fue el etnocidio de 1932, en el cual fueron eliminados muchos campesinos indígenas, bajo el pretexto y la consigna de la lucha contra el comunismo que dio inicio a una dictadura militar, pero que siempre estuvo al servicio de las élites económicas. Los gobiernos militares perduraron por más de 40 años y dieron pie a una sistemática persecución de sectores que luchaban por la justicia social y fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Muchas de estas violaciones ahora son tipificadas como crímenes de lesa humanidad y hasta ahora sus víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Con la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, El Salvador tuvo la oportunidad de refundar el Estado, con base en el respeto y la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, los gobiernos de ARENA, que representaban a los intereses de la nueva oligarquía capitalista, prefirieron fomentar una política de silencio, olvido e impunidad. Además, se continuó con la cultura de despojo y se privatizaron los bienes del Estado en beneficio de las nuevas élites económicas. Por su parte, los gobiernos del FMLN, que gobernaron durante diez años, fueron incapaces de impulsar reformas estructurales en el Estado que permitieran el pleno goce de los derechos humanos de la población. Sus dirigentes prefirieron llevar la fiesta en paz con las élites dominantes y algunos de ellos se conformaron con las migajas económicas que les ofrendaron.

Ahora tenemos un nuevo gobierno que ha prometido impulsar “nuevas ideas” en favor de la población. Sin embargo, los signos que vemos no son esperanzadores. Más bien parecen viejas y malas ideas que ya se han ejecutado en el pasado: control total del poder, cierre de espacios de participación, persecución política a la disidencia, prácticas represivas con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, ausencia de rendición de cuentas y continuar con el despojo de nuestros pocos bienes naturales como el agua.

Esta ha sido la historia de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de nuestra población, pobre y excluida en este bicentenario. Nos queda mucha lucha y camino para construir una sociedad con justicia social, que nos permita vivir en reconciliación y en paz.

* Lucio Reyes, máster en derechos humanos. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 60.