Dos premisas, dos desafíos

Aunque no oficialmente, el país ya ha entrado en el “modo electoral” desde que el presidente anunció su intención de reelegirse. No importa que la reelección continua sea inconstitucional, el argumento de fondo es que el pueblo lo quiere y los intentos de justificar jurídicamente el entuerto a la Constitución han sido infructuosos sobre todo después de la aparición del artículo escondido. La verdad es que el presidente tiene todo para reelegirse o casi todo. Tiene a sus pies a la Sala de lo Constitucional, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo Electoral, a las instituciones castrense y policial y, por supuesto, la incondicional de la mayoría de los y las diputadas. Lo único que le falta es la razón y la ley, pero esto carece de importancia en el ejercicio actual del poder.  

Dadas las circunstancias y de acuerdo a las encuestas de opinión, los partidos políticos de oposición no tienen posibilidades de disputar la hegemonía que ejerce el presidente de la República ni el predominio del partido oficial y sus adláteres en la Asamblea Legislativa. Según los números, en las presidenciales no tendrían ninguna posibilidad compitiendo cada uno por su lado. De competir juntos, la posibilidad de disputar la primera magistratura es también muy remota, pero menos que de hacerlo por separado. Por esta realidad, algunos políticos de oposición se decantan por no competir en las elecciones presidenciales. Se escuchan dos razones: la primera es que de hacerlo estarían legitimando la candidatura del actual presidente que es inconstitucional; la segunda, que la batalla está perdida. Reforzando esta postura se esgrime el argumento de que lo estratégico en las próximas elecciones es disputar la mayoría en el hemiciclo legislativo pues, de no tenerla el presidente, no hubiera podido hacer todas las transgresiones a la ley e imponer su voluntad sobre prácticamente toda la institucionalidad pública. En las elecciones legislativas y municipales la oposición tendría más oportunidad, sobre todo de competir por las alcaldías debido al desencanto de mucha población por la inacción, propiciada por el mismo poder Ejecutivo, de los y las nuevas ediles del partido oficial que no han podido hacer mayor cosa por sus municipios.

Pero lo que está en juego en el país en esta coyuntura no son solo la presidencia, los curules legislativos o parlacentistas y los municipios. Para muchos analistas lo que se jugará en el año 2023 y en las elecciones de 2024 es la evolución de la evidente deriva autoritaria hacia una dictadura. El gobierno y sus voceros están preparando el terreno para “gobernar” por largo tiempo al país para lo cual deben consolidar el control absoluto del poder, es decir, el totalitarismo. Según estos estudiosos de la dinámica política, muy probablemente las elecciones del 2024 sean las últimas que se realicen en un marco democrático de disputa del poder. Otros piensan que los signos de fraude electoral, sobre todo a través del voto electrónico, amenazan seriamente la integridad del proceso electoral.

En este momento histórico que vive el país, los sectores sociales organizados que han protagonizado las expresiones de oposición de diversas maneras, pero de forma fragmentada, pueden jugar un rol protagónico. Los partidos políticos de oposición también deben entender que, sin una demostración contundente de cambio y escucha hacia los clamores de los sectores populares, ninguna propuesta tendrá eco en la población. En ambos casos, el de los sectores sociales organizados y el de los partidos políticos con vocación democrática, la única salida con alguna posibilidad de contrarrestar la deriva autoritaria es la unidad de ánimos. No es un planteamiento el que está en disputa, ni unos intereses sectoriales o gremiales, lo que está en juego es el futuro del país y tener la oportunidad de seguir luchando por esos intereses. Como ya han advertido muchos y muchas defensoras de derechos humanos, lo que está en juego es el derecho a defender derechos.

En este contexto, hay dos premisas de sobra conocidas, pero que no han sido dimensionadas por estos sectores. La primera, adjudicada al emperador romano Julio César, también a su homólogo francés, Napoleón Bonaparte, es “divide y vencerás” o su equivalente “dividir para reinar”. La frase es una estrategia para ganar y mantener el poder a través de la ruptura en fracciones de actores que tienen menos energía en su aislada individualidad. Esta técnica permite a un poder central, que puede ser un gobierno autoritario, compuesto por un reducido grupo de personas, gobernar y dominar a una población mucho más numerosa y de forma relativamente fácil. “Divide y vencerás” ha sido aplicado muchas veces y su éxito está documentado en la historia, especialmente en casos de sociedades fragmentadas y con divisiones entre los diversos sectores. Lamentablemente muchos sectores sociales, gremios, organizaciones populares están atrapados en la autocomplacencia de pensar que trabajando y luchando solos podrán rescatar al país. No han caído en la cuenta que un muro que no puede derribar uno, lo pueden tumbar 10 si se ponen de acuerdo. La otra frase es la otra cara de la moneda de la anterior y tampoco parece haber sido dimensionada por hombres y mujeres organizadas. “La unión hace la fuerza” ha sido repetido millones de veces en el mundo y en el país, pero su realización no ha cobrado realidad muchas veces. Nadie está diciendo que es fácil trabajar con otros, pero las ventajas de trabajar juntos, en equipo, también están perfectamente demostradas. Casi nadie niega el hecho de que dos o más cabezas piensan mejor que una, pero no muchos lo ponen en práctica, refugiándose en purezas ideológicas o doctrinarias. “La unión hace la fuerza” funciona de verdad cuando el todo es mayor que la combinación de sus partes y cuando sumar significa multiplicar. Solo en la conjunción de las diferencias y las distintas capacidades y experticias, se aporta valor a un colectivo, cuando el enfoque está en lo que une y no en lo que separa. Pero los sectores organizados no han terminado de entender la situación límite que vive el país y, al no hacerlo, no se dan cuenta de que están hipotecando su misma existencia, como ha sucedido aleccionadoramente en la vecina Nicaragua.

La situación actual y lo que se juega en el país -o mejor dicho el país que se juega- merece supeditar los intereses individuales y sectoriales al interés nacional. Está claro que la candidatura a la reelección es inconstitucional, pero no se puede privar a la creciente población descontenta con la actual gestión la posibilidad de votar por otra alternativa. Además, en un país presidencialista en el que la elección presidencial condiciona el voto de la elección legislativa (por esta razón el oficialismo ha puesto estas dos elecciones en el mismo día), una alternativa nacional pudiera dar cohesión y peso a candidaturas más territoriales.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 111.