Doscientos años de ciudadanía

A un año de conmemorar el bicentenario de la independencia centroamericana, más allá de los festejos que seguramente ocuparán buena parte de la atención, es también un buen momento para hacer un balance de cuánto hemos avanzado en el camino por construir una República independiente y una ciudadanía empoderada. El período que va desde la crisis de la monarquía española hasta la fundación de la República Federal (1808-1824) trajo consigo cambios en la condición de sus habitantes. Los derechos políticos emanados en Europa con la Revolución Francesa llegan a la América Hispana con la Constitución de Cádiz de 1812 y son reafirmados por la legislación federal de 1824. Conviene reflexionar brevemente cuál ha sido el camino para hacer efectivos esos derechos a lo largo de casi 200 años.

El derecho al voto, a la representación política y la igualdad jurídica significó el tránsito del absolutismo monárquico a un gobierno representativo y constitucional, pero con limitaciones. La constitución Federal reconoció el derecho generalizado de ciudadanía a todos los varones del territorio centroamericano, excluyendo a las mujeres. Hacia 1841 la constitución del Estado salvadoreño impuso restricciones censitarias a este derecho: para ser ciudadano se tenía que ser mayor a veintiún años, padre de familia o cabeza de casa, saber leer y escribir y contar con la propiedad que designara la ley.

Diversas prerrogativas limitaron la ciudadanía durante todo el siglo XIX. Esto aseguraba que en última instancia el poder continuara en manos de una élite propietaria. Fue hasta la constitución salvadoreña de 1950 que se otorga la ciudadanía universal sin distinción de sexo o condición económica, a todos los salvadoreños mayores de 18 años y por primera vez fue reconocido el derecho de sufragio de las mujeres. Posterior a ello se han realizado reformas al sistema electoral con miras a fortalecer la representación de todos los sectores y dar garantías democráticas. Por ejemplo la Ley de representación proporcional del poder legislativo de 1963 y las reformas al sistema electoral en 1992. Aunque en la actualidad se puede discutir la transparencia de los procesos, no se puede negar que el sistema electoral del siglo XXI permite la representación de todas las formas de pensamiento y la alternabilidad en el poder.

Pero la ciudadanía también puede entenderse desde la conquista de la libertad de expresión. La opinión pública como la libertad de un individuo a expresar su postura o pensamiento frente a determinado hecho de interés social fue también un derecho ganado con la constitución de 1812; pero fue hasta 1820 que aparecen los primeros periódicos no gubernamentales en Centroamérica: El Editor constitucional y El amigo de la Patria. Desde entonces se discutirán problemáticas económicas y la posibilidad de nuevas formas de gobierno desde los diversos medios impresos. No obstante, este derecho ciudadano era limitado por el poder de la iglesia, la cual, a través del Concordato con el poder civil (1862), podía censurar publicaciones que atentaran contra la moral y la fe cristiana. Es hasta 1886 que el decreto de libertad de imprenta permitió la publicación de textos y opiniones laicas.

En el campo político, los gobiernos del siglo XX censuraron el derecho a la libertad de expresión hacia aquellos sectores considerados enemigos políticos. En efecto, durante los regímenes militares y el conflicto armado de la década de 1980 el principal sector que fue objeto de censura fue la oposición (sindicatos, asociaciones universitarias, magisteriales y campesinas, comunidades eclesiales de base, partidos de izquierda, etc.). Se tuvo que esperar hasta los Acuerdos de Paz de 1992, para hacer efectivo el libre ejercicio de todas las ideologías y el derecho a manifestar posturas y opiniones políticas sin miedo a la censura o a la represión del Estado. En el siglo XXI la ciudadanía ha ganado mucho terreno con las nuevas tecnologías de la información que facilitan el acceso a diversos contenidos; sin embargo, el poder político aún ejerce ciertas prácticas de violencia contra el ejercicio libre de la expresión. Esto se evidencia en la descalificación de la opinión disidente y en el uso a conveniencia de la desinformación.

Para algunos todavía no queda clara la importancia que tuvo el proceso de independencia en las sociedades centroamericanas. Pero uno de los cambios de mayor trascendencia fue el paso de ser vasallos de un rey absoluto a ser ciudadanos de una república. Ello puede sonar a simple retórica; no obstante, significaba dejar de seguir la voluntad de un soberano, que se creía que gobernaba por derecho divino, a basarse en un gobierno de leyes, es decir, en un régimen constitucional que garantiza derechos a sus ciudadanos. Es claro que aún falta mucho camino por recorrer, pero no podemos renunciar a derechos y principios sustentados hace doscientos años, como el derecho de elegir libremente a nuestros representantes o de plantear libre y críticamente nuestro pensamiento, porque siguen siendo pilares fundamentales de nuestra débil democracia. Es importante advertir que estas libertades costaron incontables vidas. Por ello, es sano, como sociedad, volver la vista al pasado para asegurarnos que no se cometan los mismos errores.

Referencias

-Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812, art. 18.

-Constitución de la República Federal de Centroamérica, art 14.

-“Constitución del Estado del Salvador 1841”, art. 5. En Isidro Menéndez, Recopilación de Leyes de El Salvador en Centroamérica, vol. 1, (Guatemala: Imprenta de la Luna, 1856).

-“Título 3: los ciudadanos y el cuerpo electoral”, en Constitución política de El Salvador, 1950.

* Leonel Hernández Sánchez, colaborador de UCA Editores. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 12.