El festival del bitcóin

Mientras los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y corrupción continúan sin tratarse, o incluso se los encubre, la coyuntura ha estado marcada por una especie de festival del “bitcóin” como promesa de desarrollo de El Salvador. Se invita festivamente a un millonario en moneda electrónica, Brock Pierce, para que nos ilustre, y se silencia su pasado complejo de quiebra de empresas o incluso de investigaciones penales contra su persona. China, que en su momento era presentada por la prensa del Gobierno como el futuro gran aliado de El Salvador, vetó recientemente cualquier operación de sus entidades financieras con criptomonedas. En Inglaterra acaba de cerrarse una mina de moneda electrónica porque robaba energía eléctrica. Hackers rusos habían conseguido paralizar una compañía de oleoductos en Estados Unidos y exigido un pago superior a dos millones de dólares en bitcóins. El Departamento de Justicia norteamericano, con sus especialistas informáticos, logró recuperar los bitcóins pagados por la empresa de combustibles, pero esta perdió casi la mitad de lo que había pagado por la caída del precio del bitcóin.

La preocupación por los delitos y evasión de impuestos cometidos con criptomonedas está llevando a Estados Unidos a formular un nuevo marco regulatorio del uso de las monedas electrónicas y a exigir que transacciones superiores a los 10,000 dólares sean declaradas al fisco. La posibilidad de que aumente el control de las transacciones financieras del bitcóin en Estados Unidos hace que el valor de esta moneda disminuya, curiosa semejanza con el valor y el aprecio a los paraísos fiscales: a mayor control, menos interés de guardar el dinero en ellos. Pero el presidente continúa ensalzando el bitcóin. La escueta ley del nuevo bimonetarismo no tiene en cuenta para nada la complejidad de la moneda electrónica y sus posibles problemas, pero los beneficios para el pueblo salvadoreño continúan brotando a raudales de la boca de los políticos afiliados a Nuevas Ideas.

No hay duda de que el bitcóin es una forma de dinero. Por eso mismo los países que manejan las finanzas internacionales o se resisten al uso, como China, o buscan regular su uso como Estados Unidos o Alemania. La semejanza del bitcóin con inversiones bursátiles de alto riesgo conduce a que sean los fondos de inversión quienes traten de manejarlo legalmente. Pero en el contorno están también los inversionistas aventureros, los delincuentes interesados en lavar dinero e incluso los hackers y estafadores, dedicados al secuestro de sistemas informáticos y al cobro en chantaje de jugosas ganancias. La regulación del uso de criptomonedas es suficientemente compleja como para crear dificultades en los países desarrollados. La política “bitconiana” salvadoreña del “laissez faire, laissez passer”, unido a la ignorancia de los gestores de la política económica, recuerda el más absoluto liberalismo económico del siglo XIX. Este liberalismo, en aquella lejana época histórica, sumió en graves crisis internas de desigualdad a la mayoría de países hoy desarrollados, entonces potencias coloniales lanzadas a un aprovechamiento depredador y con frecuencia asesino de sus colonias. En nuestro contexto, dado nuestro escaso peso económico y político a nivel internacional, lo que puede causar un neoliberalismo salvaje es simplemente una desigualdad más brutal que la que ya tenemos. Y a ello se uniría la posibilidad de fraudes, engaño, corrupción y llegada de aventureros dispuestos a lavar dineros mal habidos.

Los partidarios de nuevas monedas pueden decir que la opinión aquí vertida es exagerada. Y que las criptomonedas se usan en muy diversos países, uso que evidentemente es real. La diferencia está en que los países en los que se usa la moneda electrónica con mayor frecuencia tienen una preocupación creciente y se esfuerzan por controlar un flujo monetario demasiado libre y demasiado abierto, tanto a la evasión de impuestos como al lavado de dinero. Una cosa es autorizar el uso de bitcóins como moneda, y otra el dar una libertad absoluta al uso de este tipo de dinero, al tiempo que se obliga a usarlo a la ciudadanía y a las instituciones. Un país con una economía débil como la nuestra y con una brecha digital alta debe pensar en regular y establecer normas de defensa del ciudadano, antes de darle a la moneda electrónica un uso legal en muchos aspectos forzado. Pero la coyuntura camina hacia un autoritarismo neoliberal con una mínima capacidad de regulación en favor de los derechos de los más débiles.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 51.