El peligro de una Ley General de Aguas mercantilista

El pasado 13 de mayo, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático envió a archivo todos los expedientes en estudio referentes a la Ley General de Aguas. El diputado de Nuevas Ideas que propuso que se archivaran todos los expedientes alegó que las distintas propuestas que estaban en la Comisión carecían de vigencia. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión, Sandra Martínez, argumentó que los proyectos que se enviaron al archivo “no tienen ni la más mínima palabra de que sea para beneficio del pueblo. Hay que comenzar de cero”.

Este hecho puede tener muchos significados, pero en ningún caso significa garantía alguna para que, en un futuro, pueda haber una Ley General de Aguas garante de derechos. Limpiar la mesa y dejar en punto cero el trabajo de las distintas comisiones corresponde más a una estrategia para borrar cualquier vestigio del trabajo de las legislaturas anteriores y a una especie de Damnatio momoriae, práctica de la antigua Roma que consistía en condenar todo recuerdo de un adversario o enemigo político, sus obras, hazañas, incluso su nombre. Con este modo de proceder, los diputados de Nuevas Ideas asumen que todas las propuestas de ley, que estaban en discusión en las distintas comisiones, son solo trabajo de los partidos políticos que les precedieron. Estos diputados no entienden que, en realidad, muchos de los proyectos de ley que estaban en discusión en las distintas comisiones son producto de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la Ley General de Aguas.

La primera propuesta de Ley General de Aguas fue presentada en 2006 por Cáritas y la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes). Esta propuesta fue actualizada en 2011 por el Foro del Agua. En el 2012, el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) presentó una propuesta que había sido consultada con organizaciones sociales y comunidades. En el 2013, la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte presentó otro anteproyecto de ley. En 2017 un grupo de expertos hídricos presentó la Ley Integral de Aguas, y en enero de 2020, organizaciones sociales y religiosas presentaron la propuesta ciudadana de Ley General de Aguas, que actualizaba y recogía los insumos de las anteriores propuestas. Esta última propuesta recogía elementos que se considera que debe contener cualquier Ley de Aguas que se llegue a aprobar: enfoque de Derechos Humanos, enfoque de Cuencas, gestión pública-estatal del agua, participación ciudadana y régimen económico justo (no privatizador).

Que las propuestas de ley tengan respaldos de los distintos institutos políticos es así porque, por trámite, un proyecto debe tener iniciativa parlamentaria y es legítimo que uno u otro partido comparta una u otra propuesta. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos las propuestas sean de los partidos, como lo ha hecho ver la fracción legislativa de Nuevas Ideas. Por ello, mandar al archivo toda propuesta de ley que estaba en discusión en las comisiones es desconocer el esfuerzo de años que muchas organizaciones han realizado junto a diferentes comunidades y sectores de la sociedad. Decir que las distintas propuestas de Ley General de Aguas no tienen ni la más mínima palabra que sea para beneficio del pueblo es ignorancia manifiesta y nula voluntad de pensamiento autónomo.

Como podemos ver, no ha sido por falta de propuestas técnicas que no se ha aprobado la Ley. Si a pesar de la necesidad de una Ley General de Aguas, y de los distintos aportes técnicos, no hay aún una Ley de Aguas ha sido, en gran parte, por la presión de sectores que usan y abusan de este recurso con intereses mercantiles. Estos mismos sectores son los que han bloqueado los procesos encaminados a la aprobación de una gestión del agua con enfoque de Derechos Humanos. Por ejemplo, en 2012, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático estaba avanzando en la discusión de la ley propuesta por el MARN. Sin embargo, la introducción de la propuesta de los regantes, en 2013, estancó el proceso. En ese entonces, los temas sensibles eran la configuración del ente rector, la participación o no de privados en la dirección, permisos y cánones. En 2017, nuevamente el sector privado logró estancar la discusión cuando presentó la propuesta de Ley Integral del Agua (LIA) que reivindicaba la participación del sector privado en la junta directiva de una autónoma que sería la encargada de la administración del agua. De hecho, en junio de 2018 se aprobó la participación de dos representantes de ANEP en la junta directiva de una autónoma que sería el ente rector del agua. No obstante, debido a la presión social, este acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa se revirtió.

Las últimas discusiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la legislatura 2018-2021 recogieron avances sustanciales sobre algunos puntos que habían significado obstáculos a superar en los años anteriores, por ejemplo, el carácter público-estatal del ente rector, uno de las cinco aspectos que desde el movimiento social se consideran indispensables para una Ley de Aguas garante de Derechos Humanos. Fue este pequeño, pero importante acuerdo que mereció la descalificación arrebatada del presidente. Esta descalificación estuvo más en correspondencia a su política mediática que a una posición instruida sobre el tema.

Intereses contrapuestos

Ciertamente, el choque de distintas posiciones políticas ha impedido que se apruebe una Ley General de Aguas y no la falta de propuestas técnicas. La pluralidad de intereses representados en diversos partidos políticos que han integrado la Asamblea Legislativa ha derivado en una serie de impases y bloqueos. Sin embargo, gracias al trabajo de la sociedad civil organizada, ha sido posible detener avanzadas “privatizadoras”, como cuando se buscaba dar participación directa a la empresa privada en un ente rector del agua. Además, hay que señalar que estos grupos con intereses mercantilistas, al no poder imponer sus propios proyectos de ley, se han beneficiado con la ausencia de una Ley General de Aguas, con el estado actual de la situación de vacíos, dispersión, y contradicciones de los distintos cuerpos jurídicos referentes a la gestión del agua.

En el contexto actual, la correlación legislativa no representa obstáculo alguno para que pueda ser aprobada un nuevo proyecto de Ley General de Aguas. La pesada piedra de bloqueos y estancamientos ya no será ningún problema, pues la bancada oficialista tiene la mayoría para aprobar cualquier anteproyecto de ley. No obstante, sí sigue siendo un peligro el tipo de ley que pueda ser aprobada. Hasta el momento no se conoce de ningún contenido de propuesta de Ley de Aguas que quiera ser impulsada por el Ejecutivo y por la bancada oficialista, a pesar de que en el Plan Cuscatlán se dice estar a favor de una gestión del agua con enfoque de Derechos Humanos.

Si la pluralidad de intereses en la Asamblea Legislativa impedía la aprobación de una Ley General de Aguas, también impedía que los intereses de grupos mercantilistas se impusieran. Ahora estos grupos, entre los que podemos encontrar a la agroindustria azucarera, industria embotelladora y la industria de construcción, podrían tener la oportunidad de imponerse en un nuevo proyecto de ley que, dadas las condiciones y correlaciones, podría aprobarse incluso con dispensa de trámite.

El peligro de una ley de corte neoliberal

En ese sentido, el peligro que ahora se cierne está en que pueda aprobarse de manera exprés un nuevo proyecto de Ley General de Aguas con enfoque mercantilista. Este temor está fundamentado en la impronta mercantilista-neoliberal que desde el Ejecutivo se ha impulsado a través del Ministerio de Medio Ambiente y de otras carteras. En estos dos años de Gobierno, el MARN ha sido permisivo con proyectos de construcción, como en el caso de Valle el Ángel que, al ser un proyecto de la familia Dueñas, tiene ya una ventaja sobre las exigencias y necesidades de las poblaciones afectadas por el deterioro de la capacidad de recarga hídrica de la zona. Así las cosas, quedan muchas tareas pendientes para lograr la aprobación de una Ley General de Aguas garante de derechos y no mercantilista. Entre esas varias tareas, queda a la población en general vigilar que el anteproyecto de Ley que sea aprobado integre los cinco componentes que garantizarían que no sea una ley mercantilista: el agua como derecho humano y no como mercancía, gestión con enfoque de cuenca, gestión pública-estatal, participación ciudadana y régimen económico justo (no privatizador). Estos cinco elementos son innegociables frente a los que debería evaluarse la calidad de uno u otro proyecto de ley. Otro elemento clave para evaluar la voluntad o no de la nueva Asamblea para aprobar una ley con enfoque de derecho sería la pronta ratificación de la reforma constitucional por el Derecho Humano al agua y al saneamiento, que también ha sido una lucha social de larga data.

* Wilmer Sánchez, de la Vicerrectoría de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 46.