El régimen del sacrificio humano

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Wilmer Sánchez
01/09/2022

A través del tiempo, en las sociedades en las que se practicó de forma institucionalizada el sacrificio humano, este tuvo siempre un papel político: mantener en el orden de las cosas, el  statu quo, mantener en el poder a la clase gobernante sobre aquellos en la parte inferior de la jerarquía social. Esta realidad, en la que unos pocos se benefician a costa del sacrificio de otros, ha estado presente en toda dinámica política, pero hay circunstancias en donde el sacrificio de unos para beneficio de otros llega a ser, literalmente, pagada con vida humana. En las guerras es sabido que la mayoría de las víctimas  son poblaciones civiles.  Daños colaterales se les ha solido llamar.

En declaraciones recientes, el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa (hijo de una de las víctimas letales del conflicto armado), calificó como “daños colaterales” los perjuicios sufridos por las personas, que en el marco del régimen de excepción, han sido capturadas arbitrariamente pues no se les ha comprobado ninguna vinculación con grupos criminales.  Es decir, Ulloa no negó que pueda haber víctimas inocentes,  y al justificarlo como daños colaterales pasan a ser un sacrificio humano “necesario”. Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), en 100 días del régimen de excepción se registraron 63 fallecidos en las cárceles del país, es decir 63 personas que murieron bajo custodia del Estado.

El Gobierno se jacta ahora de un clima de seguridad que ha sido fruto de las medidas implementadas. Esas medidas incluyen, por un lado,  detenciones arbitrarias de personas “perfiladas” como delincuentes bajo criterios tan  vagos como la apariencia, vestimenta, lugares de habitación,  reacciones nerviosas ante la presencia  policial (criterios  burdos bajo cualquier lógica seria de investigación y de persecución del crimen). Por otro lado, no es absurdo decir que las medidas implementadas incluyen también la liberación de líderes de una de las principales pandillas del país. Bajo la idea de que este tipo de medidas son necesarias para  mantener el clima de seguridad, parece que ha quedado justificado haber cedido a concesiones para líderes de las estructuras criminales y también el sacrificio que población inocente ha tenido que pagar para sostener el “éxito” del Gobierno porque, en definitiva, algo que sí ha logrado el Ejecutivo es consolidar la imagen ante la población de que ha tratado con mano dura la delincuencia.

Es fácil hablar de sacrificio en aras de los resultados deseados cuando se trata del sacrificio de otros y no del propio. Esta es la misma lógica que Ignacio Ellacuría denunciaba cuando el mayor Roberto d’Abuisson hablaba de la necesidad de derramar sangre (ajena) para salvar al país: “El menor D’abuisson es un psicópata. Y como psicópata amenazó ayer con derramar la sangre ajena para salvar al país. Como ven todo lo contrario al mensaje de Jesús que predica la entrega de la propia vida para que los demás tengan más vida” (Centro de Documentación Virtual Ignacio Ellacuría, S.J. Comentario de Radio Y.S.A.X., 1979 (54), parte 05, C.9, 38.). Solo desde esta lógica perversa es que se entiende la  indolencia e indiferencia y hasta jactancia del drama, suplicio y sacrificio que otros  pagan con el fin de  conservar  el clima de seguridad nocivo que respiramos.

La lógica del necesario sacrificio de otros para sostener el beneficio propio, lamentablemente no es exclusivo de las elites en el poder. Hay población que se suma a esta diatriba cuando justifica los “daños colaterales” de estas medidas, siempre y cuando no las paguen ellos. Así las cosas, cabe  cuestionarnos por el precio de esta paz bofa, cabe preguntarse por el futuro de país que se fragua fundamentado bajo la lógica del sacrificio del otro, bajo la lógica de la prepotencia, mentira e indolente indiferencia.  La paz es fruto de la justicia y  la justicia fruto de la verdad. Qué frutos tendremos sin verdad ni justicia es la cuestión.

 

* Wilmer Sánchez, de la Vicerrectoría de Proyección Socia. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 101

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