Ganando legitimidad en medio de la ilegalidad

Observar en nuestro país que el acceso a la justicia parece inalcanzable, y ser testigos de que la impunidad es tan común como el delito, puede llevar a muchas personas a defraudarse de la manera en que funcionan las leyes en el país, al grado de catalogar como letra muerta el marco jurídico que debería proteger de la violencia a la ciudadanía. Este desaliento también está ligado a la baja confianza que han expresado los salvadoreños, durante años, en las capacidades de la policía, la fiscalía y los jueces, para investigar, perseguir y sancionar el delito, así como en la capacidad del sistema penitenciario para rehabilitar al delincuente.

Teniendo en cuenta este clima de desesperanza, al que se sumó la consternación por el repunte de homicidios registrado en marzo de 2022, no resulta sorprendente que haya sido bien recibida en El Salvador la decisión de implementar una medida gubernamental tan severa como el régimen de excepción, publicitada por el oficialismo como la única respuesta eficaz al problema de la violencia perpetrada por las pandillas. En contraste, el régimen suscitó alarma y rechazo por parte de la comunidad internacional y de organismos defensores de derechos humanos. Resulta llamativo que, aun después de seis prórrogas sucesivas que han mantenido vigente el régimen, el 75.9% de la población adulta salvadoreña califique esta medida con una nota igual o superior a 6, según los datos de la más reciente encuesta de coyuntura presentada por el Instituto Universitario de Opinión Pública¹. A lo largo de estos últimos meses, ha circulado una enorme cantidad de noticias sobre detenciones arbitrarias, malos tratos, amenazas, lesiones y torturas cometidas por las autoridades en el marco del régimen de excepción² y se han arreciado las críticas contra este, desde instancias nacionales e internacionales. Vale la pena preguntarse, entonces, por qué esta disposición gubernamental aún mantiene un considerable respaldo ciudadano, y por qué no hay una preocupación generalizada ante el hecho de que el poder militar esté cada vez más lejos de supeditarse al poder civil. Un ensayo de respuesta a esas preguntas es que, para una parte de la población, exigir a las autoridades que “cumplan el debido proceso” y “respeten el principio de legalidad” puede sonar como algo solemne, pero con un significado difícil de conectar con sus aflicciones cotidianas. En cambio, la aspiración de que se halle una salida a la criminalidad y a la angustia de ser víctimas de la misma es una exigencia con la cual no es difícil identificarse. De hecho, esta es una de las preocupaciones diarias y más hondamente sentidas por amplios sectores vulnerables de la sociedad.

Considerando esto, uno de los graves riesgos que implica la alta popularidad del régimen es que la manera en que están actuando los cuerpos de seguridad para lograr sus objetivos llegue a ser secundaria o, peor aún, irrelevante para la población, con tal de que presuntamente se reduzca la criminalidad en el país. Sobre este punto, los datos de la encuesta del Iudop demuestran que la PNC y la FAES son las instituciones del ramo de seguridad y justicia que han capitalizado los mayores incrementos en la confianza otorgada por los salvadoreños, así como una mejora en su imagen pública, a partir de la vigencia del régimen de excepción. Esto ocurre principalmente cuando las personas consideran que esta medida ha sido eficaz para frenar la delincuencia y la inseguridad.

En este sentido, el 88.4% de salvadoreños encuestados en dicho sondeo afirmaron que, con el régimen de excepción, el accionar de las pandillas en el país ha disminuido. Dentro de ese 88.4%, aproximadamente 7 de cada 10 personas indicaron que la imagen que tenían de la PNC ha mejorado, y que ha aumentado la confianza que le otorgan. Además, 8 de cada 10 dijeron que ahora tenían una mejor imagen de la Fuerza Armada, mientras que 7 de cada 10 señalaron que ha aumentado su confianza en la FAES. Un resultado muy similar se evidencia en el caso de aquellos salvadoreños que dijeron sentirse seguros con el régimen de excepción, quienes representan el 75.9% de los encuestados. Dentro de ese grupo, 8 de cada 10 ciudadanos expresaron que ha mejorado la imagen que tenían de la PNC y 7 de cada 10 dijeron que se ha incrementado su confianza en esa institución. En este grupo de personas que se sienten seguras, 8 de cada 10 tienen una mejor imagen de la FAES y confían más en esta entidad, desde que comenzó el régimen de excepción.

Estos datos reflejan que, a lo largo de los últimos seis meses, una proporción considerable de salvadoreños ha empezado a hacer valoraciones más positivas de la PNC y la FAES. Lo que preocupa de esta mejora en la percepción de estas instituciones es que se están legitimando ante los ojos de los salvadoreños, aun cuando existe evidencia de que los cuerpos de seguridad han protagonizado abusos contra la población y a pesar de que se han registrado miles de denuncias por violaciones a derechos humanos, cometidas en su mayoría por elementos policiales y militares, durante la vigencia del régimen³. Es posible que estemos, entonces, ante un sesgo de resultado⁴ en la manera como se valora el trabajo de la PNC y la FAES. Este sesgo puede llevar a hacer evaluaciones de desempeño en las que se prioricen los logros obtenidos y se le reste importancia al método utilizado para alcanzarlos, hasta desestimar, incluso, los aspectos éticos implicados en un proceso de toma de decisiones. Dicho de otra manera, la reducción de la delincuencia puede ser una demanda tan apremiante para los ciudadanos que, cuando las instituciones responden a ella, se resta importancia a los mecanismos señalados como ilegales a través de los cuales se está obteniendo este resultado.

Ahora bien, esta forma de evaluar el trabajo institucional no está generalizada. Los datos de la encuesta del Iudop muestran que los salvadoreños tienen una mirada más crítica de la forma en que están procediendo los cuerpos de seguridad cuando han visto o han sufrido directamente abusos por parte de estas entidades. Por ejemplo, en el marco del régimen de excepción, 12 de cada 100 salvadoreños han visto a policías maltratar físicamente a otra persona, 7 de cada 100 han sido testigos de maltratos físicos realizados por militares y 5 de cada 100 han sido amenazados, por parte de policías o soldados, con que ellos o alguien de su hogar serían detenidos de forma arbitraria. Dentro de cada uno de estos grupos de personas que han estado expuestos a abuso militar y policial, aproximadamente la mitad de ellos reportaron que la imagen que tenían de la PNC y la FAES ha empeorado, y que ha disminuido la confianza que les otorgaban. Cabe agregar que, durante la vigencia del régimen de excepción, los grupos que han sido particularmente vulnerables a ser blanco de la delincuencia también han sido afectados por las arbitrariedades de los cuerpos de seguridad⁵. Precisamente, los datos de la encuesta del Iudop indican que las personas más expuestas a maltrato militar y policial han sido los hombres, las personas jóvenes, las que proceden de estratos obreros y marginales, y quienes reportaban adicionalmente haber sufrido otras formas de victimización directa.

El discurso oficial sobre el rumbo que lleva el país afirma que “el único camino que tiene El Salvador es este y nos está funcionando”. Sin embargo, sí existen condiciones para que se exija un camino distinto. Ciertamente, según la encuesta recién publicada por el Iudop, tres cuartas partes de la población adulta salvadoreña aprueban el régimen de excepción, pero también es verdad que 44 de cada 100 ciudadanos opinaron que es tiempo de buscar otras medidas diferentes, en lugar de prorrogar el régimen. La probabilidad de que se reclame una ruta alternativa puede crecer al revisar con franqueza y capacidad de autocrítica el tipo de acciones institucionales que se están calificando como válidas y justas. ¿Hemos llegado a naturalizar la idea de que el uso arbitrario de la fuerza es admisible, a fin de que los cuerpos de seguridad mejoren su desempeño? Esta reflexión es necesaria para evaluar el modo como se implementan las medidas de seguridad pública y, sobre todo, para otorgar credibilidad a las instituciones cuando estas se ciñen a la ley, no cuando recurren a procedimientos ilegales en aras de lograr un resultado inmediato.

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Referencias

1.“La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción” (2022). Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). Disponible en: https://uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/Boletin-de-Regimen-de-Excepcion.pdf 
2. “El régimen de excepción en El Salvador ha resultado en graves abusos contra la población y en posibles crímenes de lesa humanidad”. (14 de junio de 2022). Seattle International Foundation. Disponible en https://seaif.org/es/communications-es/el-regimen-de-excepcion-en-el-salvador-ha-resultado-en-graves-abusos-contra-la-poblacion-y-en-posibles-crimenes-de-lesa-humanidad/ Y “No debería normalizarse una vida sin derechos en El Salvador” (12 de septiembre de 2022). Human Rights Watch. Disponible en https://www.hrw.org/es/news/2022/09/13/no-deberia-normalizarse-una-vida-sin-derechos-en-el-salvador 
3. “Denuncias de violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños durante el régimen de excepción a punto de llegar a las 8,000”. (21 de octubre de 2022). La Prensa Gráfica. Disponible en https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncias-de-violaciones-a-los-derechos-humanos-de-los-salvadorenos-durante-regimen-de-excepcion-a-punto-de-llegar-a-las-8000-20221021-0031.html Y “OUDH documenta casos de tortura durante Régimen de Excepción”. (10 de agosto de 2022). Disponible en https://ysuca.org.sv/2022/08/oudh-documenta-casos-de-tortura-durante-regimen-de-excepcion/ 
4. Este sesgo cognitivo, inicialmente explorado por Jonathan Baron y John Hershey, consiste en la tendencia a evaluar la calidad de una decisión dando prioridad a los datos disponibles sobre su resultado, y no al proceso de decisión en sí mismo.
5.“Jóvenes y pobres, perfil de detenidos en El Salvador durante medida de excepción”. (31 de mayo de 2022). La Vanguardia. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/20220531/8307658/jovenes-pobres-perfil-detenidos-salvador-medida-excepcion.html 

* Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 110.