La corrupción: lastre y espejo en Centroamérica

Centroamérica es una región convulsa. Históricamente se ha caracterizado por múltiples conflictos sociales y, principalmente, por el grado de inseguridad al que ha estado expuesta su población. En buena medida, la vulnerabilidad y el drama que sufre la mayoría de sus ciudadanos ha sido resultado de la forma de gobernar, es decir, de cómo los dirigentes han optado para construir poder y así llevar las riendas en sus respectivos países.

Y es que uno de los grandes males que sufre la región es la corrupción. Investigaciones periodísticas y denuncias de defensores de derechos humanos, publicadas durante estos primeros meses del año, han expuesto más evidencias de que se trata de un problema endémico. Una cultura arraigada en las instituciones y la vida política de buena parte del istmo. Un sucinto repaso permite ver cómo en Guatemala se forjó una red de tráfico de influencias (integrada por funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios) y de cómo se pretende desbaratar la independencia judicial. Por su parte, en Honduras hemos visto la decadencia del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Desde Nicaragua semanalmente se conocen nuevos agravios por parte del régimen dictatorial: persecución política, censura, la libertad de expresión cercenada. En El Salvador, que no se queda atrás en esta desafortunada competencia, se mantiene firme la carrera por desmantelar a las instituciones contraloras y garantes de justicia, además de otras prácticas turbias como el espionaje a periodistas y a opositores políticos. En síntesis, es suficiente la evidencia de que existen abusos de poder para beneficiar a pequeños grupos; de la debilidad de los marcos y mecanismos institucionales, del autoritarismo y de cómo el crimen organizado se ha enquistado.

Ahora bien, el repaso antes expuesto también sugiere algunas ideas, dudas y reflexiones. Por un lado, lo acontecido en Guatemala y Honduras demuestra que tarde o temprano los corruptos caen y que, pese a todos los artilugios por esconder la verdad, esta llega, se conoce y puede llevar a juicio a quienes han abusado desde su cargo público. Deberían tomar ejemplo los homólogos de la corrupción en los demás países. Por otro, es importante pensar en la urgente necesidad de una renovación política e institucional. En la mayoría de los países no se cuenta con un poder judicial y fiscal independiente, de ahí entonces que sea una autoridad externa la que investiga y sanciona. Si bien es verdad, el rol de Estados Unidos, que no es precisamente el mejor ejemplo de solvencia ética, puede contribuir o generar argumentos para determinar, con todas las garantías legales, la culpabilidad de los sospechosos de actos ilegales o de mantener relaciones ilícitas. Por tal motivo, el objetivo debería estar en que cada país juzgue a quienes le han hecho daño. De esta forma se podría sentar precedentes y así instaurar una cultura de transparencia y de orden democrático. Sin embargo, como sostienen algunos, esto plantea una paradoja que reside en cómo actuar en contextos donde la justicia ha sido secuestrada por el régimen. Dicho en otras palabras, en países donde no existen posibilidades reales de acceder a las instituciones políticas; en el que, por ejemplo, las elecciones han sido manipuladas para conservar el poder. En definitiva, ¿Hasta dónde debe actuar la comunidad internacional y cómo debe ser esa cooperación?

Ciertamente, las consecuencias de la corrupción afectan a toda la sociedad. Es evidente que el mayor peso recae en los más desposeídos. Por tanto, por responsabilidad y por justicia, es un problema que se debe afrontar. Considerando la figura del espejo, es fundamental conocer las carencias y todos los artificios que se implementan en la región. En otros términos, verse en el vecino. Para el caso salvadoreño, es determinante apostar por la restitución de un escenario democrático, que incluso supere los vacíos y vicios que ya existían antes del retroceso por el que el país atraviesa. Esto solo lo puede lograr una ciudadanía crítica y organizada. Como se ha dicho en otras ocasiones, se necesita de un planteamiento común e inclusivo que abogue por recuperar el derrotero de la democracia en el que las instituciones se erijan desde su independencia.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 79.