La defensa del medioambiente, ¿es un crimen en El Salvador?

El 8 de octubre de este año, el Estado salvadoreño llevará a juicio a cinco líderes de la comunidad de Santa Marta, Cabañas, conocidos por su compromiso de décadas a favor del medioambiente y contra la minería metálica. Los acusan de un crimen cometido hace más de treinta años, durante el conflicto armado, sobre el cual no hay ninguna evidencia que los involucre. Para la gran mayoría de observadores, tanto a nivel nacional como internacional, este caso es un indicio más de las intenciones del Gobierno de eliminar los focos de resistencia histórica contra la minería metálica en El Salvador y abrirle las puertas a esta industria una vez más.

No sería el primer caso de persecución contra activistas antiminería de Cabañas, donde están situados varios depósitos importantes de oro y plata. No conviene olvidar que durante la larga lucha contra la industria minera, cuatro activistas y una niña a punto de nacer fueron cruelmente asesinados a balazos por fuerzas promineras en ese departamento.

El juicio contra los cinco activistas de Santa Marta, que empieza el 8 de octubre, después de casi dos años de detención injusta, coincide con un juicio similar llevado a cabo el pasado 19 de septiembre en Honduras, donde una corte de apelaciones negó retirar la acusación contra cinco ambientalistas de ese vecino país que luchaban por defender los ríos de la costa norte de la explotación minera y de los megaproyectos hidroeléctricos. Entre los cinco acusados hondureños iba el joven Juan López, ambientalista que fue asesinado a balazos cinco días antes del juicio.

Todo esto duele, pero no sorprende. Un estudio presentado en septiembre de este año por la ONG Global Witness, con sede en Reino Unido, revela que “América Latina es la región más peligrosa del planeta para los activistas ambientalistas y de derechos humanos”. Desde su inicio, en 2012, esta ONG ha registrado 2,106 muertes de defensores, el 85% de esos casos sucedieron en América Latina. Solo en 2023 se registraron 196 muertos, con los países de Centroamérica encabezando la lista de asesinatos por cada 100 mil habitantes. Según dicho estudio, “el asesinato sigue siendo una estrategia común para silenciar a los defensores y es, sin duda, la más brutal”, pero revela que “los ataques mortales suelan ir acompañados de represalias más amplias contra defensores, que son objetos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos, empresas y otros actores”. También plantea que la gran mayoría de estos casos involucran a la industria minera.

El 29 de marzo de 2017 se aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Esta victoria convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en analizar con responsabilidad los altos costos de la industria minera y decir “No”. No obstante, en lugar de cumplir con la ley, exigiendo poner fin a la minería metálica en todas sus formas y recuperar sitios mineros del pasado, el actual Gobierno, de manera silenciosa y sin consulta alguna, ha estado dando pasos para reactivar la minería.

En 2021, el Gobierno incorporó a El Salvador a una red internacional de países mineros llamada Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible. A la vez, invitó a miembros de la junta directiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM, por sus siglas en inglés) a visitar el país con el objetivo de analizar las potencialidades de la minería. Un año después se aprobó la ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, cuyas funciones incluyen el fomento de la minería. Y el 11 de enero de 2023, capturó de forma injustificada a los cinco activistas antimineros de la comunidad de Santa Marta. Es sospechoso, además, la reaparición de representantes de empresas transnacionales mineras en las comunidades de Cabañas con el objetivo de ganarse corazones y mentes.

El tema central en el debate sobre la minería metálica en El Salvador sigue siendo el agua, con la consigna “Sí a la vida, no a la minería”. Es ampliamente reconocido que El Salvador sufre de una crisis hídrica de enormes proporciones en términos de cantidad, calidad y acceso. Los ríos se están secando, los acuíferos más estratégicos están bajando de nivel y más del 90% de los lagos y ríos están contaminados. La minería metálica es una amenaza para el agua por el enorme consumo y por la contaminación con materiales tóxicos, tales como cianuro (un químico que puede matar a un ser humano en cantidades menores a un grano de arroz), mercurio, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, plomo, arsénico, cadmio, magnesio y otras sustancias. Según un estudio de Oxfam América, “cuando se trata de emisiones tóxicas, la minería metálica es una de las industrias líderes”.

Dada esta realidad, grandes coaliciones sociales, junto con la Iglesia católica, las Iglesias protestantes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas, instituciones académicas, organizaciones de pueblos indígenas y de mujeres, y otros sectores importantes de la población apoyaron una propuesta de ley presentada el 6 de febrero de 2017 para prohibir la minería metálica en el país.

Un sondeo de la UCA realizado en 2015 mostró que el 79.5% de la población encuestada creía que El Salvador no era un lugar apropiado para la industria minera. En el mismo sondeo, 76% de los encuestados se mostró inconforme con la apertura de proyectos mineros en sus municipios; 77% consideraba que el Estado salvadoreño debía prohibir definitivamente la minería metálica en el país; y a pesar de la crítica situación de desempleo en las comunidades encuestadas, el 86% indicó que no tenía interés en trabajar en una mina.

Las empresas mineras, para ganar mentes y corazones, hablan de una nueva forma de hacer minería en armonía con el medioambiente. Usan términos como “minería verde”, “minería moderna” y “minería responsable”, pero la práctica en Centroamérica, y a nivel mundial, enseña que no hay nada nuevo bajo el sol. Las minas de Centroamérica utilizan más de un millón de litros de agua diariamente. La mina Marlin, en San Miguel Ixtlahuacán, en Guatemala, considerada por el Banco Mundial como la más moderna en la región, usa más de seis millones de litros de agua al día, cantidad que usa una familia campesina en 30 años. Una mina de níquel a la orilla del lago Izabal, en el mismo país, utiliza diariamente trece veces la cantidad de agua requerida para el pueblo cercano de El Estor.

Según los pobladores de Valle de Siria, en Honduras, una zona históricamente ganadera y de producción de granos básicos, la mina San Martín, en nueve años de operaciones, secó 19 de los 23 ríos originales de la zona. Y en El Salvador, solo en la etapa de exploración, la empresa minera Pacific Rim secó más de 20 nacimientos históricos de agua en la comunidad San Isidro, Cabañas.

Frente a esta preocupante situación, se está levantando la voz, una vez más, dentro y fuera del país, para exigir que el Gobierno retire los cargos injustos contra los cinco líderes comunales de Santa Marta. En búsqueda de este objetivo, más de 250 organizaciones de 30 países alrededor del mundo; asociaciones de abogados y académicos; 17 congresistas norteamericanos; tres relatores de las Naciones Unidas (entre estos, la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, quien se ha pronunciado cuatro veces sobre el caso); comunidades de El Salvador amenazadas por proyectos mineros y otros grupos más dieron inicio este 23 de septiembre a una campaña abierta. La campaña se llevará a cabo dentro de El Salvador y en países como Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Chile y Alemania, y se realizará durante varias semanas a través de conferencias de prensa, discursos, eventos educativos, artículos informativos, foros, concentraciones frente a embajadas de El Salvador, talleres, entrevistas con los medios, cabildeo con legisladores, etc. Es esta una iniciativa por el bien de la casa común y el futuro de las próximas generaciones.

* Andrés McKinley, asesor en agua y minería, Vicerrectoría de Proyección Social.