La ética ante el problema fiscal

¿Cuándo puede considerarse justa una ley tributaria? O formulado en imagen bíblica, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Generalmente, la ética exige en este campo el cumplimiento de cuatro condiciones consideradas ineludibles para una justicia tributaria. Primero, que el tributo sea establecido por quien tiene autoridad legítima para hacerlo; es decir, para que un impuesto en particular o un sistema tributario en su conjunto sean éticamente aceptables, han de establecerse por medio de la ley, siguiendo los trámites establecidos para tales casos en la correspondiente comunidad política. En El Salvador, por ejemplo, una de las atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa es decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa.

De ahí que sea una grave distorsión que en el país haya sectores que por temor paguen las "rentas" impuestas por el crimen organizado o las pandillas. Para citar un caso, la Federación de Empresarios del Transporte asegura haber pagado, en 2013, aproximadamente tres millones de dólares mensuales como monto de rentas o extorsiones; al cierre de ese año, esto representó unos 36 millones de dólares. Sin duda que combatir estas estructuras que posibilitan el acceso a recursos y a dinero fáciles por medios ilícitos es una exigencia política y ética al Estado.

La segunda condición de una ética fiscal es que el sistema tributario tenga por fin obtener los recursos necesarios para atender las demandas de la sociedad. Este aspecto está correctamente enfocado en la doctrina social de la Iglesia, cuando sostiene que una hacienda pública orientada al bien colectivo produce efectos virtuosos en la economía, porque logra favorecer el crecimiento de la ocupación, sostener las actividades empresariales y las iniciativas sin fines de lucro, y contribuye a acrecentar la credibilidad del Estado como garante de los sistemas de previsión y protección social, destinados en modo particular a proteger a los más débiles. Esto implica no solo solidaridad y racionalidad en la imposición de los tributos, sino también equidad en la distribución de cargas y beneficios en una sociedad.

La tercera condición es que el gasto público sea gestionado con suficiente eficacia y honradez. El Estado debe evitar todo despilfarro de los fondos públicos, así como prevenir los abusos y las injusticias de sus funcionarios. Si valoramos este aspecto desde nuestra propia realidad, constatamos un gran déficit: un estudio de opinión pública sobre cultura política en América Latina (2012) revela que los salvadoreños consideran que el nivel de corrupción entre los funcionarios públicos es alto. En promedio, los encuestados puntuaron con 65 (en escala de 0 a 100) el nivel de corrupción entre los funcionarios del Gobierno. No hay duda de que la garantía sobre el buen uso del presupuesto nacional es una de las principales responsabilidades que tienen los gobernantes con los gobernados, al haber sido designados con la potestad de usar esos recursos para el bienestar colectivo.

Por último, la ética fiscal plantea que los tributos sean adecuados a las posibilidades de cada contribuyente. Según el criterio de capacidad económica, las leyes fiscales deben eximir a los menos pudientes e ir aumentando progresivamente a medida que aumenten las posibilidades económicas. Por tanto, no basta la proporcionalidad; se exige progresividad si en efecto se busca un sistema tributario justo y equitativo. La estructura fiscal predominante se caracteriza por privilegiar la recaudación vía impuestos al consumo e impuestos indirectos en general, y una recaudación relativamente baja mediante impuestos directos al ingreso e impuestos de propiedad. En consecuencia, se favorece una estructura fiscal regresiva que afecta a los grupos más vulnerables. La ética tributaria, en este sentido, plantea la necesidad de una evaluación a fondo, a efectos de eliminar privilegios fiscales, surgidos del favoritismo, nepotismo y de los compadrazgos económicos y políticos. Ahora bien, ¿cómo enfrentar el problema fiscal salvadoreño con una perspectiva ética? El informe del PNUD sobre desarrollo humano 2013 da una respuesta razonable y viable.

Según este documento, el problema fiscal del país puede resumirse en que no hay recursos suficientes para financiar al Estado. Las razones son diversas: el bajo crecimiento, el endeudamiento progresivo del Estado, la baja capacidad de recaudación y la debilidad institucional. Con respecto a la baja recaudación, el informe señala dos causas de naturaleza estructural. La primera, El Salvador tiene un grave déficit en cultura fiscal. Ciertos sectores empresariales y, sobre todo, algunos representantes gremiales, se muestran renuentes a pagar los impuestos que les corresponden o a aceptar nuevos tributos. Hay otros, en cambio, que están dispuestos a pagar más, siempre y cuando se garantice el buen uso de los recursos: una demanda completamente legítima.

Un segundo problema se concentra en la estructura económica, que es mayoritariamente informal. Cambiar este panorama, según el PNUD, implica, por un lado, que los empresarios estén dispuestos a contratar en condiciones de formalidad a sus empleados y, por otro, encontrar mecanismos e incentivos para que miles de trabajadores independientes o que trabajan en emprendimientos propios opten por formalizar su trabajo. Esto conlleva medidas en tres niveles: en la generación de incentivos para formalizar la estructura de la economía, en el fortalecimiento institucional para impedir la elusión fiscal, y en el ámbito cultural para crear una conciencia fiscal basada en la responsabilidad y la solidaridad.

Finalmente, para los autores del informe, el cambio más profundo que debe darse es cultural y requiere, por un lado, inculcar la responsabilidad fiscal como un valor ciudadano y como una forma de hacer país. Por otra parte, exige fomentar la solidaridad fiscal como valor central en un país caracterizado por enormes brechas de desigualdad. Sin olvidar, claro, que el Estado debe asumir su responsabilidad de dar cuenta a los contribuyentes de cada dólar gastado. Cuando esto suceda, habrá condiciones para responder afirmativamente y a conciencia que "es lícito pagar los tributos al César".