La pobreza urbana: una realidad invisible

Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer una propuesta denominada Programa de Pobreza Urbana en El Salvador, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias urbanas que viven en extrema pobreza y facilitar su inclusión social.

En el documento, encontramos al menos dos constataciones que deben llamar la atención de quienes toman decisiones políticas y económicas: primero, que la sociedad salvadoreña ha pasado a constituirse en una sociedad predominantemente urbana; segundo, que más de un millón de salvadoreños y salvadoreñas viven en condiciones de pobreza en las zonas urbanas del país, una cifra que equivale al 21% de la población total.

Según el estudio, la población que reside en áreas urbanas ha aumentado de 26% a mediados del siglo XX a 60% en la actualidad. Pero lo grave es que gran parte de ella está privada de las ventajas que ofrece la vida urbana. De hecho, el 53% de los salvadoreños que se encuentran en situación de pobreza habita en ciudades.

Los espacios urbanos están configurados por grandes contrastes: existen asentamientos donde conviven miles de personas con múltiples carencias, y a la par de o frente a esos asentamientos están los modernos centros comerciales o las mejores colonias residenciales. Es decir, la exclusión de muchos convive con la inclusión de pocos. Esta exclusión urbana, pese a estar tan cerca de los principales centros de poder político-económico y de los medios de comunicación, permanece invisible. En estos días en los que se habla de democracia de forma repetitiva, retórica y masiva, bueno es que se nos recuerde aquellas realidades estructurales que son, de suyo, inconstitucionales y antidemocráticas.

El Programa de Pobreza Urbana en El Salvador sostiene que la acumulación de carencias encontradas en estos asentamientos no proviene solamente de la falta de dinero, sino de un proceso histórico de exclusión que se remonta a las zonas rurales del país, de donde sus habitantes emigraron hacia las ciudades en busca de oportunidades para mejorar sus vidas.

Este enfoque se deriva de la noción de pobreza entendida como exclusión social, que aborda el problema desde una perspectiva multidimensional. En efecto, las personas que habitan en asentamientos urbanos precarios están privadas de bienes materiales y servicios que garanticen sus necesidades básicas: es la carencia económica. Hay también carencia política cuando sus derechos civiles no encuentran espacios para el ejercicio de la participación ciudadana efectiva. Y hay carencia sociocultural cuando sus identidades resultan invisibilizadas.

¿Cómo enfrentar estos modos de exclusión social? El Programa plantea tres componentes de solución. Primero, el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios a través de actividades de obra física, la legalización de terrenos y el fortalecimiento de la organización comunal. Segundo, el desarrollo humano orientado a favorecer las oportunidades de educación, la capacitación laboral y el empleo mediante el otorgamiento de bonos. Tercero, el fortalecimiento institucional orientado a desarrollar las capacidades de las entidades del gobierno central, municipalidades y organizaciones de los asentamientos seleccionados.

Tenemos, pues, en este documento un buen diagnóstico de la pobreza urbana y un conjunto de propuestas operativas que pueden llevarnos a construir democracia real, entendida como equidad entre los salvadoreños y salvadoreñas.

El primer aporte sustancial del programa presentado por el PNUD es haber sacado de la invisibilidad esta realidad de pobreza que genera muerte paulatina en gran parte de nuestra población urbana.