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En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que había sido promulgada en 1993. A más de dos décadas de trabajar por la memoria y búsqueda de justicia, víctimas y organizaciones de derechos humanos daban un paso sustancial en la lucha contra la impunidad. En consecuencia, la sociedad salvadoreña abría una posibilidad real para iniciar el camino de reconciliación. El fallo de la Sala no sólo derogó dicha ley, y dejó sin efecto la amnistía que había encubierto a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, sino que ordenó al Órgano Legislativo crear una ley especial, basada en un marco ineludible de justicia transicional, enfocada en reparar integralmente a las víctimas. En otras palabras, un instrumento legal capaz de asegurar justicia, verdad y garantías de no repetición.
Desde entonces, y a pesar del descuido o la desidia institucional, colectivos y asociaciones de víctimas, tanto en la capital como en el interior del país, han trabajado para incidir en la formulación y publicación de dicha ley. Para el año 2019, después de un proceso participativo, dichas organizaciones presentaron a la Asamblea Legislativa proyectos de ley orientados a asegurar el cumplimiento de la sentencia, así como una reparación integral. Al año siguiente, la Asamblea aprobó la “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”. Sin embargo, la disposición fue vetada por el Presidente de la República, a su vez, devuelta con el propósito de rehacer el documento. Si bien es cierto, la ley recogía propuestas elaboradas por las víctimas, también poseía vacíos que caían en lo inconstitucional. En resumen, el debate sigue estando presente. Con la actual configuración de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas desde 2021, la situación no ha variado.
Hasta la fecha no se puede presagiar ningún avance. De hecho, las víctimas, y organizaciones afines, han continuado ejerciendo presión para desarrollar un diálogo directo con las instituciones responsables. Su labor ha sido tal que, hace un año, presentaron una nueva propuesta: “Proyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador”. Sin embargo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea no ha dado una respuesta que garantice la perspectiva de las víctimas. Lejos de reconocer y dar continuidad al aporte político de ellas, desde inicios de este año ha congelado la discusión.
Ahora bien, recientemente La Prensa Gráfica publicó una nota inquietante.1 Según el periódico, la vicepresidencia de la República ha elaborado un proyecto de ley de reparación. La misma nota señala que el documento en cuestión tiene como base la propuesta que presentaron las asociaciones de derechos humanos en octubre de 2021. Lo preocupante radica en que la versión oficialista libera a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de ejecutar proyectos de reparación. A su vez, busca otorgarle un rol protagónico en la dirección de los programas de resarcimiento. De ser cierto todo lo anterior, se estaría acudiendo a un nuevo agravio a quienes sufrieron las injusticias del conflicto, al proceso de paz y, por supuesto, a otro episodio de revictimización.
Y es que el acceso a la justicia (memoria, verdad, reparación y garantías de no repetición) para una efectiva reconciliación implica medidas legales, simbólicas y sociales que ofrezcan información fidedigna de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos. Implica acceder a información privilegiada; por ejemplo, archivos históricos de instituciones públicas. Implica difundir dónde, cómo y por qué ocurrieron esos crímenes. En esa línea, es absurdo pensar que la Fuerza Armada sea juez y parte. Es incongruente en tanto que la institución castrense, según la Comisión de la Verdad y según el testimonio de miles de víctimas, fue la mayor responsable de los delitos políticos y violaciones cometidas antes y durante la guerra. Evidentemente, difundir todo el daño que la FAES ocasionó en el país podría poner en entredicho la narrativa irresponsable que ha establecido el Ejecutivo en torno a los Acuerdos de Paz y a la figura heroica del Ejército. Por otra parte, las garantías de no repetición se deben entender como disposiciones orientadas a prevenir que vuelvan a suceder este tipo de delitos. En ese sentido, comprenden medidas como la revisión y depuración de fuerzas policiales o armadas que han cometido abusos de poder. No son un secreto todos los atropellos y arbitrariedades cometidos durante el confinamiento, a raíz de la pandemia, o en el marco del régimen de excepción.
Ciertamente el rol que desempeña la Fuerza Armada en la actualidad es un revés a lo estipulado en los Acuerdos de Paz. Además constituye una amenaza a la ya de por sí agonizante democracia. De ser cierto el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de El Salvador, sería un retroceso y una prolongación de la injusticia, sería entrar al umbral de una nueva amnistía. Al parecer, el interés del régimen no es otro que dar un guiño o un reconocimiento por su sumisión. Sin embargo, el país no necesita eximir, ni lavarle el rostro a la FAES ni a ningún otro perpetrador. Lo que el país requiere es desmilitarizar la seguridad pública, garantizar la independencia judicial y educar en derechos humanos tanto a la policía como al mismo Ejército. En términos éticos, lo que la sociedad salvadoreña necesita es instituciones que respondan por todo los acontecimientos del pasado, escuchar realmente a las víctimas, reconocerlas como sujetos políticos, esto es, reconocer su experiencia forjada durante todos estos años de impunidad, su agencia y experiencia de sufrimiento.
En un texto publicado en 1989, en la revista Estudios Centroamericanos, Ignacio Ellacuría señalaba que “no habrá democracia sin la democratización de la Fuerza Armada, no habrá paz sin la pacificación de la Fuerza Armada, no habrá pacificación sin una reconversión ideológica más moderna y menos militarista”.2 Efectivamente, se trata de condiciones imprescindibles para que el país avance. Ellacuría escribió estas reflexiones en el marco del proceso de paz salvadoreño. Por desgracia, sus palabras todavía guardan vigencia.
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Referencias
2. Ellacuría, I. (1989). Una nueva fase en el proceso salvadoreño. ECA: Estudios Centroamericanos, 44 (485), 167–197. https://doi.org/10.51378/eca.v44i485.6732
* Roberto Deras, Servicio Jesuita con Migrantes. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 106.
