Los derechos humanos a la deriva

Esta semana, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa comenzó  a entrevistar a los candidatos a procurador de derechos humanos para el período 2022 - 2025. Según reportes periodísticos, los primeros cinco candidatos entrevistados respaldaron el régimen de excepción y ninguno de ellos se atrevió a afirmar ante la Comisión que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos en los casi seis meses que lleva de vigencia el régimen. Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la muerte de, al menos, 72 personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción y que fallecieron en custodia del Estado, además de 3,186 de denuncias por abuso de poder por parte de las autoridades.

En esta primera sesión de entrevistas ha quedado demostrado con claridad que el próximo procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos debe estar dispuesto a ser otro funcionario sumiso, sin criterio propio, legitimador de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña. Incluso, algunos de los candidatos entrevistados manifestaron que, si llegaban a dirigir la PDDH, buscarían generar “gobernabilidad efectiva” obviando que este no es el mandato constitucional de un procurador, sino la defensa activa y la tutela de los derechos humanos. Aunque este escenario no es sorpresivo, sí es desesperanzador evidenciar que otra institución de control ha sido cooptada por el Ejecutivo y que esto conlleva a mayor desprotección de la ciudadanía, especialmente de los grupos poblacionales más vulnerables como las mujeres, la población LGBTI, adultos mayores y, por supuesto, las personas privadas de libertad.

Además, la elección del nuevo procurador o procuradora ocurre en un contexto en que se ha reportado un repunte de agresiones contra defensores/as de derechos humanos y periodistas. En un informe elaborado por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos se destaca que  “las personas defensoras y periodistas sufrieron una agresión cada día desde enero de 2021 hasta junio de 2022 y el derecho más afectado ha sido la libertad de expresión y de prensa a través de la estigmatización o descrédito” (Espinoza, 2022). La Mesa además señala que seis de cada 10 agresiones hacia los defensores de derechos humanos han sido cometidas por agentes de seguridad pública y por funcionarios de Casa Presidencial y de la Asamblea Legislativa. La elección del nuevo procurador o procuradora también ocurre en un escenario de concentración total de poder por parte del presidente de la República. Esta concentración de poder ha llevado a la instrumentalización de los cuerpos represivos del Estado (Policía Nacional Civil y Fuerza Armada), pero también de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), dispuesta a perseguir a opositores políticos o ciudadanos que manifiesten su descontento con el Gobierno. De hecho, a finales del mes de agosto, se conoció de la captura de Luis Rivas, un tuitero conocido como “El Comisionado”, quien publicó una fotografía de un grupo de guardaespaldas que, según Rivas, custodiaban a dos hermanos del presidente Bukele en una playa del departamento de Ahuachapán. La FGR acusó a Rivas del delito de desacato y de otro delito que no fue especificado, pero por el que también recibió orden de captura.

En esta coyuntura, la posible elección de un procurador sumiso al oficialismo consolidará la concentración de poder y la deriva autoritaria del presidente Bukele y  profundizará aun más la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 102.